El 31 de agosto de 2026 se puso fin a un abuso que nunca estuvo plenamente justificado: la vigencia del “Certificado Único de Idiomas Oficiales del Estado Plurinacional de Bolivia”, requisito ineludible para el acceso a la función pública.
El fondo de la exigencia era legítimo: validar los idiomas originarios y evitar su desaparición. Se introdujo en la normativa boliviana mediante el primer parágrafo del artículo 5 de la Constitución Política del Estado (CPE), que reconoce 36 de esos idiomas como oficiales de Bolivia, además del español, al que el texto constitucional sigue llamando castellano. Más adelante, el artículo 234 establece como exigencia “para acceder al desempeño de funciones públicas” el “hablar al menos dos idiomas oficiales del país” (234.7).
Hasta ahí todo estaba muy bien, pero los problemas comenzaron cuando los funcionarios encargados de aplicar esas reformas constitucionales las interpretaron a su manera. La exigencia de los dos idiomas se convirtió en el requisito más importante para el acceso a la función pública, por encima de exigencias técnicas elementales, como, por ejemplo, la formación académica inherente al cargo. No solo se exigía hablar los idiomas, sino también acreditarlo mediante certificados de formación, lo que dio lugar al surgimiento de una variada oferta de universidades e institutos.
El colmo del abuso fue el Decreto Supremo 4566, promulgado por Luis Arce, que convirtió el Certificado Único en el único documento válido para ejercer funciones en la administración pública y en entidades privadas de servicio público. Su artículo 4 no se conformó con exigir una acreditación: obligó, además, a los servidores públicos a actualizar periódicamente sus conocimientos en idiomas originarios. La norma, en lugar de promover el aprendizaje mediante una política pública accesible, instaló un mecanismo de control que podía repetirse indefinidamente.
Cuando Rodrigo Paz asumió la presidencia, la exigencia de ese certificado seguía vigente y, en la práctica, quien quería demostrar que hablaba al menos dos idiomas oficiales debía presentar el certificado único de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional (EGPP), pues no se aceptaba otro. Lo curioso es que la EGPP dicta cursos que culminan con los certificados necesarios para ingresar a la función pública, pero, aunque los idiomas oficiales son 37, solo ofrece quechua y aimara, lo cual discrimina al resto. Para colmo, son los cursos más caros (actualmente cuestan 440 bolivianos, frente a los Bs 100 del curso de prevención de la violencia) y los más difíciles de aprobar, puesto que el examen oral vale el 70 por ciento de la calificación total. Una amiga mía que habla quechua con fluidez fue reprobada en ese sistema.
Estos abusos comenzaron a desmontarse el 31 de agosto de 2026, cuando se promulgó el Decreto 5688. La nueva norma ya no impone un certificado único: reconoce la enseñanza y certificación de idiomas oficiales por institutos, además de las universidades públicas autónomas. También dispone que los certificados emitidos por instituciones legalmente habilitadas tengan vigencia indefinida, sin renovación, convalidación ni certificado adicional, y mantiene la validez de los que fueron emitidos con anterioridad. Finalmente, abroga el Decreto Supremo 4566.
Los idiomas originarios merecen protección, no burocracia. Si el Estado quiere que sus servidores públicos hablen los idiomas oficiales, debe formar, no abusar.
Juan José Toro Montoya es Premio Nacional en Historia del Periodismo.
La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Enfoque News.
Sobre el autor
Abusos con el idioma
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