La coparticipación tributaria es uno de los principales mecanismos de distribución de los ingresos públicos entre los distintos niveles del Estado. Su objetivo es que la recaudación de determinados impuestos nacionales no se concentre exclusivamente en el Gobierno central, sino que también financie a municipios, universidades públicas y, ahora, posiblemente a las gobernaciones.
Históricamente, el esquema establece una distribución del 20% para los municipios, 5% para las universidades públicas y 75% para el nivel central. Las gobernaciones, sin embargo, no cuentan con una participación general equivalente. Esta situación ha reabierto el debate sobre la descentralización y la autonomía fiscal en Bolivia. El problema central es que los gobiernos departamentales tienen responsabilidades y competencias que requieren recursos estables y previsibles. Incorporar a las gobernaciones en la coparticipación debe formar parte de una reforma estructural de las finanzas públicas nacionales.
Evolución de los recursos
Entre 2010 y 2024, los municipios y las universidades públicas recibieron conjuntamente Bs 4.932,28 millones en 2010 y Bs 10.637,60 millones en 2024, lo que representa un crecimiento nominal aproximado del 115,7%. La evolución no fue constante: en 2015 se alcanzó un máximo de Bs 10.830,14 millones, mientras que en 2016 el monto descendió a Bs 10.117,17 millones. La mayor caída ocurrió en 2020, cuando la distribución conjunta bajó a Bs 7.927,39 millones por el impacto de la crisis económica y sanitaria. Posteriormente, los recursos se recuperaron hasta alcanzar Bs 9.119,71 millones en 2021, Bs 10.364,57 millones en 2022 y Bs 10.637,60 millones en 2024. En este último año, los municipios recibieron Bs 8.390,78 millones y las universidades Bs 2.246,82 millones. Para 2025 se manejó una cifra agregada preliminar de Bs 12.308 millones, todavía sin desglose oficial validado. Esta trayectoria demuestra que la coparticipación depende del comportamiento de la economía y de la recaudación efectiva, por lo que no constituye un ingreso completamente inmune a las crisis.
¿Es suficiente el 1%?
La respuesta es no. La propuesta gubernamental de asignar el 1% de la participación del 75% que actualmente corresponde al nivel central representa un primer reconocimiento de la necesidad de fortalecer financieramente a los gobiernos departamentales. Sin embargo, desde una perspectiva económica y fiscal, resulta insuficiente para corregir los desequilibrios existentes entre competencias y recursos. Su impacto también depende de precisar sobre qué base se calcula: no es lo mismo aplicar el 1% sobre toda la recaudación coparticipable que hacerlo sobre el 75% central.
Además, esta propuesta debe convertirse en una disposición legal clara y no quedarse únicamente en un anuncio o compromiso político. Es fundamental preservar los porcentajes del 20% municipal y 5% universitario, evitando que la nueva distribución reduzca los recursos de estas entidades. También debe impedirse que las gobernaciones asuman nuevas obligaciones nacionales sin recibir el financiamiento correspondiente. En consecuencia, el 1% puede ser un punto de partida negociador, pero es totalmente insuficiente para las realidades financieras de las regiones y no puede considerarse una solución definitiva para la autonomía fiscal departamental.
Escenarios para 2027
Considerando la recesión económica, la inflación, los ajustes de precios, las restricciones de divisas y la debilidad del consumo y las importaciones, se plantearon tres escenarios de base coparticipable para 2027: Bs 48.000 millones en el escenario pesimista, Bs 51.000 millones en el central y Bs 54.000 millones en el optimista. Estas cifras son simulaciones técnicas, no proyecciones oficiales. Aplicando los porcentajes sobre el 75% correspondiente al nivel central, el fondo para las nueve gobernaciones sería de Bs 360 millones, Bs 382,5 millones y Bs 405 millones, respectivamente, si se asignara el 1%.
Con una participación del 5%, los montos subirían a Bs 1.800 millones, Bs 1.912,5 millones y Bs 2.025 millones. Finalmente, con el 7%, alcanzarían Bs 2.520 millones, Bs 2.677,5 millones y Bs 2.835 millones. En el escenario central, pasar del 1% al 5% permitiría incrementar el fondo departamental en Bs 1.530 millones anuales. Esto evidencia que el porcentaje negociado puede marcar una diferencia sustancial en la capacidad financiera de los nueve departamentos.
Fórmula de distribución
La asignación del nuevo fondo departamental debe responder a criterios de equidad, población y necesidades territoriales, evitando que los recursos se concentren exclusivamente en los departamentos más poblados. Por ello, se propone una fórmula con cuatro componentes: 40% según población, 25% según pobreza y necesidades básicas insatisfechas (NBI), 15% según extensión territorial y 20% mediante una distribución igualitaria entre los nueve departamentos.
