El Memorando de Políticas Económicas y Financieras presentado en el marco del nuevo acuerdo de Bolivia con el Fondo Monetario Internacional (FMI) contiene mucho más que una hoja de ruta técnica para ordenar las cuentas públicas: delimita un profundo proceso de transformación de la economía boliviana, cuyos efectos llegarán inevitablemente al bolsillo de los ciudadanos.
El punto más sensible es la eliminación de la subvención a los combustibles, prevista para enero de 2027. El Gobierno congeló, a través del DS 5652, los precios del litro de gasolina especial en Bs 6,96 y del diésel en Bs 9,80 hasta inicios del próximo año, para pequeños consumidores, como transportistas y particulares. El precio del gas licuado de petróleo también queda, momentáneamente, en Bs 22,50.
La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) estableció el precio referencial del litro de diésel en Bs 16,50 para grandes consumidores, clientes directos y compradores a gran escala que adquieran volúmenes superiores a 20.000 litros. Inicialmente, se había fijado en Bs 18.
Al llevar los precios a niveles del mercado internacional, aumentarán inevitablemente los costos del transporte, la producción y la distribución, con el consiguiente riesgo de incrementos en los precios de los productos básicos.
De todas las medidas planteadas, probablemente ninguna tendrá un impacto tan amplio como la eliminación de la subvención a los combustibles.
Aunque económicamente puede resultar necesario reducir una subvención fiscalmente costosa, el combustible constituye un componente transversal de la economía. No solo afecta al propietario de un vehículo, sino que también incrementa el costo del transporte público, la producción agrícola, la industria y la distribución de alimentos.
El propio memorando reconoce este riesgo al advertir que los ajustes en los precios de los combustibles pueden generar nuevas presiones inflacionarias y riesgos sociales considerables.
Por ello, la verdadera prueba del programa estará en determinar si la eliminación del subsidio puede realizarse sin provocar un deterioro significativo del poder adquisitivo de los hogares. A la fecha, el boliviano ha perdido el 39,6% de su capacidad de compra, según especialistas del sector.
A esto se suma la transición hacia un tipo de cambio flexible, determinado por el mercado, medida que probablemente acentuará la depreciación del boliviano, encarecerá los productos importados, los medicamentos, la maquinaria, los repuestos y los insumos, y generará nuevas presiones inflacionarias. La divisa estadounidense aumentó su precio en 65,7% tras modificarse la cotización fija de Bs 6,96, que permaneció vigente durante casi 15 años. Ahora, el tipo de cambio se ajusta de manera progresiva según la oferta y la demanda en el sistema financiero.
El programa, al que el exministro de Economía y Finanzas Públicas Gabriel Espinoza negó condiciones del FMI, también contempla reducir el gasto público, limitar la contratación estatal, racionalizar la inversión pública y eliminar progresivamente los controles de precios. Asimismo, plantea avanzar hacia la eliminación de los topes a las tasas de interés, lo que podría encarecer el crédito para las familias, los productores y los pequeños empresarios.
El Gobierno apuesta a que estas medidas permitirán recuperar la inversión privada, especialmente en los sectores de hidrocarburos y minería, y que el crecimiento económico se reactive a partir de 2028. Bolivia recibirá un préstamo de USD 1.900 millones del FMI, cuyo proyecto de ley para autorizarlo fue remitido por el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa.
El gran desafío será evitar que el costo de la estabilización recaiga principalmente sobre los sectores más vulnerables. El propio memorando reconoce que las gestiones 2026 y 2027 serán años difíciles.
La reforma puede ser necesaria para corregir los desequilibrios económicos, pero su éxito no debería medirse únicamente por el déficit, las reservas o la deuda. También deberá medirse por algo mucho más concreto: cuánto afectará al bolsillo de las familias bolivianas y si el Estado tendrá la capacidad de protegerlas durante el ajuste.
Jhonny Salazar Socpaza es periodista.
La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Enfoque News.
Sobre el autor
El FMI llega al bolsillo de los bolivianos
El Memorando de Políticas Económicas y Financieras presentado en el marco del nuevo acuerdo de Bolivia con el Fondo Monetario Internacional (FMI) contiene mucho más que una hoja de ruta técnica para ordenar las cuentas públicas: delimita un profundo proceso de transformación de la economía boliviana, cuyos efectos llegarán inevitablemente al bolsillo de los ciudadanos. El punto más sensible es la eliminación de la subvención a los combustibles, prevista para enero de 2027. El Gobierno congeló, a través del DS 5652, los precios del litro de gasolina especial en Bs 6,96 y del diésel en Bs 9,80 hasta inicios del próximo año, para pequeños consumidores, como transportistas y particulares. El precio del gas licuado de petróleo también queda, momentáneamente, en Bs 22,50. La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) estableció el precio referencial del litro de diésel en Bs 16,50 para […]
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