¿Qué haría usted si una parte minoritaria de su familia, cada vez que quiere imponer algún capricho, primero protesta, luego demanda “de forma pacífica” sus pedidos y, al no lograrlo, bloquea la salida de su casa y —si ni aun así obtiene lo que quiere— lo intimida a punta de dinamitazos para ser escuchada? Le consulto porque esto es exactamente lo que describe el Comité Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB) en su “Pronunciamiento al Pueblo Boliviano” del 15 de enero de 2026, al afirmar que “ningún sector sale a las calles por deporte ni por capricho” y que el bloqueo de caminos “suele ser una medida extrema, la última carta si se percibe que no hay otro modo de ser escuchados”, reivindicando así su derecho a bloquear cuantas veces les dé la gana para imponer sus deseos.
Agrega también que “el Estado no puede pretender que la ciudadanía renuncie a su presión social, mientras él renuncia a su obligación de escuchar, responder y construir soluciones”. En otras palabras: si el gobierno no les dice “sí” a sus demandas, tienen derecho a bloquear calles, caminos, carreteras y a amenazar e incluso dinamitar. ¿Qué tal?
Frente a la alta conflictividad que en 2023 afectaba las actividades productivas, comerciales y de servicios por los bloqueos, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) lanzó un sondeo de opinión para que la sociedad civil se pronunciara al respecto, mediante ocho preguntas cerradas. Las respuestas fueron contundentes: un 98 % rechazó los bloqueos por el perjuicio al desarrollo de Bolivia y a su imagen internacional; el 97 % condenó que se afecte el derecho a la libre circulación y al trabajo; un 95 % dijo “no” al bloqueo como presión; el 90 % los rechazó por los daños causados y el 89 % opinó que debía castigarse a los bloqueadores. ¿Queda claro el rechazo mayoritario al bloqueo violento como arma de presión?
Sin embargo, los “compañeros” de la COB no parecen entender que protestar y bloquear no es lo mismo. La protesta es un derecho vinculado a la libertad de expresión consagrada en la Constitución Política del Estado (arts. 21 y 106), siempre que sea pacífica y respete el derecho a la libre circulación (art. 21) y al trabajo (art. 46). Bloquear —con violencia de por medio, mediante el uso de dinamita, piedras, ramas, tierra o arena sobre los caminos— incumple esos principios, ocasiona millonarias pérdidas económicas a la población, deteriora la imagen-país en el exterior y coarta derechos humanos fundamentales como transitar, trabajar y vivir en paz.
Lamentablemente, pese a que el Código Penal prevé cárcel de 2 a 8 años para quien impidiere, perturbare o pusiere en peligro el transporte público, ha primado el cálculo político en los gobiernos para no hacer cumplir la norma. De ahí que la invitación a delinquir —porque bloquear es un delito— haya derivado en una “cultura del bloqueo”.
A nivel internacional, la CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) han establecido que, cuando una perturbación de la vida cotidiana por bloqueos “se extiende en el tiempo y escala al punto de comprometer gravemente la garantía de otros derechos como, por ejemplo, i) el derecho a la vida; ii) el aprovisionamiento de alimentos; o iii) el derecho a la salud, se acentúa el deber del Estado de facilitar todos los mecanismos de diálogo posibles y la coexistencia de todos los derechos en tensión, teniendo el uso de la fuerza como último recurso” (Comunicado de la CIDH, Washington, 2 de febrero de 2024).
Por tanto, si el castigo al bloqueo ya está previsto en la legislación boliviana, ¿por qué la COB se preocupa tanto por una futura Ley Antibloqueo, como la que valientemente propuso el pastpresidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Pablo Camacho, con modificaciones al Código Penal para sancionar la obstrucción de vías públicas, el atentado contra la seguridad de los servicios públicos, la intimidación sindical, las amenazas y el vandalismo? Esta iniciativa recibió el apoyo del empresariado, dada la magnitud del impacto negativo de los bloqueos —al punto de que algunos incluso piden que los bloqueadores respondan con sus bienes por los daños causados.
El actual presidente de la CNI, Gonzalo Morales, manifestó recientemente que “los bloqueos no son una forma legítima de protesta, detienen al país, dañan el empleo y ponen en riesgo la vida; frente a esta realidad, la CNI presentó el Proyecto de Ley Antibloqueo a los asambleístas electos, como una propuesta responsable para garantizar la libre circulación y el respeto al trabajo y a la producción de los bolivianos”. Solo falta voluntad política para aprobarlo. El proyecto de ley está ahí, al igual que otra iniciativa del propio Órgano Legislativo para acabar con el chantaje de unos pocos que afecta a todo un país.
La Palabra de Dios dice que las autoridades no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo; por tanto, quien hace lo bueno no debería temer, pero quien hace lo malo, sí. Si los bloqueadores amenazan con más bloqueos ante la Ley Antibloqueo, ¡habrá que poner orden en el país!
Gary Antonio Rodríguez Álvarez es Economista y Magíster en Comercio Internacional.
La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Enfoque News.
Sobre el autor
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