Rodrigo Paz recibió una economía con desequilibrios fiscales, escasez de divisas, dificultades de abastecimiento de combustibles, inflación elevada y una estructura productiva debilitada. Durante su primer año se adoptaron medidas para modificar el régimen cambiario, reducir distorsiones en el mercado de combustibles, conseguir financiamiento externo y recuperar las reservas internacionales. También se observan avances en el saldo comercial y en las calificaciones soberanas. Sin embargo, estos cambios todavía no se han traducido en crecimiento económico, recuperación generalizada de la producción ni una mejora perceptible del ingreso real de los hogares. El PIB cayó 3,27% en el primer semestre de 2026 y nueve de once actividades económicas se contrajeron en el segundo trimestre.
El resultado más preocupante es la distancia entre la estabilización financiera y la situación económica cotidiana. La inflación interanual bajó de 22,23% en octubre de 2025 a 7,08% en octubre de 2026, pero los precios acumulados no regresaron a sus niveles anteriores; el dólar oficial pasó de Bs 6,96 a Bs 11,81 y el diésel llegó a Bs 17,95 por litro. A esto se suman compromisos electorales todavía pendientes, como la aplicación efectiva del 50/50, la reforma de la Aduana y el modelo de “capitalismo para todos”. El Gobierno consiguió avances en indicadores externos y financieros, pero mantiene desafíos profundos en producción, empleo, poder adquisitivo, energía y credibilidad institucional.
No basta con que mejoren las reservas o las calificaciones crediticias si las empresas producen menos, los hogares pierden capacidad de compra y no se generan empleos sostenibles. Tampoco sería correcto atribuir toda la contracción a la actual administración: el deterioro energético, fiscal y productivo venía de años anteriores, y los 53 días de bloqueos de mayo y junio agravaron la caída. La responsabilidad del Gobierno está en la manera en que administró esa herencia, en las medidas que eligió y en su capacidad para convertir la estabilización en recuperación.
Indicadores: 2025 versus 2026
El 8 de noviembre de 2025, Bolivia atravesaba una crisis caracterizada por falta de dólares, problemas de abastecimiento de combustibles, déficit fiscal elevado e inflación interanual de 20,96% en noviembre. El tipo de cambio oficial se encontraba en Bs 6,96 por dólar y los precios de referencia de gasolina especial y diésel eran Bs 3,74 y Bs 3,72 por litro, respectivamente. La deuda externa pública cerró 2025 en $us 14.131,4 millones y la deuda interna del TGN con los sectores público y privado alcanzó Bs 231.420 millones. Las RIN se estimaban cerca de los $us 2.514 millones. El riesgo país rondaba los 955 puntos básicos. La nueva administración recibió una economía con importantes desequilibrios, pero también con una estructura de precios y subsidios que condicionaba las decisiones posteriores.
Al 8 de noviembre de 2026, las RIN alcanzaron $us 4.068 millones, aunque solo $us 855 millones correspondían a divisas; el dólar oficial se situó en Bs 11,81 y el diésel en Bs 17,95 por litro. La inflación interanual descendió a 7,08%, pero el PIB acumuló una contracción de 3,27% durante el primer semestre. La deuda pública está aumentando: la interna creció 5% entre diciembre de 2025 y julio de 2026. La deuda externa a septiembre de 2026 llegó a $us 14.177 millones y se incrementará aún más con los créditos del FMI, BID, Banco Mundial y otros. Un aspecto positivo fue la caída del riesgo país a 504 puntos básicos, aunque Bolivia sigue siendo la cuarta economía de la región con mayor riesgo para invertir. Las principales calificadoras mejoraron la calificación de bonos, lo que sugiere que se está evitando un posible default. El saldo comercial pasó de un déficit de $us 524,48 millones a un superávit de $us 2.236,50 millones entre enero y septiembre. El balance muestra una mejora en ciertos indicadores externos y financieros, pero un deterioro de la actividad productiva y una presión persistente sobre los hogares.
