Según la Real Academia Española (RAE), “impregnar” significa hacer que las partículas de un cuerpo penetren en las de otro, fijándose por afinidades mecánicas o fisicoquímicas; asimismo, mojar de manera considerable un cuerpo poroso. Por su parte, “pringar” se relaciona con denigrar, infamar o descalificar la fama de alguien, y también con comprometerlo en un asunto ilegal o de dudosa moralidad.
Traigo a colación estas definiciones porque es precisamente lo que, lamentablemente, les está ocurriendo a los exportadores de madera de Bolivia y al propio país a raíz de una acusación realizada hace más de un mes y que hasta ahora no ha sido demostrada.
En efecto, el 8 de junio de 2026 —nefasto día, por cierto— el Fiscal Regional de Arica lanzó públicamente la temeraria aseveración (hasta ahora no comprobada) de que habían sido retenidas más de 1.000 toneladas de madera boliviana exportada por ese puerto con destino a ultramar, por estar “impregnadas” de sustancias controladas. Esta afirmación no contaba con un solo caso investigado ni con un solo análisis de laboratorio que la respaldara. El resultado fue un daño terrible, no solo a las empresas exportadoras afectadas, sino a todo el sector forestal maderero boliviano y a la reputación del país.
La Cámara Forestal de Bolivia (CFB), a través de su presidente, Pedro Colanzi Serrate, informó en conferencia de prensa el 16 de julio de 2026 que “los primeros resultados de laboratorio recibidos oficialmente por empresas forestales cuyas cargas permanecían retenidas en Pisiga (Oruro), en la frontera con Chile, y en Brasil, no evidencian la presencia de sustancias controladas. Estos antecedentes, sumados a las recientes declaraciones del Fiscal General del Estado, comienzan a aportar certidumbre sobre un caso que durante más de un mes provocó la mayor crisis exportadora de la historia reciente del sector forestal y constituyen elementos objetivos que justifican revisar las medidas extraordinarias que actualmente mantienen paralizadas las exportaciones forestales”.
Colanzi recalcó que “la evidencia científica debe ser siempre la base sobre la cual se construyan las decisiones públicas”. ¡Por supuesto que sí!
El 8 de julio pasado, Colanzi ya había informado que las exportaciones forestales se habían derrumbado en más del 66 %, cayendo a niveles inferiores a los registrados durante la pandemia. La crisis del sector es consecuencia directa de la paralización de las exportaciones, que afecta a trabajadores, comunidades forestales, transportistas, industrias y pequeñas empresas que dependen del comercio legal de productos forestales. Se ponen en riesgo más de 200.000 fuentes de empleo directas e indirectas en todo el territorio nacional y se compromete la principal fuente de ingresos de muchas familias bolivianas.
Lo cierto es que los análisis de laboratorio con procedimientos científicos confirmaron lo que siempre se sostuvo: que las maderas tropicales exportadas por Bolivia, dada su dureza y escasa porosidad —como lo señala el prestigioso Centro Internacional de Investigación Agronómica en Europa—, no pueden impregnarse de la forma en que lo afirmó el Fiscal Regional de Arica. En cambio, lo que esta grave acusación sí logró fue “pringar” de dudas a nuestros exportadores, al sector maderero y a la propia imagen-país, a partir de la anunciada pero nunca comprobada “incautación histórica en Chile de al menos 108 toneladas de sustancias controladas impregnadas en maderas bolivianas”.
¿No resulta paradójico que, a los exportadores, al sector forestal y al país, no solo los golpearon recientemente los bloqueadores de carreteras, sino que ahora sea la Administración de Justicia chilena la que viene bloqueando desde hace meses a los empresarios bolivianos, causándoles pérdidas de incalculable valor?
Esto genera muchas preguntas: ¿Quién responderá por los daños económicos derivados del incumplimiento en la entrega de productos madereros en el exterior? ¿Alguien se hará cargo de enmendar las rupturas comerciales y la pérdida de mercados? ¿La misma autoridad chilena saldrá a anunciar a los cuatro vientos, tal como lo hizo hace más de un mes con su acusación de “la mayor incautación histórica de maderas bolivianas impregnadas con sustancias controladas”, que los análisis de laboratorio realizados en Brasil, Bolivia y, según se sabe, también en Chile, demuestran su error? ¿Cómo se corregirá el daño a la imagen-país y a la dignidad de las personas afectadas por esta injusticia que ya se prolonga por más de seis meses?
Como dijo un gran empresario a quien admiro por su valor, profesionalismo y tesón, esta situación tiene tres costos claros: económico, social y moral. Sobre ellos escribiré en otra ocasión para explicar que del primero se puede salir adelante con mucho esfuerzo; que el segundo implicará dolor para los bolivianos por la pérdida de empleos e ingresos; y que, en cuanto al tercero, cabe preguntarse: ¿Quién debería pagar por la dignidad humana y del país, pringada por una falsa denuncia?
¿Qué dice usted?
Gary Antonio Rodríguez Álvarez es Economista y Magíster en Comercio Internacional.
La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Enfoque News.
Sobre el autor
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