El Gobierno ha presentado un Proyecto de Ley de Inversiones que busca reemplazar un esquema restrictivo por un régimen integral orientado a atraer, promover, proteger y facilitar inversiones nacionales y extranjeras. Sus objetivos son claros: diversificación productiva, industrialización, empleo, innovación y competitividad. Reconoce la libre empresa, la iniciativa privada, la libre competencia y la libertad de inversión y comercio. Propone una Autoridad Nacional de Inversiones, una Ventanilla Única digital que concentre trámites, incentivos tributarios y arancelarios de hasta 20 años, libertad para transferir dividendos y utilidades, conversión de moneda y arbitraje internacional conforme a tratados. También crea PRO-INVERSIÓN para la promoción externa y amplía el foco hacia logística, economía digital, inteligencia artificial, hidrógeno, energía solar y otros sectores, más allá de minería e hidrocarburos.
Este marco es un avance. Sin embargo, la realidad de la inversión extranjera directa (IED) en Bolivia muestra que las normas, por sí solas, no resuelven el problema de fondo.
En 2025 el país recibió apenas 620 millones de dólares de IED, el 0,32 % de los 194.233 millones captados por América Latina y el Caribe, según la CEPAL. La diferencia con Brasil (77.676 millones) es abismal. La causa no es una sola: escasez de divisas, reservas internacionales limitadas (3.632 millones, de los cuales solo 472 millones son divisas y el resto oro), incertidumbre cambiaria, déficit fiscal, recesión, conflictividad social y más de 50 días de bloqueos en 2026. A ello se suman complejidad regulatoria, cambios normativos frecuentes y percepción de inseguridad jurídica. Desde la óptica de cualquier comité de inversiones, estos factores elevan el riesgo país y exigen rentabilidades más altas para compensarlo. El problema central no es falta de incentivos; es falta de confianza.
Las consecuencias son conocidas: menor capital productivo, menos plantas, infraestructura y tecnología; menor empleo formal, transferencia tecnológica y acceso a cadenas globales de valor. La IED podría aportar divisas frescas en un momento crítico, aunque no resolvería sola la crisis cambiaria. Como advierte la CEPAL, debe vincularse a políticas de desarrollo productivo para generar efectos duraderos.
El proyecto tiene tres aportes claros. Primero, coloca la seguridad jurídica y la previsibilidad en el centro: derechos de propiedad, debido proceso, estabilidad normativa y contractual, no discriminación y mecanismos de solución de controversias. Su eficacia, eso sí, dependerá de la aplicación real, no de declaraciones. Segundo, la Ventanilla Única digital y la Autoridad Nacional de Inversiones apuntan a reducir burocracia, tiempos, costos y discrecionalidad, y a pasar de una política reactiva a una de promoción profesional. Tercero, la visión de diversificación hacia sectores tecnológicos, energías alternativas, logística y servicios se alinea con las tendencias globales identificadas por la CEPAL.
Pero también hay riesgos. Una ley no soluciona el riesgo macroeconómico. El inversionista observa al mismo tiempo déficit, disponibilidad de divisas, inflación, crecimiento, tipo de cambio y estabilidad social. El propio proyecto reconoce que la protección no garantiza rentabilidad ni disponibilidad de dólares. Si persiste la escasez de divisas y la incertidumbre, las garantías legales pueden ser reconocidas y aun así no bastar. Los incentivos fiscales, además, tienen costo para un Estado con restricciones serias; deben vincularse a resultados verificables de inversión, empleo, exportaciones y generación neta de divisas, no entregarse a ciegas. Finalmente, persiste la brecha entre norma y realidad: reconocer libertad de conversión y transferencia de utilidades es positivo en el papel, pero requiere dólares efectivos en el mercado.
Dos escenarios se abren. Con la ley acompañada de reformas macroeconómicas, institucionales y regulatorias, Bolivia podría reducir incertidumbre en el corto plazo y elevar la IED hacia un rango de 1.000-1.500 millones anuales en dos o tres años, concentrada en minería, energía, agroindustria, logística, infraestructura, turismo y servicios digitales. Sin reformas, la IED se mantendría baja o incluso retrocedería, con menos empleo, tecnología, exportaciones y diversificación, mientras los vecinos compiten activamente por el mismo capital.
Para que la ley no quede en letra muerta se requieren medidas complementarias. Un pacto de estabilidad macroeconómica plurianual que ataque el déficit, normalice el tipo de cambio y fortalezca reservas. Contratos de estabilidad jurídica condicionados a metas concretas de inversión, empleo, exportaciones y compras nacionales. Una reforma integral del sistema regulatorio que elimine contradicciones y establezca plazos máximos y silencio administrativo positivo. Una estrategia activa de promoción internacional con inteligencia de mercados e identificación de proyectos estratégicos. Y, de manera decisiva, garantía de seguridad jurídica efectiva, libre tránsito y continuidad operativa: los 53 días de bloqueos de 2026 enviaron una señal negativa que ninguna ley borra sola.
El Proyecto de Ley de Inversiones es un paso necesario y positivo. Reconoce que Bolivia debe pasar de una política defensiva a una activa de promoción y protección. Pero no será suficiente. El país captó solo el 0,32 % de la IED regional en 2025. Convertir garantías legales en confianza efectiva exige resolver al mismo tiempo los problemas fiscal, cambiario, institucional y social. Bolivia compite con toda la región por el mismo capital. La nueva ley debe ser el punto de partida de una reforma integral, no el punto final.
Atraer inversión extranjera no depende únicamente de aprobar una norma. Depende de construir confianza. Bolivia tiene recursos y oportunidades; debe transformarlos en proyectos rentables, seguros y sostenibles que generen empleo, tecnología, exportaciones y divisas. En definitiva, no necesita solamente inversionistas: necesita recuperar la confianza de los inversionistas.
Luis Fernando Romero Torrejón es economista.
La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Enfoque News.
Sobre el autor
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