Avances con resultados observables
Entre los avances destaca la recuperación del acceso al financiamiento externo. El acuerdo con el FMI por aproximadamente $us 1.900 millones, aprobado el 2 de octubre de 2026, habilitó un desembolso inicial de $us 214 millones y abre la posibilidad de movilizar recursos de otros organismos. Moody’s elevó la calificación soberana a Caa2 y Fitch y S&P también mejoraron sus evaluaciones. Esto puede facilitar el financiamiento, pero aumenta la importancia de administrar responsablemente la deuda y cumplir las condiciones del programa.
La transición hacia un régimen cambiario más flexible permitió al BCB publicar una cotización basada en operaciones del sistema financiero. El cambio acercó el tipo de cambio oficial a las condiciones del mercado y redujo distorsiones asociadas a la brecha cambiaria. Sin embargo, también encareció las importaciones y debe acompañarse de mayor disponibilidad de divisas y reglas previsibles. Las reservas internacionales llegaron a $us 4.068 millones al 30 de octubre de 2026, una mejora respecto a octubre de 2025. No obstante, la composición importa tanto como el monto: el oro concentra aproximadamente 77%, mientras que las divisas representan $us 855 millones.
Bolivia pasó de un déficit comercial de $us 524,48 millones entre enero y septiembre de 2025 a un superávit de $us 2.236,50 millones en el mismo periodo de 2026. Esto fortalece la generación de divisas, aunque es necesario diversificar exportaciones y reducir la dependencia de minerales y oro. En combustibles, el Gobierno avanzó en la reducción de distorsiones asociadas al subsidio generalizado y estableció un precio de Bs 17,95 por litro para el diésel mediante el DS 5716. El objetivo es acercar el precio al costo de abastecimiento y disminuir incentivos al contrabando. El efecto sobre costos productivos y transporte, sin embargo, requiere compensaciones focalizadas y medidas para evitar nuevos aumentos de precios.
Dificultades y asuntos pendientes
El PIB se contrajo 3,27% durante el primer semestre de 2026 y 5,94% interanual en el segundo trimestre. La construcción, la manufactura, el transporte y otras actividades registraron fuertes caídas. Los bloqueos de 53 días y la escasez de combustibles agravaron la situación, pero la recuperación también depende de inversión, productividad y seguridad económica. La desaceleración de la inflación no elimina el encarecimiento acumulado de alimentos, transporte y servicios. El aumento del precio del diésel repercute en costos de producción, logística y distribución. Los hogares que no reciben incrementos equivalentes en sus ingresos enfrentan una pérdida de capacidad de compra.
La crisis energética carece de solución estructural. La dependencia de combustibles importados, la caída de la producción de hidrocarburos y las dificultades operativas de YPFB continúan afectando la economía. Cambiar los precios internos puede reducir el costo fiscal, pero no reemplaza la necesidad de explorar, producir, invertir y fortalecer la gestión de la empresa estatal. Varias promesas electorales permanecen sin materialización integral: el 50/50 continúa en fase de elaboración normativa; el modelo de capitalismo para todos no cuenta todavía con una reforma integral que aplique sus tres pilares; y el acuerdo con el FMI contradice el compromiso electoral de no acudir a ese organismo. La brecha entre promesas y decisiones genera cuestionamientos sobre la credibilidad de la gestión.
La encuesta de Ipsos CIESMORI difundida el 6 de noviembre registra una caída de la aprobación de 65% en noviembre de 2025 a 25% en octubre de 2026, mientras la desaprobación subió de 18% a 59%. La medición fue en línea, con 400 personas de La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz, por lo que no debe asumirse como una muestra representativa de toda Bolivia. Entre los motivos mencionados aparecen la percepción de corrupción, el manejo económico y el incumplimiento de promesas.
El cumplimiento de las promesas
Las propuestas económicas de campaña se articularon alrededor de cambiar el modelo de administración del Estado, descentralizar recursos, facilitar la actividad privada y recuperar el dinamismo productivo. Entre los compromisos más relevantes estuvieron el modelo 50/50, el “capitalismo para todos”, la reducción de impuestos y aranceles, el cierre o congelamiento de empresas públicas deficitarias, el fortalecimiento de la Aduana, la recuperación de dólares y el compromiso de no recurrir al FMI. También se planteó que la crisis debía resolverse sin medidas de shock y con una política que protegiera el poder adquisitivo.
