El Decreto Supremo N.º 5747, de 13 de octubre de 2026, busca aumentar el ingreso de divisas a Bolivia mediante una nueva condición para exportar oro: acreditar en una entidad financiera regulada por la ASFI al menos el 80% del valor computable de las exportaciones precedentes para obtener el Formulario Único de Exportación M-03. La primera operación queda exceptuada de la acreditación previa, pero el ingreso de divisas debe demostrarse antes de una exportación posterior.
La norma abroga el DS 5076 y elimina la obligación del Banco Central de Bolivia (BCB) de comprar oro. Sin embargo, que los dólares ingresen a una cuenta bancaria privada no significa que pasen a manos del Estado ni que aumenten automáticamente las reservas internacionales. La efectividad de la medida dependerá de que esas divisas permanezcan en el país y estén disponibles para financiar operaciones en el mercado nacional.
¿Es una intervención en la actividad privada? Sí, porque condiciona una exportación futura al cumplimiento de una obligación bancaria y cambiaria. No obstante, el decreto no confisca el oro ni exige transferir el 80% de los ingresos al Estado: obliga a acreditar esos recursos en una cuenta del propio exportador. Equipararlo directamente con una confiscación sería jurídicamente impreciso, aunque evidencia una mayor intervención estatal en la gestión de los ingresos privados.
La medida tiene ventajas. Puede mejorar la trazabilidad de los cobros, facilitar el control de las operaciones comerciales y reducir la dependencia de la compra estatal obligatoria de oro. En un contexto de escasez de dólares, una mayor canalización bancaria podría favorecer los pagos de importaciones y las operaciones empresariales.
Pero también plantea riesgos. La exigencia del 80% puede restringir la liquidez y el capital de trabajo de los exportadores, retrasar nuevas operaciones y elevar los costos administrativos. Si los procedimientos son rígidos o poco claros, algunos operadores podrían reducir su actividad o recurrir a canales informales. Los pequeños productores y comercializadores serían especialmente vulnerables, con el consiguiente riesgo de concentración del mercado. Además, la posibilidad de modificar el porcentaje mediante resolución ministerial exige reglas previsibles para evitar la discrecionalidad regulatoria.
El problema central no es una confiscación directa, sino imponer una condición administrativa sin mecanismos suficientes para resolver demoras bancarias, pagos parciales o diferencias en la valoración de las exportaciones. El éxito del decreto debe medirse por las divisas efectivamente disponibles, sin sacrificar la exportación formal.
Bolivia necesita generar dólares, no solo exigir que circulen por el sistema financiero. Para ello, existen alternativas complementarias.
La primera es impulsar las exportaciones no tradicionales y el valor agregado, mediante la agroindustria, las manufacturas, los alimentos procesados, los textiles y los servicios exportables. Simplificar trámites, reducir costos logísticos y ofrecer reglas cambiarias previsibles permitiría aumentar los ingresos efectivamente cobrados.
La segunda es formalizar la producción aurífera mediante una plataforma digital que conecte el origen del mineral, la producción declarada, las regalías, la exportación y el cobro bancario. La simplificación de trámites para cooperativas y pequeños productores, junto con controles contra el contrabando, puede mejorar la transparencia sin desalentar a los operadores legales.
La tercera es recuperar la confianza para atraer inversión productiva nacional y extranjera hacia la minería formal, los hidrocarburos, las energías, la agroindustria y el turismo. La seguridad contractual, la estabilidad macroeconómica y las reglas tributarias previsibles son esenciales para promover inversiones, facilitar el ingreso de capitales y ampliar la capacidad exportadora.
El DS 5747 puede contribuir a mejorar la trazabilidad y la canalización bancaria de los ingresos del oro, pero no garantiza por sí solo un incremento equivalente de las divisas líquidas del país. Su resultado dependerá de una reglamentación clara, de la coordinación institucional y de que el requisito del 80% no termine perjudicando las exportaciones formales.
Bolivia necesita captar más dólares, pero también crear las condiciones para producirlos de manera sostenida y competitiva. La solución no está únicamente en controlar las divisas que generan los privados, sino en incentivar que se generen más, con transparencia, seguridad jurídica y menos obstáculos a la actividad productiva.
Sobre el autor
Más dólares, menos intervención al sector privado
El Decreto Supremo N.º 5747, de 13 de octubre de 2026, busca aumentar el ingreso de divisas a Bolivia mediante una nueva condición para exportar oro: acreditar en una entidad financiera regulada por la ASFI al menos el 80% del valor computable de las exportaciones precedentes para obtener el Formulario Único de Exportación M-03. La primera operación queda exceptuada de la acreditación previa, pero el ingreso de divisas debe demostrarse antes de una exportación posterior. La norma abroga el DS 5076 y elimina la obligación del Banco Central de Bolivia (BCB) de comprar oro. Sin embargo, que los dólares ingresen a una cuenta bancaria privada no significa que pasen a manos del Estado ni que aumenten automáticamente las reservas internacionales. La efectividad de la medida dependerá de que esas divisas permanezcan en el país y estén disponibles para financiar operaciones […]
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