El exministro de Defensa Edmundo Novillo pasó su primera noche en celdas policiales tras ser aprehendido por el caso radares. Un juez deberá definir su situación jurídica en una investigación por presunto daño económico al Estado superior a Bs 1.478 millones.
Novillo fue aprehendido después de declarar ante la Fiscalía de La Paz y trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc). El exministro, que ejerció durante el gobierno de Luis Arce, rechazó las acusaciones y aseguró que presentó documentación para respaldar su defensa.
«Yo soy inocente, he presentado todos mis descargos, tanto legales como también documentales», manifestó ante los medios de comunicación. También cuestionó la decisión de privarlo de libertad.
Caso radares
La investigación se originó en una denuncia presentada el 15 de octubre por el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, con respaldo de la Procuraduría General del Estado. El proceso comprende a 19 personas, entre exautoridades, funcionarios y representantes de la empresa proveedora.
El expediente examina la adquisición del Sistema Integrado de Defensa Aérea y Control de Tránsito Aéreo (Sidacta), contratado en 2016 con la francesa Thales Air Systems por 191,07 millones de euros. El proyecto contemplaba siete radares militares, seis civiles y la infraestructura necesaria para su funcionamiento.
Una revisión técnica estableció que únicamente dos equipos operaban sin observaciones, nueve presentaban reparos y otros dos estaban fuera de servicio. La evaluación también cuestionó los informes que reportaban una ejecución física del 100% y financiera del 97,85%.
Exministros investigados
El contrato, suscrito durante la administración de Evo Morales, experimentó siete modificaciones. El plazo inicial de 31 meses terminó ampliándose a 82, mientras que la demostración final se realizó a los 98 meses.
Las actuaciones investigadas involucran a los exministros Reymi Ferreira, Javier Zavaleta, Luis Fernando López y Edmundo Novillo, quienes participaron en distintas modificaciones contractuales durante tres gobiernos.
Ferreira negó irregularidades y señaló que los cambios aprobados durante su gestión fueron administrativos. López, por su parte, expresó su disposición a comparecer ante la Justicia para ejercer su defensa.
El ministro Justiniano señaló que la investigación debe establecer responsabilidades individuales y no limitarse a los cargos que ocuparon los denunciados.




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