En una semana, ocho hombres fueron asesinados a tiros en una nueva ofensiva narco en los departamentos de Santa Cruz, Beni y Cochabamba. El registro del diario El Deber dio cuenta de 43 abatidos a nivel nacional hasta el lunes 14 de septiembre, consignando la ejecución de dos bolivianos en San Ignacio de Velasco y un brasileño en Trinidad. La cifra subió a 48 al cerrar la semana, con otros cinco acribillados: dos más en San Ignacio de Velasco y uno en Santa Cruz de la Sierra, Entre Ríos y Riberalta. Casi 50 personas asesinadas como producto de la violencia narco en lo que va del año.
La mayoría de las víctimas son jóvenes de los municipios fronterizos de Pando, Beni y Santa Cruz. Muchos son extranjeros, sobre todo de nacionalidad brasileña, dada la facilidad con la que se cruza la frontera con Bolivia, de 3.423 kilómetros de extensión. Pero en el registro también se encuentra un magistrado del Tribunal Agroambiental, un juez, un subteniente de la Policía, un veterinario, empresarios ganaderos… En el trópico de Cochabamba, casi todos los ejecutados eran agricultores o pobladores de esa región que se metieron de lleno al tráfico de cocaína.
Llama la atención que, junto a los cuerpos de dos de los ocho asesinados en una semana —uno en el trópico y otro en Riberalta—, se dejaron notas amenazantes exigiendo la entrega de un hombre al que seguramente buscan para eliminarlo y advirtiendo sobre más muertes en tierras benianas. Se trata de una amenaza directa a la banda Los Choleros. La utilización de sicarios en motos, el disparo de ráfagas para asegurarse de la muerte de los objetivos, la aparición de grafitis en las paredes para marcar presencia y, ahora, las notas junto a los cadáveres recuerdan el avance imparable de los carteles en Colombia y México en su momento, durante la fase de control territorial.
Completa el preocupante panorama la información del ministro de Gobierno sobre el desembarco de mafias de Brasil en el municipio pandino de Santa Rosa del Abuná y la toma de la carretera Santa Rosa-Puerto Montevideo, en el extremo norte de Pando, donde incluso cobran peajes a los conductores que transportan pasajeros y mercancías en plena frontera. Ni qué decir del dato compartido con el gobernador de Santa Cruz sobre el reclutamiento que están realizando el PCC y el Comando Vermelho de jóvenes bolivianos para el tráfico de drogas y los ajustes de cuentas.
La respuesta estatal tuvo dos momentos y dos escenarios. Por un lado, operaciones conjuntas de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana, con efectivos de élite, en San Ignacio de Velasco; por otro, la reactivación del Consejo Supremo de Defensa del Estado Plurinacional en la sede de Gobierno. El Cosdep depende directamente de la Presidencia del Estado, ya que está presidido por el Capitán General de las Fuerzas Armadas, el presidente Rodrigo Paz, y actúa como la máxima instancia de asesoramiento, coordinación y planificación en temas de seguridad nacional.
El enraizamiento y la arremetida de organizaciones narco, extranjeras y nacionales, representan, a no dudarlo, una amenaza para la seguridad del Estado. Por tanto, la prioridad del Cosdep debe ser la elaboración y presentación de políticas y planes de acción para enfrentar al crimen organizado. Debe hacerlo con la rigurosidad del caso, pero también con la rapidez que demanda la delicada situación en la frontera y el trópico cochabambino.
Se dice que el recientemente posesionado secretario general del Cosdep, general de aviación Germán Leonardo Rodrigo Mendizábal, tiene rango de ministro y está facultado para coordinar estrategias con ministerios y cúpulas militares y policiales de manera permanente. Se me hace que puede funcionar como una especie de Pentágono boliviano.
Al margen de las comparaciones y aprovechando el apoyo de la administración Trump en la publicitada lucha contra el narcoterrorismo, el Cosdep no debería demorar, como ocurre con muchas cosas en el actual Gobierno, en la presentación de un diagnóstico preciso sobre la amenaza del crimen organizado para Bolivia y las acciones que recomienda desplegar desde el Estado en cuanto a normativas, políticas y operaciones especiales. El Cosdep no tiene carácter operativo; su trabajo es de asesoramiento estratégico al más alto nivel.
Seguramente, los documentos que produzca serán de máxima reserva, tratándose de la seguridad del Estado. Tendrían que establecer un sistema que impida, de principio a fin, la filtración de datos tanto a las organizaciones narco que están buscando consolidarse en regiones de la frontera como al caudillo del Chapare, una ventaja que le ha permitido hasta ahora anticiparse a los operativos de seguimiento y eventual captura. Considero que el período ampliado del estado de excepción, que ha comenzado el 19 de este mes, es una cuenta regresiva. Cada día que pasa es un día menos para la operación de extirpación.
También es un día menos para enfrentar una descomunal amenaza en la frontera con Brasil que puede terminar en la pérdida de territorios, poblaciones y gobiernos locales. Es un desafío mayor ahora que parece haberse decidido dar lucha contra las mafias del narcotráfico internacional y las que están brotando en Bolivia.
Edwin Cacho Herrera Salinas es periodista y analista.
La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Enfoque News.
Sobre el autor
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