Uruguay salió de su crisis energética con una política de Estado avalada por todos los partidos políticos. Bolivia la enfrenta a puro decreto supremo. Si arriba no hay acuerdos, el cambio tendrá que empezar abajo: en las alcaldías, las gobernaciones y los techos.
En 2008, Uruguay no tenía petróleo, gas ni carbón, y el barril que importaba se había triplicado en seis años. Ese año aprobó una Política Energética con metas a 2015, 2020 y 2030, y en 2010 todos los partidos políticos con representación parlamentaria la avalaron. Hoy genera el 98 % de su electricidad con fuentes renovables.
Bolivia vive su propia crisis energética, y la respuesta ha sido otra: en enero, un decreto declaró la emergencia energética y abrió la importación de combustibles a privados; en julio, otro dejó en cero el ICE de los vehículos 100 % eléctricos; en octubre, otro autorizó a importar el gas que antes exportábamos. Mientras tanto, el acuerdo con el FMI pide que desde enero los combustibles cubran su costo.
No tenemos una política energética: tenemos parches. Y casi todos son decretos supremos, lo que muestra lo poco que hemos podido construir acuerdos que se conviertan en leyes.
Primera lección: un acuerdo sobrevive a los gobiernos; un decreto, no. La política uruguaya tuvo detrás a un técnico, el físico Ramón Méndez Galain, como director nacional de Energía, pero sobre todo tuvo un acuerdo.
Desde entonces pasaron gobiernos de distinto signo, y en 2024 el presidente de turno lo resumió así: “Esto es mucho más que un cargador. Son políticas nacionales”. Aquí, en cambio, cada decreto nace con fecha de vencimiento: el ICE cero vence el 31 de diciembre, y el decreto del gas se presenta como “excepcional”, en el marco de una emergencia. Nadie invierte a veinte años sobre una norma que puede cambiar el próximo mes.
Segunda lección: la inversión llega cuando las reglas son estables. El Decreto 77/006, de 2006, autorizó a la empresa estatal UTE (Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas) a comprar energía renovable a privados con contratos de largo plazo, y la política de Estado le dio a ese decreto el respaldo que no tenía por sí solo.
En una década se instalaron unos 50 parques eólicos, y entre 2010 y 2015 se invirtieron unos 7.100 millones de dólares, 4.700 millones de ellos en asociación público-privada. En Bolivia, el 63,25 % de la electricidad de 2025 salió de termoeléctricas que funcionan sobre todo con gas, mientras la producción de ese gas cae. El CNDC tiene una meta de 75 % renovable para 2035, pero una meta sin ley es apenas una intención.
Tercera lección: la transición tiene que llegar al trabajador y a la factura. Uruguay pasó de 50 % a solo 2 % de fósiles en su generación eléctrica y, según Méndez, el costo de generarla bajó a la mitad. Creó unos 50.000 empleos y negoció con los sindicatos el cierre de las plantas fósiles.
UTE sumó medidores inteligentes y un Bono Social con descuentos de 80 % a 90 % para más de 163.000 hogares vulnerables. No hay que idealizarlo: las tarifas siguen entre las más caras de la región, y la sequía de 2023 le costó a UTE unos 320 millones de dólares extra. Pero el plan existía antes de la crisis y no se improvisó encima de ella.
Si arriba no hay acuerdos, que empiecen abajo. La Constitución les da a municipios y gobernaciones competencia exclusiva sobre energías renovables, y la generación distribuida ya permite producir en el lugar de consumo; desde 2026, también en media escala y en estaciones de recarga.
Que cada alcaldía y cada gobernación licite paneles solares para escuelas, hospitales y bombeo de agua, cambie el alumbrado a LED y sume cargadores solares. Vecinos y cooperativas pueden hacer lo mismo en sus techos. Cuando dejé ENDE propuse algo parecido para el alumbrado público. Pero seamos coherentes: hasta lo bueno vive en un decreto, el 4477, que cualquier gobierno puede borrar.
Por eso la única ley que pido son tres ajustes puntuales a la Ley 1604. Primero, llevar la generación distribuida a la ley, con compensación entre los edificios de una misma entidad. Segundo, eliminar el inciso c) del artículo 15, que impide que una generadora, sumando a sus empresas vinculadas, tenga más del 35 % de la capacidad instalada, y que hoy obliga a mantener separadas a las filiales de ENDE. Tercero, ampliar el tope de 15 % de generación renovable propia que el inciso d) del mismo artículo impone a las distribuidoras. Los parches tapan agujeros. Las leyes construyen caminos.
La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Enfoque News.
Sobre el autor
Crisis energética por decreto
Uruguay salió de su crisis energética con una política de Estado avalada por todos los partidos políticos. Bolivia la enfrenta a puro decreto supremo. Si arriba no hay acuerdos, el cambio tendrá que empezar abajo: en las alcaldías, las gobernaciones y los techos. En 2008, Uruguay no tenía petróleo, gas ni carbón, y el barril que importaba se había triplicado en seis años. Ese año aprobó una Política Energética con metas a 2015, 2020 y 2030, y en 2010 todos los partidos políticos con representación parlamentaria la avalaron. Hoy genera el 98 % de su electricidad con fuentes renovables. Bolivia vive su propia crisis energética, y la respuesta ha sido otra: en enero, un decreto declaró la emergencia energética y abrió la importación de combustibles a privados; en julio, otro dejó en cero el ICE de los vehículos 100 % […]
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