El comportamiento del dólar oficial en 2026 no es una simple oscilación diaria. Marca un cambio de régimen. Hasta mediados de año la cotización se administraba en torno a Bs. 6,96. Con el paso al régimen flexible, el precio comenzó a acomodarse a las condiciones de mercado. Según el BCB, pasó de Bs. 9,86 a inicios de julio a niveles superiores a Bs. 12 en los primeros días de agosto. El máximo de esta fase fue Bs. 12,15 el 31 de julio; luego el boliviano se apreció hasta Bs. 11,52 el 21 de agosto. Al 31 de agosto el tipo de cambio se situaba en Bs. 11,92. El mercado dejó atrás un precio prácticamente fijo y pasó a uno dinámico. La corrección de agosto no debe leerse aún como estabilización definitiva, sino como un ajuste dentro de un mercado que sigue buscando su nuevo equilibrio.
El USDT ha operado durante 2026 como termómetro casi diario de la demanda privada de dólares. No es el dólar estadounidense ni una cotización oficial; su referencia proviene de operaciones P2P en Binance y refleja oferta y demanda en ese mercado. Comenzó el año cerca de Bs. 9,69, bajó a alrededor de Bs. 9,04 a finales de enero, subió a Bs. 10,09 en mayo y se ubicó cerca de Bs. 10,02 a inicios de julio. En agosto el movimiento fue intenso: el 14 cerró alrededor de Bs. 11,48 y al 30 se situaba entre Bs. 11,90 y 11,96, prácticamente alineado con el oficial. Esa convergencia entre el paralelo digital y el mercado oficial es una señal relevante, pero sigue dependiendo de que exista oferta suficiente de divisas.
¿Por qué el dólar oficial vuelve a subir? La causa de fondo es la escasez estructural de dólares. Las RIN pueden alcanzar unos 4.435 millones de dólares, pero solo alrededor de 759 millones serían divisas líquidas utilizables de inmediato. Ese monto resulta insuficiente para atender importaciones de combustibles, servicio de deuda externa y, además, equilibrar el mercado cambiario. Cualquier aumento de demanda —de importadores, empresas, hogares o ahorristas— genera presión. El FMI apunta a la caída de reservas, los déficits fiscales persistentes, la menor producción de hidrocarburos y las distorsiones cambiarias. Los recientes aumentos se interpretan mejor como corrección ante oferta insuficiente que como pura especulación. Bolivia sigue siendo poco atractiva para atraer capitales y tiene limitada capacidad de generar divisas, agravada por el proceso recesivo.
La crisis de abastecimiento de combustibles refuerza el problema. El país necesita dólares para importar gasolina, diésel y otros energéticos. Cuando hay dificultades de pago o de suministro, suben simultáneamente la demanda de divisas y la incertidumbre. Los combustibles son un insumo transversal: transporte, agricultura, industria y comercio dependen de ellos. Una crisis de carburantes puede convertirse rápidamente en crisis cambiaria y, después, inflacionaria, porque los mayores costos se trasladan a precios.
A ello se suman las expectativas, la incertidumbre política y la demora en el financiamiento externo. El acuerdo técnico con el FMI contempla unos 1.900 millones de dólares, sujetos aún a aprobación del Directorio y al cumplimiento de acciones previas. Mientras esos recursos no ingresen y persista la duda sobre la capacidad de ajuste fiscal, los agentes pueden anticiparse comprando dólares o USDT. La especulación amplifica, pero no es la raíz. La raíz sigue siendo la escasez de divisas y la incertidumbre sobre cómo corregirla.
Las consecuencias son claras. Una nueva depreciación presiona los precios de productos importados o con insumos importados. Si el dólar pasara de Bs. 11,92 a Bs. 12,50, el incremento en el costo de la divisa sería del orden del 4,9 %. No todos los precios subirán en esa proporción, pero la presión sobre costos empresariales es real. Bolivia viene de una inflación del 20,4 % en 2025 y el BCB proyecta alrededor de 9,22 % para 2026; una depreciación adicional dificulta la desinflación. El impacto se siente con más fuerza en alimentos, medicamentos, maquinaria, repuestos y tecnología. Cada boliviano compra menos cuando los precios avanzan más rápido que los ingresos. La estabilidad cambiaria es también política social.
Sobre las empresas el efecto es contractivo. Al importar insumos, maquinaria y combustibles, la depreciación eleva costos de producción. Las firmas pueden subir precios, reducir márgenes, recortar producción o postergar inversiones. El PIB ya muestra trayectoria contractiva y el BCB proyecta una caída cercana a −3,6 % en 2026. El riesgo es la combinación de dólar más caro, inflación, menor producción y menor empleo. Una economía que produce menos genera también menos ingresos tributarios y menos capacidad exportadora, reforzando el desequilibrio original. La crisis energética actual agrava el cuadro.
