La crisis política desatada por Evo Morales y sus seguidores entró en su segundo mes con un mayor número de puntos de bloqueo. El objetivo es claro: forzar la renuncia del presidente Rodrigo Paz y convocar de inmediato a nuevas elecciones generales. Morales quiere volver al poder por la vía de los hechos consumados.
El mandatario, que insistió en un diálogo que nunca fue correspondido, dio un giro en su discurso el lunes 1 de junio —día 32 de los bloqueos— y llamó a los bolivianos a mostrar “madurez democrática” para iniciar un momento de tregua destinado a la pacificación del país.
En política, las percepciones son tan o más importantes que los hechos. El llamado presidencial a la reconciliación, tras más de un mes de sufrimiento —especialmente en el departamento de La Paz, donde escasearon alimentos, medicamentos y combustibles—, traerá consecuencias ambiguas para el Gobierno de Paz. Todo dependerá de cómo sea percibida esta pausa: si la ciudadanía la ve como un paso genuino hacia la pacificación nacional o como otra señal de debilidad estatal frente a la arremetida antidemocrática del evismo.
En el corto plazo, una tregua podría beneficiar a Paz al aliviar la fuerte presión social generada por el desabastecimiento. La población, agotada por las largas filas, la escasez y la paralización económica, podría valorar cualquier medida que restablezca la normalidad. Además, el Gobierno ganaría tiempo para recomponer alianzas políticas, fortalecer su estrategia de seguridad frente al crimen organizado y recuperar la iniciativa en la agenda pública.
Sin embargo, el riesgo político es enorme. Si la tregua no viene acompañada de acciones gubernamentales que anulen con claridad la estrategia de bloqueos y, por el contrario, el Gobierno termina negociando bajo presión, la mayoría de los bolivianos interpretará que los cercos son un mecanismo eficaz para doblegar al Estado. Se trataría de un peligroso precedente que perseguiría a Paz durante todo su mandato. Los sectores movilizados sabrían, de manera unilateral o conjunta, cómo apretar para obtener beneficios y privilegios.
Tras varios intentos fallidos de resolver la crisis planteada por Morales y con el evidente interés de salvar su propio pellejo, el Gobierno parece haber entendido que el largo feriado de Corpus Christi podría servir como escenario para una tregua no declarada. Sin embargo, los sectores en conflicto han demostrado reiteradamente que no se sienten obligados a corresponder después de haber obtenido concesiones del Estado. No lograron su objetivo central: derrocar a Paz y abrirle la puerta al retorno del caudillo a la presidencia.
Y es precisamente ese elemento el que complejiza la disputa abierta por el poder. Diversas declaraciones públicas de Morales y sus seguidores exigen explícitamente la salida anticipada de Paz y la convocatoria a nuevas elecciones. En ese contexto, una tregua que no implique el abandono del objetivo estratégico del evismo podría convertirse en una simple pausa táctica antes de una nueva ofensiva, tal como ocurrió durante el segundo gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y el de su sucesor Carlos Mesa.
Si Morales mantiene intacta su capacidad de movilización, conserva sus estructuras territoriales y no renuncia a la estrategia de desgaste —aun cuando se sienta acorralado por una eventual orden de captura—, el Gobierno podría enfrentar en pocas semanas una nueva oleada de bloqueos con una autoridad aún más erosionada. El mayor peligro no radica en la tregua misma, sino en confundir la suspensión temporal de las medidas de presión con una solución real del conflicto.
Es de suponer que estos escenarios han sido evaluados por el Gobierno de Paz antes de plantear la posibilidad de una tregua basada en la paciencia y la madurez democrática de los bolivianos. No considerar las consecuencias de nuevas banderas blancas solo para “comprar tiempo”, pensando que el conflicto ya es historia, equivale a no haber comprendido que el modus operandi de la presión ejercida desde los caminos y las calles suele conseguir apoyo social —por las buenas o por las malas— para tumbar gobiernos.
Edwin Cacho Herrera Salinas es periodista y analista.
La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Enfoque News.
Sobre el autor
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