¿Qué pensaría si le digo que 93 de cada 100 personas opinan que el contrabando en Bolivia no solo es alto, sino que está descontrolado? ¿Opinaría igual? ¿Y si le dijera que 7 de cada 10 personas, sabiendo que el contrabando es ilegal, compran igual porque es más barato? ¿Hace usted lo mismo? ¿Cree usted, como 91 de cada 100, que los productos de contrabando han aumentado en los mercados y ferias? Y, con la mano en el pecho: ¿cree que Bolivia podrá salir adelante así? Hay momentos, como ahora, en los que es preciso hacer un alto a la luz de la inocultable evidencia y reflexionar sobre la Bolivia que estamos construyendo o destruyendo (todo depende del cristal con que se mire).
Un reciente sondeo de opinión del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), realizado del 17 al 30 de septiembre pasado en el marco de un estudio sobre contrabando y falsificación en Bolivia que será presentado en noviembre, dio cuenta de algo preocupante: el 53 % de los encuestados dijo que el contrabando en el país está descontrolado y un 40 %, que es alto. Como el contrabando es un delito, que el 93 % perciba tal situación debe llamar no solo a la preocupación, sino también a la acción.
No se trata de algo marginal ni de un fenómeno que se dé solo en las fronteras: las ciudades están abarrotadas de productos introducidos ilegalmente al país, tanto así que el 91 % de los consultados percibe que el contrabando en los mercados y ferias ha aumentado. Por ejemplo, la ropa, los alimentos, los celulares, los detergentes, los electrodomésticos, las bebidas y los muebles forman parte de las compras cotidianas de los bolivianos.
Lo grave del caso es que por cada mercancía internada ilegalmente y vendida sin factura hay un productor, un importador o un comerciante que no puede competir contra esa competencia desleal; hay una empresa que paga impuestos y tiene obligaciones laborales que otros evaden; hay un trabajador que pierde su empleo y, con él, su familia pierde sus ingresos, por culpa del contrabando.
Es cierto que esta actividad delictiva ofrece precios bajos, pero ¿no le ha pasado que, por comprar demasiado barato, al final acaba gastando más, de ahí aquello de que lo barato sale caro? ¿Qué decir de los alimentos envasados, medicamentos y detergentes falsificados, por ejemplo, que dañan la salud? Pero hay un perjuicio adicional: el daño moral. Una sociedad que convive con el delito normaliza la ilegalidad y, con la repetición y la permisividad del hecho, crea una cultura de evasión y corrupción que socava la legalidad.
La actividad del contrabando no debe ser romantizada como “solidaridad” con los pobres —un delito no puede resolver una necesidad—, ya que, bajo tal razonamiento, el narcotráfico debería ser consentido para el mismo propósito. La genuina solidaridad debería apuntar a crear oportunidades de trabajo formal y legal, hacia una forma digna de vida.
Entre las posibles explicaciones de esta problemática hay algo que no debe ser soslayado: una economía asfixiada por la burocracia, con altos costos de formalización, dificultad para acceder a créditos y un entorno desfavorable para la inversión es caldo de cultivo para la informalidad y la ilegalidad. Súmese a ello el insuficiente control de más de 7000 kilómetros de frontera, la corrupción y la falta de sanciones duras, y se cerrará el círculo.
Combatir el delito del contrabando requiere mucho más que operativos ocasionales o decomisos de mercadería para la fotografía. Exige una política de Estado que trascienda a los gobiernos, basada en una eficaz inteligencia aduanera, una deseable coordinación interinstitucional, investigación, sanción y educación, para que la corrupción no tome carta de ciudadanía. Facilitar la formalidad, simplificar trámites, bajar costos y promover la productividad y la competitividad debe ser el complemento de la política del garrote, para que la legalidad sea un anhelo y no un temor, como ocurre hoy.
Eso, en cuanto a la obligación del Estado, que tiene que cumplir y hacer cumplir la ley. Pero hay otro actor importante que no se debe excluir: el ciudadano, al que hay que informar y hacer entender que comprar de contrabando implica “pan para hoy y hambre para mañana”, ya que tal práctica destruye empleos mediante la competencia ilegal y desleal al productor, al importador y al comerciante que operan dentro de la formalidad.
Bolivia tiene las condiciones para crecer de forma sostenida y sostenible, bajar la pobreza y mejorar la calidad de vida de su gente, con una mayor inversión y producción privada generadora de empleos dignos. Pero el contrabando irá en contra de ello en tanto la ilegalidad sea más rentable.
El país no podrá superar tal situación mientras se premie al que incumple la ley y se castigue al que la respeta. Cambiar esto es deseable y posible con decisión política, compromiso empresarial y responsabilidad ciudadana. Hay que estar atentos al estudio que el IBCE entregará en noviembre sobre la problemática del contrabando y la falsificación en Bolivia, así como a lo que gobernantes y gobernados deberemos hacer para superarla.
Gary Antonio Rodríguez Álvarez es Economista y Magíster en Comercio Internacional.
La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Enfoque News.
Sobre el autor
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