El primer mes del régimen de tipo de cambio oficial flexible arroja un balance mixto, con predominio de resultados negativos en el corto plazo. El principal logro fue reconocer una realidad que el mercado ya mostraba: el tipo de cambio fijo de Bs. 6,86 había dejado de reflejar la oferta y demanda reales de divisas. La flexibilidad redujo parcialmente la brecha con el mercado, mejoró la transparencia y disminuyó incentivos a la especulación. Sin embargo, la depreciación de Bs. 9,73 (29 de junio) a Bs. 11,80 (29 de julio) —cerca del 21 % en un mes— evidencia un persistente exceso de demanda frente a una oferta insuficiente. Comparado con el último fijo, el boliviano se devaluó 72 %. El régimen corrigió una distorsión administrativa, pero no los desequilibrios estructurales.
La flexibilidad, por sí sola, no garantiza estabilidad. El valor de la moneda depende de la confianza y de la capacidad de generar divisas. Bolivia enfrenta déficit fiscal persistente, recesión, inflación elevada, caída de las exportaciones de gas y reservas con apenas 606 millones de dólares líquidos al 17 de julio (más del 80 % de las RIN está en oro). Estos factores mantienen expectativas de devaluación y alimentan la demanda de dólares.
El dólar sigue subiendo por tres razones. Primera: la economía genera menos dólares de los que demanda. Menores ingresos por gas e inversión extranjera contrastan con una demanda creciente por importaciones, ahorro, turismo, deuda y remesas. Segunda: elevada incertidumbre. El déficit fiscal, la desaceleración, el aumento de la deuda y la escasez de divisas impulsan la dolarización de portafolios y reducen la oferta formal. Tercera: reservas insuficientes para respaldar el mercado. De unos 3.659 millones de dólares en RIN, solo 606 millones son líquidos; el resto en oro limita la intervención del Banco Central.
El impacto fue generalizado. Empresas de manufactura, farmacéutica, automotriz, construcción, comercio, tecnología y telecomunicaciones vieron elevarse sus costos de insumos y deudas en dólares, reduciendo márgenes o trasladando precios. Las familias, sobre todo las de ingresos fijos o informales y los más pobres, perdieron poder adquisitivo ante el encarecimiento de medicamentos, alimentos procesados, electrónicos, repuestos e higiene. El sector público enfrentó mayor costo de la deuda externa y de importaciones estratégicas, restringiendo su margen para subsidios e inversión.
Para los próximos seis meses el escenario más probable es continuidad de la volatilidad con devaluación gradual. Un escenario optimista requeriría un programa de estabilización y eventual financiamiento del FMI por unos 2.800 millones de dólares que fortalezca reservas, confianza y exportaciones. El de riesgo surgiría si se deterioran más las cuentas fiscales, caen las exportaciones o no llega financiamiento externo: la demanda precautoria aumentaría y el tipo de cambio reflejaría nuevas devaluaciones.
La estabilidad del régimen flexible exige medidas complementarias. Primero, un programa creíble de consolidación fiscal que reduzca el déficit y mejore la calidad del gasto, coordinado con la política monetaria. Segundo, incrementar la oferta estructural de dólares recuperando inversión privada en hidrocarburos, minería, litio, agroindustria, turismo y manufacturas, con mayor seguridad jurídica y estabilidad regulatoria. Tercero, fortalecer las reservas en liquidez; un eventual apoyo del FMI y otros organismos debe destinarse prioritariamente a reconstruir reservas y recuperar confianza, no a gasto corriente.
El precio del dólar refleja los fundamentos económicos, no solo la política cambiaria. La devaluación resume años de desequilibrios fiscales, menor generación de divisas y pérdida de confianza. El régimen flexible es una herramienta adecuada para transparentar el mercado, pero su sostenibilidad depende de disciplina fiscal, reservas sólidas, más exportaciones e inversión, y credibilidad. Solo así se reducirá la volatilidad y el régimen contribuirá a la estabilidad y el crecimiento de Bolivia.
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