La independencia e imparcialidad del sistema judicial han sido un desafío permanente a lo largo de la historia de Bolivia, con ciclos de relativa autonomía y otros de marcada injerencia de los gobiernos de turno. Desde la época colonial —con la Real Audiencia de Charcas, donde la administración de justicia estaba sujeta a la voluntad de la Corona española— hasta después de la independencia, hubo intentos por establecer un sistema judicial autónomo. Sin embargo, la inestabilidad política del siglo XX y la transición hacia la democracia dificultaron su consolidación.
El artículo 178 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia establece la independencia del Órgano Judicial frente a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Electoral. Asimismo, instrumentos internacionales como el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, el artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana y el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) reconocen la independencia judicial como un derecho fundamental y un pilar de la democracia.
No obstante, estos postulados —tanto de la legislación nacional como de los tratados que Bolivia ha suscrito— distan de cumplirse; en el actual contexto político y social, resultan casi utópicos. El problema es recurrente. Un ejemplo claro es el caso Consorcio, que involucra a un exministro de Justicia, a un magistrado suplente del Tribunal Supremo, al presidente y una exvocal del Tribunal Departamental de La Paz, y a un juez provincial.
En otros países de la región, la independencia judicial se ha tomado en serio. Destaca el caso de Perú, cuyo sistema se caracteriza por su autonomía: no en vano tiene en prisión a tres expresidentes —Ollanta Humala, Alejandro Toledo y Pedro Castillo—, acusados de lavado de activos, corrupción y, en el caso de Castillo, de intento de autogolpe. A ellos se suma el ya fallecido Alberto Fujimori, condenado por violaciones a los derechos humanos.
Algo similar ocurre en Argentina, que cuenta con un sistema judicial dual (federal y provincial). En 2022, la vicepresidenta Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión domiciliaria e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, sentencia que se dictó mientras aún estaba en funciones y que fue ratificada posteriormente. Este tipo de acciones son impensables en Bolivia.
La distribución del poder —que evita su concentración en una sola persona o institución, según la teoría de Montesquieu— es vital para el sistema institucional del país, pues se interrelaciona con la economía, la política y la sociedad. Además, guarda relación con la defensa de los derechos humanos y el Estado de derecho. Por ello, es crucial impulsar reformas estructurales en el sistema judicial que fomenten la participación ciudadana, prioricen la ética, mejoren la transparencia y promuevan el respeto a la ley.
En la actual campaña electoral, los candidatos a la presidencia han abordado el tema de la independencia judicial. Sus propuestas incluyen desde reformas constitucionales para fortalecer la autonomía de los órganos de poder hasta medidas para garantizar una justicia oportuna y transparente. También se ha planteado la elección de autoridades judiciales mediante meritocracia —y no por voto popular—, así como una nueva carrera judicial basada en méritos, ética profesional y evaluaciones continuas.
Sin duda, la independencia del Órgano Judicial es una asignatura pendiente para el próximo gobierno, que asumirá el mando el 8 de noviembre. Queda la esperanza de que el candidato ganador asuma esta titánica tarea y dé certezas a la ciudadanía. ¿Será posible construir un Estado sin injerencia política en la justicia? ¿Estarán los candidatos a la altura de atender esta demanda histórica de los bolivianos?
Jhonny Salazar Socpaza es periodista.
La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Enfoque News.
Sobre el autor
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