El programa del FMI busca estabilizar la economía boliviana. Propone ajuste fiscal, control monetario y un régimen cambiario más flexible. El objetivo es reducir el déficit, limitar el financiamiento del Banco Central al sector público, reconstruir las reservas y recuperar la sostenibilidad de la deuda.
Para 2026 se fija un déficit del Sector Público No Financiero de hasta Bs. 46.800 millones. La meta de base monetaria es de Bs. 133.900 millones al cierre del año. El ajuste incluye eliminar subsidios, racionalizar el gasto, aumentar ingresos y aplicar reformas estructurales. Al mismo tiempo, protege a los sectores vulnerables con un piso de gasto social de Bs. 9.300 millones acumulados a diciembre de 2026. También mejora la focalización de las transferencias. La inflación se proyecta en 14% al cierre de 2026 y luego bajaría a un dígito.
Las metas principales son claras. Se exige un ajuste fiscal de unos 8,5% del PIB entre 2026 y 2029. Debe eliminarse el déficit primario al final del programa. El déficit global debe bajar a 3,5% del PIB en 2029. En 2026 no debería superar Bs. 47.000 millones o 9,3% del PIB. Se prohíbe el nuevo financiamiento neto del Banco Central al sector público. La deuda pública debe situarse por debajo del 90% del PIB en 2029. Desde 2027 no habrá subvenciones a combustibles. El tipo de cambio será flexible y determinado por el mercado. Se fortalecerán las reservas internacionales y se controlará la base monetaria. Habrá protección social focalizada, reforma del sistema financiero y medidas para atraer inversión privada. Esto incluye eliminar controles de precios y restricciones a las exportaciones, además de mejorar la seguridad jurídica y la gobernanza.
El programa tiene fortalezas importantes. Ataca el déficit fiscal persistente y su financiamiento monetario. Esto puede mejorar la solvencia del Estado y recuperar credibilidad. La transición a un tipo de cambio de mercado y un marco monetario basado en la base monetaria apunta a mayor estabilidad. Las pruebas de estrés bancario y la mayor supervisión reducen riesgos. La revisión de marcos regulatorios en hidrocarburos y minería, junto con mejores derechos de propiedad, podría atraer inversión privada y generar empleo formal.
Sin embargo, los costos son altos. El ajuste de 8,5% del PIB se concentra en un período de debilidad económica. Puede reducir la demanda interna, afectar a proveedores del Estado y profundizar la recesión. El propio documento reconoce que la actividad seguirá contrayéndose en 2026 y alcanzaría su mínimo en 2027. La eliminación de subsidios y la depreciación cambiaria elevan riesgos inflacionarios y sociales. La política monetaria restrictiva puede encarecer el crédito y revelar problemas de calidad de cartera.
Tres riesgos destacan. Primero, la combinación de recesión e inflación por menor gasto, crédito más caro, depreciación y mayores costos energéticos. Segundo, presiones sobre reservas y deuda externa si se retrasan desembolsos o las exportaciones no reaccionan. Tercero, vulnerabilidades financieras y sociales si la liberalización de tasas y precios no se acompaña de compensaciones oportunas.
Para reducir el impacto sobre la población, el ajuste no debe ser un recorte lineal. Debe ser una reingeniería del gasto. Hay que eliminar primero el gasto improductivo, las duplicidades y las empresas deficitarias. Al mismo tiempo, se debe proteger infraestructura crítica, salud, educación y empleo. La eliminación de subsidios debe ir acompañada de compensación social automática y temporal. El registro unificado debe funcionar antes de los ajustes de precios. La política monetaria debe ser gradual y condicionada a la inflación efectiva. Así se evita una contracción excesiva del crédito productivo. Conviene priorizar inversión pública de alto retorno. También hay que generar seguridad jurídica para que la inversión privada sustituya progresivamente al gasto público. Un “semáforo social” que active medidas compensatorias ante umbrales de inflación de alimentos, desempleo o pobreza ayudaría a mantener la estabilidad social. En última instancia, el ajuste debe recaer sobre el gasto improductivo y no sobre el ingreso real de los hogares pobres.
El programa es una estabilización profunda y necesaria, pero de alto riesgo en su fase inicial. Su coherencia económica es clara. Su éxito, sin embargo, dependerá de la calidad de la ejecución, de la protección efectiva a los vulnerables y de que la estabilización se acompañe de crecimiento, inversión y productividad.
Luis Fernando Romero Torrejón es economista.
La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Enfoque News.
Sobre el autor
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