El Presupuesto General del Estado (PGE) 2026 reformulado se perfila más como un intento de corregir desequilibrios heredados que como un plan de expansión. El dato más alarmante es el reconocimiento de un desfase de Bs 24.000 millones en el ejercicio anterior, una cifra que evidencia la profunda desconexión entre los ingresos reales y el gasto público.
En este escenario, el nuevo presupuesto asciende a aproximadamente Bs 390.000 millones —superior al de 2025—, pero introduce recortes en gasto corriente (viáticos y viajes), lo que sugiere una política de ajuste «moderado». Aunque reducir el déficit al 9% del PIB es una señal de consolidación, el indicador sigue siendo excesivo para los estándares internacionales y para una economía con las restricciones externas que hoy asfixian a Bolivia. El hecho de que el presupuesto previo dependiera en un 40% de la deuda confirma que el problema de fondo persiste: la falta de ingresos genuinos.
1. Luces y sombras del nuevo presupuesto
Aspectos positivos:
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Ajuste fiscal: Existe un esfuerzo por reducir el déficit respecto al presupuesto original, que superaba el 10%. Esto envía una señal necesaria a acreedores y organismos multilaterales.
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Inversión social: Se priorizan más de Bs 5.000 millones para bonos y protección social, blindando la demanda interna y a los sectores vulnerables en un entorno recesivo.
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Eficiencia del gasto: El recorte en burocracia y gastos superfluos es un paso imprescindible ante la actual falta de liquidez.
Aspectos negativos:
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Déficit persistente: El 9,2% proyectado obliga a recurrir a más deuda o a la emisión monetaria, factores que presionan la inflación y agotan las reservas.
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Rigidez estructural: Cerca del 64% del presupuesto se destina a gasto corriente, lo que asfixia la inversión productiva.
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Crisis de credibilidad: Tras los cuestionamientos técnicos a los supuestos optimistas de años anteriores, la fiabilidad de las nuevas proyecciones sigue bajo la lupa.
2. ¿Son factibles las metas macroeconómicas?
Las metas planteadas (crecimiento de -1,28%, inflación de 14,9% y déficit de -9,2%) son más realistas que las anteriores, pero siguen pecando de optimismo. Si bien la inflación proyectada es coherente con la desaceleración respecto al 20,4% de 2025, la meta de crecimiento genera dudas: mientras el Gobierno prevé una caída moderada, organismos internacionales proyectan un desplome cercano al -3%.
El desafío radica en la consistencia interna: bajar la inflación y frenar la caída económica simultáneamente, en medio de una crisis de divisas y subsidios, es una tarea titánica. Sin dólares ni reservas suficientes, estas metas parecen más aspiracionales que sostenibles.
3. Análisis comparativo: 2026 frente al «espejismo» de 2025
El contraste es contundente. El PGE 2025 se construyó sobre un escenario expansivo y poco realista (crecimiento de 3,51% e inflación de 7,5%) que terminó chocando con la realidad: la economía cayó un 1,58% y la inflación trepó al 20,4%.
En cambio, el PGE 2026 reformulado es un ejercicio de sinceramiento. No es «mejor» por sus resultados —que siguen siendo contractivos—, pero sí por su honestidad técnica al reconocer la escasez de divisas y la caída de ingresos. Al corregir el sesgo de sobreestimación, el presupuesto de 2026 gana en prudencia lo que le falta en suficiencia.
4. ¿Evitará este presupuesto una mayor recesión?
Difícilmente. El PGE 2026 es un instrumento de contención, no de reactivación. Si bien el ajuste estabiliza, también puede profundizar la recesión a corto plazo si no se acompaña de inversión privada, crédito externo y reformas de fondo. La caída de las exportaciones de gas y la presión de los subsidios son problemas que el presupuesto actual, por sí solo, no tiene la fuerza de revertir.
5. Medidas urgentes para la sostenibilidad
Para que este presupuesto no sea papel mojado, se requieren tres pilares de acción:
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Reforma fiscal estructural: Es imperativo revisar gradualmente los subsidios a los combustibles y focalizar mejor el gasto.
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Financiamiento externo: Urge reconstruir la confianza con organismos multilaterales para aliviar la presión sobre las reservas internacionales.
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Incentivos al sector productivo: Sin una estrategia que genere divisas (agroindustria, minería e hidrocarburos) y atraiga inversión privada, no habrá estabilidad cambiaria posible.
6. Los riesgos en el horizonte
El principal obstáculo es el bloqueo político. La fragmentación en la Asamblea Legislativa dificulta la aprobación de créditos clave, dejando al déficit sin financiamiento claro. A esto se suman la escasez de divisas, el declive de los ingresos por hidrocarburos y el riesgo de conflictividad social ante cualquier ajuste.
Conclusión: El PGE 2026 reformulado marca un giro hacia el realismo, dejando atrás el optimismo infundado de 2025. Sin embargo, sigue siendo un parche insuficiente ante un desequilibrio fiscal crónico. Actúa como un escudo para contener el golpe, pero la economía boliviana sigue necesitando reformas profundas para salir del modo «supervivencia» y volver a la senda del crecimiento sostenible.
Sobre el autor
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