El Gobierno boliviano, a través del Ministerio de Economía, el Banco Central de Bolivia y la ASFI, ha puesto en marcha un paquete de medidas que busca frenar la hemorragia de divisas en el país. La estrategia se sostiene sobre dos pilares: la devolución escalonada de aproximadamente 933 millones de dólares en depósitos retenidos a personas naturales y la normalización de las remesas internacionales mediante un tipo de cambio referencial. Sin embargo, tras el análisis técnico de estas disposiciones, surge una pregunta inevitable: ¿estamos ante una solución real o simplemente comprando tiempo?
La devolución de depósitos, que iniciará en julio y se extenderá por un año, intenta movilizar más de 2.000 millones de dólares mediante instrumentos financieros. Por otro lado, la flexibilización en las remesas apunta a captar flujos cercanos a los 1.000 millones de dólares anuales. Técnicamente, esta última medida es la más relevante: al utilizar el tipo de cambio referencial de compra, se introduce un mecanismo más flexible que el rígido tipo oficial, buscando reducir la brecha con el mercado paralelo e incentivar el uso del sistema formal.
No obstante, el balance de estas acciones presenta claroscuros. En el lado positivo, la devolución de depósitos podría recuperar parcialmente la confianza tras dos años de «corralito» y evitar retiros masivos desordenados. Pero el riesgo es alto: con reservas internacionales que hoy se sitúan por debajo de los 200 millones de dólares, la presión sobre el flujo de caja estatal es extrema. Existe, además, el peligro de una «corrida diferida», donde la liberación de dólares dispare la demanda de efectivo y presione aún más el tipo de cambio.
En cuanto a las remesas, si bien el tipo referencial es un incentivo superior al oficial fijo, el esquema sigue siendo administrado y no de libre mercado. Esto genera el riesgo de que la medida quede rezagada frente al paralelo, manteniendo los incentivos para el arbitraje y el uso de canales informales. Al final del día, es un avance técnico que no elimina el control cambiario de fondo.
Debemos ser claros: estas medidas son predominantemente coyunturales. Su diseño apunta a administrar la escasez, no a generar divisas de forma sostenida. No corrigen los desequilibrios de fondo que asfixian a la economía boliviana: el déficit fiscal crónico, la caída estrepitosa de las exportaciones, la baja inversión extranjera y la alarmante disminución de reservas. Son herramientas de estabilización transitoria que buscan recuperar confianza en el corto plazo, pero que dejan intacto el modelo económico actual.
Para lograr un equilibrio real en el mercado cambiario, Bolivia necesita una hoja de ruta estructural. Esto implica una reforma cambiaria gradual y creíble mediante bandas que reduzcan la brecha con el paralelo; una consolidación fiscal que recorte el gasto corriente improductivo y revise los subsidios a los hidrocarburos; y un impulso agresivo a sectores estratégicos como la agroindustria, la minería y la energía, eliminando las restricciones a las exportaciones.
Asimismo, es imperativo atraer inversión extranjera con seguridad jurídica real y recomponer las reservas mediante financiamiento externo y programas de incentivo al ingreso de dólares. La meta final debe ser la unificación cambiaria progresiva para eliminar la discrecionalidad y la corrupción que alimentan los múltiples tipos de cambio actuales.
En conclusión, las medidas del Gobierno tienen una intención correcta en su diseño técnico, pero resultan insuficientes en magnitud y alcance. Atacan los síntomas —la falta de liquidez y la desconfianza—, pero ignoran la enfermedad. Sin reformas profundas en el sector externo y una disciplina fiscal estricta, el problema de las divisas persistirá. Estas medidas solo ofrecen un respiro temporal en una crisis que exige soluciones de fondo.
Luis Fernando Romero Torrejón es economistas tarijeño.
La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Enfoque News.
Sobre el autor
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