En la recta final de la campaña electoral, el candidato a la vicepresidencia de Bolivia por el PDC, Edman Lara, quien obtuvo el primer lugar con un 32,06 % en la primera vuelta frente a su inmediato seguidor de la Alianza Libre, ha optado por una estrategia preocupante y antidemocrática: atacar a diversos medios de comunicación. Lejos de debatir propuestas o confrontar ideas, el aspirante a dirigir la Asamblea Legislativa Plurinacional dedica parte de sus discursos y apariciones en redes sociales a descalificar a periodistas y medios, acusándolos de conspirar en su contra y de difundir noticias falsas.
Al desacreditar a la prensa, Lara busca sembrar desconfianza en las instituciones democráticas y en los contrapesos del poder. Sus actos sugieren que su objetivo es convertirse en la única fuente de información y verdad para sus seguidores, cerrando el espacio al análisis crítico y a la pluralidad de voces.
En un video publicado en TikTok, afirmó que la prensa es “vendida” y que “no tiene credibilidad”. Además, durante un reciente mitin en la capital cruceña, calificó a los periodistas de “pseudo periodistas”, “mercenarios de la comunicación”, “periodistas vendidos”, “mitómanos” y “amarillistas”. Estas declaraciones surgieron tras la difusión de información sobre las actividades de Yango, una empresa que ofrece servicios de transporte, y un supuesto fraude electoral que se estaría preparando para la segunda vuelta. Por si fuera poco, en ese mismo acto, sus seguidores agredieron físicamente a varios periodistas en la capital oriental.
El ataque a los medios de comunicación puede interpretarse de varias maneras, todas alarmantes para la salud democrática de Bolivia. La crítica a la prensa evidencia la incomodidad del candidato ante la fiscalización de sus actos y declaraciones. Un candidato seguro de sus propuestas y sin nada que ocultar no debería temer las preguntas de los periodistas, sino aprovecharlas para clarificar su mensaje.
Al debilitar a la prensa, Lara allana el camino para ejercer un poder sin límites en caso de ganar el balotaje previsto para el 19 de octubre próximo. Un gobierno sin contrapesos mediáticos ni ciudadanos puede actuar de manera arbitraria, ocultar información y vulnerar derechos con mayor facilidad.
La ciudadanía, al carecer de acceso a información verificada y a diversas perspectivas, queda más expuesta a la manipulación y la desinformación. La libertad de expresión y de prensa, pilares fundamentales de cualquier sistema democrático, se ven amenazadas. Un electorado desinformado no puede tomar decisiones conscientes y responsables, lo que degrada la calidad del debate público y el ejercicio democrático.
Por otro lado, esta actitud beneficia únicamente al candidato, ya que le permite consolidar una base de votantes que se siente agredida por “el sistema” y que confía exclusivamente en su líder. Lara logra polarizar el debate y desviar la atención de temas cruciales, como la economía, la justicia o la salud, para centrarse en una narrativa de victimización.
En última instancia, el ataque a la prensa no es un simple cruce de acusaciones, sino un ataque directo a la democracia. La democracia no consiste únicamente en acudir a las urnas y votar; es un sistema basado en la rendición de cuentas, la transparencia y el respeto a la pluralidad de opiniones.
Cuando un candidato ataca a la prensa, ataca a uno de sus principales guardianes y se posiciona como una amenaza para la estabilidad de las instituciones. Bolivia, como cualquier país que valora su libertad, debe permanecer alerta ante este tipo de discursos y exigir a sus líderes un respeto irrestricto por la libertad de prensa. Si un candidato pretende llegar al poder debilitando a la prensa, no busca gobernar en democracia, sino sin ella, y eso debe encender todas las alarmas.
Jhonny Salazar Socpaza es periodista.
La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Enfoque News.
Sobre el autor
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