Con esta metodología, la simulación asigna a Santa Cruz el 23,03%; La Paz, 21,86%; Cochabamba, 14,51%; Potosí, 9,72%; Beni, 8,37%; Chuquisaca, 6,72%; Oruro, 6,37%; Tarija, 5,47%; y Pando, 3,95%. La fórmula busca equilibrar la demanda de servicios públicos con las brechas sociales y los costos de atención en territorios extensos o dispersos. Por ejemplo, Tarija obtiene una participación superior a su peso poblacional estimado de 4,72%, mientras que los departamentos con mayor población mantienen una proporción importante del fondo. Esta distribución es una propuesta técnica y requiere validación con estadísticas oficiales definitivas antes de incorporarse a una ley.
Impacto y sostenibilidad
Aplicando la fórmula propuesta al escenario central de 2027, un fondo del 1% distribuiría Bs 382,5 millones entre los nueve departamentos; con el 5%, Bs 1.912,5 millones; y con el 7%, Bs 2.677,5 millones. En el escenario del 5%, por ejemplo, Santa Cruz recibiría aproximadamente Bs 440,4 millones, La Paz Bs 418 millones, Cochabamba Bs 277,5 millones y Potosí Bs 186 millones. Beni obtendría Bs 160,1 millones, Chuquisaca Bs 128,5 millones, Oruro Bs 121,8 millones, Tarija Bs 104,7 millones y Pando Bs 75,6 millones. Estos montos permitirían fortalecer la inversión pública departamental, mejorar infraestructura caminera, sistemas de riego, servicios de salud de competencia departamental y proyectos productivos.
No obstante, una mayor transferencia también exige responsabilidad fiscal, transparencia y capacidad de ejecución presupuestaria. Los recursos adicionales no deberían convertirse automáticamente en más gasto corriente o en obligaciones permanentes sin respaldo financiero. La reforma debe acompañarse de mecanismos de estabilización, control y evaluación de resultados para garantizar que la descentralización produzca beneficios económicos y sociales en todo el país.
Conclusiones y propuestas
La coparticipación tributaria debe entenderse como una herramienta de redistribución de ingresos y fortalecimiento de la autonomía, no simplemente como una transferencia adicional de dinero. La experiencia histórica demuestra que los recursos municipales y universitarios han crecido nominalmente, pero también son vulnerables a las crisis económicas y a las variaciones de la recaudación. En ese contexto, la oferta del 1% a las gobernaciones es positiva como señal inicial, aunque muy insuficiente para resolver sus problemas estructurales de financiamiento.
Las simulaciones muestran que una participación del 5% o 7% permitiría conformar un fondo departamental considerablemente mayor. Asimismo, una distribución basada en población, pobreza, territorio e igualación puede generar un reparto más equilibrado entre los nueve departamentos. Sin embargo, estos cambios deben sustentarse en una ley especial, con reglas claras y datos oficiales verificables. La verdadera autonomía fiscal requiere que las competencias asignadas a cada gobierno tengan un financiamiento suficiente, estable y proporcional.
Se recomienda negociar una participación departamental inicial del 5% sobre el 75% de la base coparticipable, con una transición gradual hacia el 6% en 2028 y el 7% en 2029, siempre que exista sostenibilidad fiscal. La meta de las gobernaciones es el 15%, lo cual se podría lograr el 2031 bajo un esquema fiscal riguroso. La nueva participación debe establecerse mediante una ley que precise los impuestos incluidos, la base de cálculo, los porcentajes y los mecanismos de transferencia. También debe garantizarse que los recursos municipales y universitarios no sean reducidos para financiar a las gobernaciones, en todo caso con la posibilidad de incrementarse.
Es conveniente adoptar la fórmula nacional propuesta de 40% población, 25% NBI, 15% territorio y 20% igualación, sujeta a validación estadística y revisión periódica. Los recursos adicionales deben priorizar inversión pública, infraestructura, desarrollo productivo y reducción de desigualdades territoriales. Paralelamente, corresponde implementar mecanismos de transparencia, fiscalización y evaluación del gasto para mejorar la calidad de la gestión pública.
En definitiva, Bolivia necesita avanzar hacia un pacto fiscal que distribuya mejor los recursos, fortalezca las autonomías y asegure que cada nivel de gobierno disponga de financiamiento suficiente para cumplir sus responsabilidades.
Luis Fernando Romero Torrejón es economista.
La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Enfoque News.
Sobre el autor
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