La última dictadura militar sangrienta en Bolivia, dirigida en 1980 por Luis García Meza y Luis Arce Gómez —ambos fallecidos—, consolidó en poco más de un año una relación umbilical del poder con el narcotráfico. No fue la primera narcodictadura en el país, pero el nivel de descaro que mostraba llegó a tal grado que el temido ministro del Interior de esa época era conocido como el “ministro de la cocaína” en Estados Unidos y en la región.
En tiempos de la UDP (1982-1985), Roberto Suárez Gómez ofreció pagar la deuda externa del país a cambio de impunidad para sus actividades narcotraficantes. En 1986, durante el cuarto mandato de Víctor Paz Estenssoro, el asesinato del profesor Noel Kempff Mercado en Huanchaca puso al descubierto la gigantesca fábrica de cocaína instalada en la Serranía de Caparuch y dio paso a una trama de poder nunca esclarecida.
En la década de los 90, los narcoescándalos estallaron uno detrás de otro ante el asombro de la opinión pública.
Los narcovínculos entre una parte de la cúpula del MIR, liderada por el expresidente Jaime Paz, e Isaac “Oso” Chavarría, un pez gordo, mostraron la red de protección que se había tejido en el ejercicio del poder. El caso del narcoavión fue expresión de lo mismo: puso en figurillas a prominentes figuras del MNR por su relación delictiva de encubrimiento con Luis Amado Pacheco, alias Barbaschocas, y su negocio de exportación de cocaína en vuelos comerciales.
Llegó el siglo XXI y el rosario de hechos y personajes en los regímenes del MAS —comenzando por Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce Catacora (2020-2025)— demuestra cómo se entregó el país a la voracidad del crimen organizado transnacional, que hizo del tráfico de drogas una línea más de sus negocios delincuenciales. Estos generan anualmente ganancias archimultimillonarias que pocos mortales pueden imaginar.
Narcopresidentes, narcoministros de Gobierno, narcogenerales, narcofiscales, narcoasesores y hasta narcoamautas dan cuenta del desparpajo con el que las corporaciones criminales se han ido apoderando de territorios en el Estado Plurinacional y han fagocitado la institucionalidad, buscando instituir, en los hechos, un narcoestado. Dispositivos discursivos o narrativas como que en Bolivia solamente existían clanes o que somos un país de tránsito carecen de sentido.
Mónica Mendoza, representante en Bolivia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, afirmó hace poco que Bolivia se ha convertido en un “hub” o centro de operaciones de los cárteles internacionales de drogas, sobre la base, por ejemplo, de la expansión del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de México, las organizaciones criminales brasileñas Primer Comando da Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV), y mafias peligrosas de origen peruano y colombiano.
La captura del narco uruguayo Sebastián Marset, el 13 de marzo, y la caída del exfiscal general Róger Mariaca, el 30 de septiembre, podrían ser asumidas como señales de cambio en la mantenida permisividad del Estado boliviano con relación al crimen organizado, más aún si el telón de fondo es el Escudo de las Américas, organizado y creado por la administración Trump para la lucha contra el narcoterrorismo en el hemisferio sur.
Pero recuerdo lo que el exasesor presidencial Fernando Cerimedo, preso en Chonchocoro desde el 8 de septiembre, le confesó a su expareja y abogada Nadia Beller, según ella: “Al narcotráfico no se lo combate, se lo administra”. Y me pongo a pensar si no estamos, como país, subidos a un carrusel en el que dictaduras militares, gobiernos neoliberales y regímenes populistas de izquierda han sido y son parte de la maquinaria del narcotráfico y del crimen organizado.
¿Será que la actual disputa no busca acabar con los cárteles, las mafias y los mecanismos estatales de protección, sino cambiar de administradores en las esferas del poder?
El Escudo de las Américas puede ser la herramienta regional para garantizar el descabezamiento y la desarticulación de las grandes organizaciones narco que batallan por enraizarse en Bolivia y en otros países sudamericanos. Pero, recordando nuevamente la frase de que “al narcotráfico no se lo combate, se lo administra”, veo que en Venezuela, tras la captura y extracción de Nicolás Maduro y Cilia Flores el 3 de enero, gran parte de la narcoestructura chavista se mantiene en el poder o está negociando su salida rumbo a países del Medio Oriente.
¿Cambio de administradores a nivel global? Tengo la impresión de que no pasará mucho tiempo para que el propósito, dentro y fuera de Bolivia, quede esclarecido.
Edwin Cacho Herrera Salinas es periodista y analista.
La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Enfoque News.
Sobre el autor
¿Cambio de administradores?
La última dictadura militar sangrienta en Bolivia, dirigida en 1980 por Luis García Meza y Luis Arce Gómez —ambos fallecidos—, consolidó en poco más de un año una relación umbilical del poder con el narcotráfico. No fue la primera narcodictadura en el país, pero el nivel de descaro que mostraba llegó a tal grado que el temido ministro del Interior de esa época era conocido como el “ministro de la cocaína” en Estados Unidos y en la región. En tiempos de la UDP (1982-1985), Roberto Suárez Gómez ofreció pagar la deuda externa del país a cambio de impunidad para sus actividades narcotraficantes. En 1986, durante el cuarto mandato de Víctor Paz Estenssoro, el asesinato del profesor Noel Kempff Mercado en Huanchaca puso al descubierto la gigantesca fábrica de cocaína instalada en la Serranía de Caparuch y dio paso a una […]
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