La tercera consecuencia es una mayor dolarización de facto. Cuando se percibe que el boliviano pierde valor, se busca refugio en dólares físicos, USDT u otros activos. El USDT funciona precisamente como refugio ante las dificultades de acceso a dólares físicos. Se genera así un círculo de expectativas autorrealizables: menos confianza en el boliviano → más demanda de dólares → más presión cambiaria → mayor expectativa de depreciación. Con reservas líquidas reducidas, el BCB tiene menor capacidad de intervenir para romperlo. La confianza se reconstruye con resultados, no solo con anuncios.
¿Son los créditos externos la única salida de corto plazo? No. Son necesarios e importantes en la transición, pero no la solución permanente. El acuerdo con el FMI puede aportar liquidez y catalizar un paquete superior a 5.000 millones durante el programa. Sin embargo, endeudarse para financiar de manera permanente un déficit fiscal o una demanda estructural de dólares solo posterga el problema. Bolivia necesita combinar financiamiento externo con generación inmediata de divisas, recuperación de exportaciones, mayor inversión privada, monetización eficiente de activos externos, reducción de la demanda de dólares asociada a combustibles y disciplina fiscal. El crédito debe servir para comprar tiempo y reconstruir reservas, no para consumirlas después. La estrategia correcta es financiamiento externo más ajuste fiscal, generación de divisas y recuperación productiva. El objetivo debe ser que en 12 a 24 meses el país necesite menos crédito externo para sostener su mercado cambiario.
Tres políticas pueden ayudar a estabilizar el mercado. La primera es un Programa de Liquidez Externa de Emergencia de 12 meses orientado a aumentar la oferta de dólares sin depender exclusivamente de las RIN. Debe incluir incentivos temporales para que los exportadores repatríen y mantengan una mayor proporción de sus ingresos en el sistema financiero boliviano, acelerar devoluciones tributarias, facilitar el comercio exterior y eliminar trabas administrativas. Priorizar minería, agroindustria, manufactura, servicios exportables, hidrocarburos y turismo, y canalizar remesas hacia el sistema formal. El objetivo no es obligar a vender dólares, sino hacer atractivo traerlos y retenerlos.
La segunda es resolver el problema de combustibles reduciendo su demanda de dólares. Mantener precios subsidiados y usar reservas para importar transforma las RIN en financiamiento de consumo corriente. Se requiere una transición gradual hacia precios más cercanos a los costos internacionales, acompañada de transferencias focalizadas a transporte público, productores y hogares vulnerables. YPFB debe acelerar producción nacional, exploración y sustitución de importaciones donde sea viable, y combatir el contrabando. Menor factura de importación de combustibles significa menor demanda de dólares y menor presión sobre reservas y tipo de cambio.
La tercera es una regla fiscal-cambiaria creíble que ancle expectativas. Ninguna intervención cambiaria será sostenible si el déficit público sigue generando fuertes necesidades de financiamiento. El FMI insiste en avanzar hacia sostenibilidad fiscal, fortalecer el marco monetario y mantener el compromiso de cero financiamiento monetario del déficit. El Gobierno debería fijar metas trimestrales de déficit, financiamiento interno, deuda y reservas líquidas, y publicar su cumplimiento con transparencia. El BCB debe preservar autonomía operativa. El mercado necesita información periódica sobre RIN líquidas, flujos de divisas y operaciones cambiarias para reducir rumores. No se trata de fijar artificialmente el dólar en Bs. 11,92, sino de hacer creíble que el tipo de cambio pueda fluctuar sin convertirse en una espiral.
Al 31 de agosto de 2026 la situación cambiaria es más estable que en los momentos de mayor brecha, pero sigue vulnerable. La convergencia entre el oficial (Bs. 11,92) y el USDT es una señal positiva. Sin embargo, apenas 759 millones de dólares en divisas dentro de unas RIN de 4.435 millones limitan el margen de defensa. El problema de fondo sigue siendo la insuficiente generación neta de dólares. Los 1.900 millones del FMI pueden aliviar la restricción de liquidez, pero no reemplazan las reformas internas. Si el déficit fiscal, la importación de combustibles y la incertidumbre continúan presionando la demanda, el dólar puede volver a subir. El objetivo no es mantener el tipo de cambio en un número, sino crear las condiciones para que ese precio sea sostenible sin sacrificar reservas. Disciplina fiscal, generación de divisas y recuperación productiva deben avanzar juntas. Si mejoran, la estabilidad puede consolidarse; si no, la actual convergencia podría ser solo temporal.
Luis Fernando Romero Torrejón es economista.
La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Enfoque News.
Sobre el autor
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