Bolivia registra en 2025 una puntuación de 44,1 en el Índice de Libertad Económica, elaborado por The Heritage Foundation, lo que la sitúa en el puesto 164 de 176 países a nivel mundial. Aunque esta calificación refleja un leve aumento de 0,6 puntos respecto a 2024, el país ocupa el lugar 30 entre 32 naciones del continente americano. En la región, Canadá (75,5), Chile (73,2) y Estados Unidos (70,2) lideran el ranking, mientras que Cuba (25,4), Venezuela (27,4) y Bolivia (44,1) cierran la tabla como las economías con menor libertad.
La puntuación boliviana está por debajo del promedio mundial (59,7) y regional (59,4), lo que lleva al informe a clasificar nuestra economía como «reprimida». Según el estudio, este resultado obedece a problemas estructurales e institucionales que obstaculizan los fundamentos de la libertad económica. Entre ellos destacan un sistema judicial permeable a la injerencia política, una corrupción persistente y un estado de derecho debilitado. A esto se suma una creciente intervención estatal que aleja al país de los principios del libre mercado. La libertad empresarial sigue siendo limitada, lastrada por un código laboral obsoleto y oneroso, controles de precios sobre productos básicos como azúcar, maíz y pan, un tipo de cambio fijo que ahoga el acceso a dólares y reservas internacionales, y un subsidio a los combustibles cada vez más insostenible ante la escasez de divisas.
En las últimas casi tres décadas, la libertad económica en Bolivia ha retrocedido un 36%. En 1998, el país alcanzó un máximo de 68,8 puntos, lo que lo posicionaba favorablemente en la región. Este declive coincide con el giro hacia gobiernos socialistas desde el año 2000, cuyos modelos económicos, antagónicos al libre mercado, han erosionado progresivamente ese indicador. Sin embargo, experiencias internacionales demuestran que la libertad económica puede coexistir en naciones con modelos de Estado no plenamente liberales, siempre que sus gobiernos separen la ideología del pragmatismo económico.
Paradójicamente, el informe otorga a Bolivia una alta puntuación en carga fiscal (88,8), pese a que la presión tributaria, con un impuesto a las utilidades empresariales del 25%, es una de las más elevadas de Sudamérica. Contrasta también su baja calificación en salud fiscal (4,4), reflejo de las dificultades financieras del país. Otro dato cuestionable es la supuesta alta libertad monetaria (70,6), que choca con la realidad de un corralito bancario y la escasez de dólares. En cambio, indicadores como los derechos de propiedad (19,9) y la libertad de inversión (15) confirman las severas restricciones que enfrenta el país.
Aunque algunos datos del informe no reflejan del todo la complejidad de la realidad boliviana, su conclusión es clara: la libertad económica está reprimida y ha empeorado bajo el actual modelo socialista. Normas anticuadas, instituciones subordinadas al poder de turno y los recurrentes paros y bloqueos —muchos de tinte político— han ahuyentado el capital nacional y extranjero, que no encuentra en Bolivia seguridad jurídica ni económica para invertir. Corresponderá al próximo gobierno revertir esta tendencia con reformas profundas en lo laboral, económico, político e institucional, que saquen al país de la crisis y lo reencaminen hacia un futuro más próspero.
Luis Fernando Romero Torrejón es presidente del Colegio Departamental de Economistas de Tarija.
La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Enfoque News.
Sobre el autor
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