Una promesa se considera cumplida cuando existe una norma aprobada, financiamiento definido, instituciones responsables y resultados concretos. Si solo hay mesas de trabajo, propuestas preliminares o compromisos de presentar proyectos de ley, corresponde clasificarla como “en proceso”. Cuando una decisión gubernamental contradice directamente un compromiso expreso de campaña, debe reconocerse esa diferencia, aunque el Gobierno justifique la decisión por la gravedad de la situación económica.
El 50/50 fue una de las propuestas más representativas. Su objetivo es que las regiones dispongan de mayores recursos para atender salud, educación, infraestructura, caminos y desarrollo productivo. Durante octubre de 2026 se produjeron reuniones entre el Gobierno y las gobernaciones y se anunció la elaboración de un proyecto de ley especial de coparticipación tributaria. Sin embargo, una reunión y un compromiso de elaborar una norma no equivalen a la aplicación del 50/50. Para considerarlo cumplido deben aprobarse la ley, los criterios de distribución, las competencias y las fuentes de financiamiento, algo que aún está lejos de la oferta de 1% en la coparticipación tributaria para las gobernaciones y de la no inclusión del 50/50 en el PGE 2027. También se debe evitar que la descentralización transfiera responsabilidades sin recursos suficientes.
El capitalismo para todos tenía tres componentes concretos: créditos baratos para producir y comerciar, un impuesto único inferior al 10% y aranceles reducidos. No se trata únicamente de una consigna política: exige cambios profundos en el sistema tributario, el sistema financiero, la administración aduanera y la formalización empresarial. Mientras no exista una reforma legal que permita medir las nuevas tasas, el acceso al crédito y el número de beneficiarios, no corresponde afirmar que el modelo ya fue implementado.
Durante la campaña, Paz descartó acudir al FMI y sostuvo que el país podía enfrentar la crisis recuperando recursos de empresas públicas deficitarias y reduciendo pérdidas. Sin embargo, el 2 de octubre de 2026 el directorio ejecutivo del FMI aprobó un acuerdo por aproximadamente $us 1.900 millones, con un primer desembolso de $us 214 millones y duración de 36 meses. Desde el punto de vista financiero, el acuerdo puede contribuir a fortalecer las reservas y movilizar otros recursos multilaterales. Desde el punto de vista del cumplimiento electoral, representa un cambio claro respecto a la promesa inicial.
Sobre la Aduana, la propuesta señalaba mayor control y medidas para recuperar divisas que permanecían fuera del sistema formal. No permite afirmar que el compromiso electoral textual fuera eliminar la institución. El cumplimiento debe evaluarse por la reducción de la burocracia, la lucha contra el contrabando, la transparencia de los procedimientos, la digitalización y la mejora de los tiempos y costos del comercio exterior. Una reforma administrativa efectiva puede ser más importante que simplemente cambiar el nombre o cerrar la entidad.
En combustibles, la campaña planteó resolver los desequilibrios sin medidas de shock y proteger el poder adquisitivo. En 2026, sin embargo, el precio del diésel llegó a Bs 17,95 por litro, mientras la gasolina especial se mantuvo en Bs 6,96 bajo el esquema de precios establecido. La modificación busca acercarlo al costo económico de abastecimiento y reducir distorsiones, pero sus efectos se trasladan a la estructura de costos de transporte, agricultura, industria y comercio. El cumplimiento de la promesa debe medirse también por la calidad de las compensaciones, la gradualidad y la protección de los sectores vulnerables, no solamente por el ahorro fiscal.
El primer año muestra que varias propuestas centrales permanecen en etapa de diseño o implementación parcial. El 50/50 avanzó hacia una propuesta normativa, pero aún no implica una redistribución efectiva; el capitalismo para todos no se materializó como paquete integral; el compromiso de no acudir al FMI fue abandonado; y la política de combustibles tuvo cambios de mayor impacto que los que sugería el discurso de gradualidad. La credibilidad de la gestión dependerá de que durante el segundo año los anuncios se conviertan en leyes, presupuestos y resultados verificables.
