Una vez más, Bolivia se encuentra inmersa en nuevos conflictos que generan una alta inestabilidad. Los más afectados son, como siempre, los pobres y los más necesitados. Parece que no se aprendió la lección, pues se repiten los brutales bloqueos de caminos y de esperanzas.
El bloqueo físico, impulsado por los desacreditados movimientos sociales identificados con el socialismo y el comunismo, mantiene al país en vilo, encarece la vida cotidiana, rompe las cadenas productivas y castiga especialmente a quienes viven de su trabajo honesto. Cada día de bloqueo significa menos pan en la mesa y menos empleos dignos.
Sin embargo, a este se suma otro bloqueo no menos dañino: el bloqueo mental, protagonizado por políticos que se empeñan en hacer las cosas mal.
Mientras el Órgano Ejecutivo intenta resolver los problemas estructurales de la economía —cuya solución exige actuar con verdadero sentido de Patria para garantizar la gobernabilidad del país—, aquellos que electoralmente juraron impulsar un “cambio verdadero” frente a la intentona de llevar a Bolivia al socialismo, y que debían jugarse por los Decretos Supremos 5503 y 5515, se han convertido hoy en una “oposición no colaborativa”. En lugar de apoyar y mejorar lo bueno, parecen empeñados en demolerlo todo.
Empezando por el Vicepresidente, secundado por fuerzas que se dicen conservadoras pero que compiten en una actitud negativa, semejándose peligrosamente a quienes llevaron al país a la crisis actual. Es algo inaudito. La política se ha transformado en un campo minado donde pocos construyen y muchos actúan por intereses bastardos, buscando lucro personal, egoísta y deshonesto, sin importarles el bien común ni la más elemental moralidad.
¿Cuál es la verdadera intención de los decretos?
Combatir la inflación —que no se sufría en 40 años y que erosiona los salarios— enfrentando su causa principal: el déficit fiscal.
Solucionar la escasez de combustibles, que afecta a todos, mediante un sinceramiento de precios que frene el contrabando y la corrupción.
Resolver la falta de divisas —que encarece las importaciones y dispara los costos y precios— creando condiciones para producir, exportar y crecer mucho más, lo cual requiere, ante todo, paz social.
Revertir la pérdida de empleos dignos, que impulsa el aumento de la informalidad, la mayor pobreza y el deterioro de la calidad de vida, atrayendo más inversión nacional y extranjera. Para ello, es indispensable mejorar el entorno y garantizar gobernabilidad.
Increíblemente, hay quienes se oponen a estas medidas, ya sea mediante un bloqueo físico o un bloqueo mental.
Parece que nada valen los ejemplos de Venezuela y Cuba, donde la planificación centralizada, las subvenciones insostenibles y el control de precios distorsionaron todo, generando escasez crónica, emigración masiva y pobreza generalizada como resultado de recetas económicas fracasadas.
Parece que tampoco se recuerda que, en 1985, nuestro país tocó fondo con una hiperinflación que pulverizó la moneda nacional, los salarios y los ahorros de la gente, impactando severamente al sector productivo y a toda la sociedad. Para superarlo fue necesario el D.S. 21060, una decisión dolorosa, realista y valiente que evitó el colapso total.
Es cierto que el sacrificio fue enorme y que el ciudadano de a pie pagó el mayor precio, pero ese esfuerzo colectivo permitió estabilizar la economía, recuperar la esperanza y volver a crecer con un modelo distinto al de la UDP, basado en el marxismo, el populismo, el prebendalismo y el sindicalismo —que, pensándolo bien, era más de lo mismo…
Lo cierto es que las crisis no se superan con gritos, dinamitazos ni bloqueos de calles y carreteras; tampoco con discursos rimbombantes ni cálculos mezquinos desde una palestra legislativa. Se resuelven con decisiones urgentes, oportunas y perfectibles, como los criticados D.S. 5503 y 5515.
El riesgo de hoy no es equivocarse al intentarlo, sino no hacer nada o ceder ante presiones que ya demostraron su capacidad destructiva en los últimos 20 años. Sucumbir al chantaje de los bloqueos es condenar a nuestro país a un círculo vicioso de mayor empobrecimiento y frustración.
Hay que decirlo sin pelos en la lengua: todo bloqueo físico castiga, sobre todo, al pobre, al encarecer los alimentos y negarle ingresos por no poder trabajar. Permitir esta “praxis” es peligroso, porque deteriora la economía del país con un impacto negativo en fábricas, talleres, comercios, empresas de servicios, chacos y hogares.
El tiempo apremia. Para superar la crisis actual, todos —gobernantes, empresarios, trabajadores, políticos y ciudadanos— debemos estar dispuestos a ceder algo para que Bolivia no caiga mañana en el abismo de lo que fue la UDP.
La oposición miope y el sindicalismo aturdido, que solo sabotean, pagarán un alto precio por no apoyar las normas dictadas. No olvidemos que Dios, la Patria y el pueblo boliviano no solo podrán premiar, sino también juzgar y demandar su accionar, más temprano que tarde.
Persistir en el bloqueo físico y en el bloqueo mental es condenar a Bolivia al fracaso.
Gary Antonio Rodríguez Álvarez es Economista y Magíster en Comercio Internacional.
La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Enfoque News.
Sobre el autor
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