Tres desafíos para 2027
El primero es estabilizar la economía sin profundizar la recesión ni deteriorar el poder adquisitivo. El PGE 2027 proyecta una contracción del PIB de 1,5%, inflación de 10,7% y déficit fiscal de 6,7% del PIB. El Gobierno tendrá que reducir el déficit y cumplir los compromisos del FMI sin recortar indiscriminadamente inversión productiva, salud, educación y programas de protección social. El retiro de subsidios debe acompañarse de compensaciones focalizadas, oportunas y verificables.
El segundo es recuperar la liquidez externa y garantizar la sostenibilidad de la deuda pública. Las RIN aumentaron, pero las divisas disponibles siguen siendo mucho menores que el total de reservas brutas. Se necesita fortalecer las exportaciones, atraer inversión, reducir la dependencia de importaciones energéticas y transparentar todos los pasivos públicos. También debe publicarse vencimientos, tasas, garantías y destino de los nuevos créditos. El financiamiento externo puede ayudar a superar una crisis de liquidez, pero no sustituye la generación permanente de divisas ni corrige por sí solo un déficit fiscal estructural.
El tercero es resolver la crisis energética y reactivar la producción nacional. La economía necesita combustibles disponibles, gas suficiente y reglas claras para atraer inversión a hidrocarburos, minería, agroindustria e industria. La reestructuración de YPFB, la exploración de nuevos campos, el desarrollo de proveedores privados y la diversificación exportadora deben convertirse en resultados medibles. Sin producción, inversión y empleo formal, la estabilización financiera tendrá un impacto limitado en la vida de la población.
Recomendaciones para la gestión
Para mejorar la gestión económica se requiere un ajuste fiscal ordenado, transparente y socialmente sostenible. El Gobierno debe publicar un programa plurianual de reducción del déficit que identifique cuánto se ahorrará en gasto corriente, subsidios, transferencias improductivas y empresas públicas deficitarias. El ajuste no debe concentrarse en reducir inversión pública esencial, salud, educación o programas de protección a hogares vulnerables. Antes de aplicar nuevas alzas de precios, deben existir mecanismos de compensación focalizada, oportunos y verificables. Cada trimestre se deberían publicar los avances de las metas fiscales y el destino de los ahorros obtenidos.
Es necesario fortalecer la liquidez externa y establecer una política cambiaria previsible. El BCB debe mantener información periódica sobre reservas brutas, divisas líquidas, oro, obligaciones externas y operaciones de compra y venta de moneda extranjera. La política cambiaria debe reducir la incertidumbre y evitar movimientos abruptos que terminen trasladándose a los precios internos. El Estado debe limitar el financiamiento monetario del déficit y desarrollar un plan de manejo de deuda que priorice plazos sostenibles, tasas razonables y financiamiento destinado a proyectos que generen ingresos y divisas.
Se necesita una reforma integral del sector energético y de YPFB. Se requiere una auditoría técnica, financiera y operativa de la empresa, con publicación de costos de importación, contratos, volúmenes de producción, pérdidas y resultados de inversión. Deben establecerse reglas claras para atraer capital privado a exploración, producción, transporte y almacenamiento, con seguridad jurídica y fiscalización efectiva. También hay que fortalecer la producción nacional de combustibles y diversificar la matriz energética. El objetivo debe ser reducir gradualmente la dependencia de importaciones y evitar que cada crisis internacional se convierta en una crisis de abastecimiento interno.
Por último, hay que convertir las promesas de reforma institucional en leyes, plazos y resultados medibles. El Gobierno debe presentar una hoja de ruta concreta para el 50/50, con criterios técnicos de distribución, responsabilidades fiscales y fortalecimiento de gobernaciones y municipios. También debe reformar la Aduana, simplificar el sistema tributario, facilitar la formalización y ampliar el crédito productivo para pequeñas y medianas empresas. Cada reforma debe tener un cronograma, metas cuantificables y rendición pública de cuentas. La credibilidad se recupera cuando las promesas se convierten en normas y resultados verificables.
Luis Fernando Romero Torrejón es economista.
La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Enfoque News.
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