El año pasado, con motivo de las elecciones generales, todas las candidaturas, sin excepción, se comprometieron a transformar la justicia para que sea independiente, eficiente y transparente. Hace cuatro meses asumió un nuevo Órgano Ejecutivo que dice representar el nuevo ciclo político. En el Órgano Legislativo hay seis fuerzas políticas representadas, que se supone responden a una lógica diferente y están al servicio de la comunidad. Producto de los comicios judiciales de 2024, también existe una nueva camada de autoridades en los máximos niveles del Órgano Judicial.
En enero de este año, las cúpulas de estos órganos —incluidos el Electoral y la Fiscalía General— se reunieron en una especie de cumbre por la reforma de la justicia en Sucre, la capital del país y sede del Poder Judicial. Sin embargo, todo lo que se dijo allí parece haber perdido sentido apenas concluyó el evento, dirigido por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia. La inacción se apoderó rápidamente de los nuevos actores de los poderes públicos.
Los abusos, las extorsiones, las injusticias, las manipulaciones, la retardación de justicia, la preservación de estructuras corruptas y la persecución política no han sido erradicados. Todo lo que hemos visto en estos meses es una agudización de lo más execrable de la justicia en tiempos del populismo autoritario del MAS. ¿Qué seguridad jurídica se puede ofrecer a la sociedad y a los inversores extranjeros si la crisis judicial parece no importarle al nuevo poder constituido?
En medio de la tragedia ocurrida en El Alto por el accidente de un avión gigante que transportaba 18 toneladas de billetes nuevos, se denunció extorsión a quienes fueron aprehendidos por el hurto de papel moneda sin valor legal, con la amenaza de enviarlos con detención preventiva a tres cárceles paceñas. Por eso el número oficial de detenidos preventivos variaba de un momento a otro: 19 al inicio, 26 después y finalmente 24. Hay cientos de otros ejemplos, pero menciono solo un par más para no deprimirnos con la inacción.
En Potosí, la justicia envió a la alcaldesa de la capital a la cárcel de Cantumarca por siete días —sí, por una semana—. Una concejala corrió la misma suerte y cuatro legisladores locales fueron aprehendidos, sindicados de incumplimiento de deberes. El encarcelamiento por siete días y las aprehensiones ocurrieron a tres semanas de las elecciones regionales y dos meses del cambio de autoridades en la Villa Imperial.
Está claro que jueces, fiscales y policías se prestaron a intereses de alguien que seguramente busca asumir el Gobierno Municipal de Potosí para meterse dineros públicos en los bolsillos en tiempo récord o dejar montada una estructura de corrupción que opere posteriormente.
Y si de oprobios judiciales hablamos, en Santa Cruz un bombero forestal oriundo de Beni, que se encontraba en sesión de diálisis, fue desconectado de los equipos médicos para ser aprehendido y llevado ante la justicia, en una flagrante violación a los derechos humanos y a las garantías constitucionales de cualquier ciudadano boliviano, así esté acusado de presuntos delitos.
El bombero fue enviado con detención domiciliaria para que pudiera continuar con su tratamiento, como si fuese una concesión del cuestionado sistema. Solo el escándalo mediático ante el inhumano abuso judicial lo hizo posible.
¿Qué otras aberraciones más tienen que ocurrir para que quienes prometieron cambiar la justicia realmente lo hagan? Del poder se espera poco en estas circunstancias. En lugar de señales claras de transformación, coherentes con el nuevo ciclo, suceden hechos que desalientan a los ingenuos que creyeron en las promesas y fortalecen a los defensores de una justicia corrupta, ineficiente y sometida al poder político y económico.
En ese oscuro panorama aparece una alternativa que puede generar esperanza de tener una justicia decente, aunque requiere el apoyo de la sociedad civil organizada y de la institucionalidad estatal. El colectivo de juristas independientes —que en 2023 intentó impulsar la reforma judicial vía referéndum constitucional, pero no logró recolectar un millón y medio de firmas— se ha reorganizado para buscar lo mismo, pero por otra ruta: la acción legislativa, ahora que existe una nueva correlación de fuerzas en el Congreso.
José Antonio Rivera, uno de los integrantes del grupo, explica que el desafío consiste en proponer y luego impulsar la aprobación, sanción y promulgación de una ley que cree una comisión de notables —independientes del poder político y sin percibir sueldos del Estado por la tarea—, para encaminar la reforma judicial en un plazo acordado con la institucionalidad del país. Se llamaría Comisión Nacional para la Transformación de la Justicia.
¿Nacerá este mecanismo que busca superar la irritante inacción del poder actual? Rivera cree que sí. Los juristas independientes han iniciado encuentros con representantes de diversas instituciones en Sucre. Harán lo mismo en Santa Cruz y La Paz, para rematar con la presentación del proyecto de ley, previa solicitud de reuniones con el presidente, el vicepresidente, los presidentes de las cámaras legislativas y los presidentes de los altos tribunales del país. Será una nueva cruzada, intuye el colectivo.
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia anunció la presentación al Legislativo de un paquete de normas relacionado con la demanda de una nueva justicia, poniendo énfasis en la implementación de un sistema informático de gestión de causas que busca convertir los cientos de miles de expedientes en legajos digitales. Ojalá no se trate de otra muestra de cosmetología política e institucional, tan frecuente en el país.
El proceso electoral regional ha ingresado a su fase final —aunque en abril habrá segundas vueltas en varios departamentos—, pero indudablemente el país estará más predispuesto a poner atención en la resolución de uno de los grandes males de Bolivia: una crisis terminal de la justicia que toca a todos y se agrava día a día.
Edwin Cacho Herrera Salinas es periodista y analista.
La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Enfoque News.
Sobre el autor
¿Cambio de administradores?
La última dictadura militar sangrienta en Bolivia, dirigida en 1980 por Luis García Meza y Luis Arce Gómez —ambos fallecidos—, consolidó en poco más de un año una relación umbilical del poder con el narcotráfico. No fue la primera narcodictadura en el país, pero el nivel de descaro que mostraba llegó a tal grado que el temido ministro del Interior de esa época era conocido como el “ministro de la cocaína” en Estados Unidos y en la región. En tiempos de la UDP (1982-1985), Roberto Suárez Gómez ofreció pagar la deuda externa del país a cambio de impunidad para sus actividades narcotraficantes. En 1986, durante el cuarto mandato de Víctor Paz Estenssoro, el asesinato del profesor Noel Kempff Mercado en Huanchaca puso al descubierto la gigantesca fábrica de cocaína instalada en la Serranía de Caparuch y dio paso a una […]
Un año sin nuevo ciclo
Falta poco para el 8 de noviembre, día en el que muchos se preguntarán si Bolivia camina hacia un nuevo ciclo económico y político. ¿Cuál es el nuevo modelo estatal y hacia dónde nos conduce? Unos dirán que se han dado pasos significativos en eso de ordenar la casa para avanzar por una nueva ruta. Otros sostendrán que estamos a tientas, con brújula ajena. Se viene el tiempo de las evaluaciones, a propósito del primer año de gobierno de Rodrigo Paz, y lo verdaderamente importante para la inauguración de un nuevo ciclo es todavía una tarea pendiente. Salta a la vista que uno de los aspectos fundamentales en un cambio de ciclo es la necesidad de estructurar un nuevo armazón normativo, comenzando por la Constitución. En tres ocasiones, durante el primer año de gestión, el presidente y algunos de los […]
La ruta de los tres muchachos
Tenían en común tres elementos singulares: los tres eran treintañeros, aventureros y poseían una codicia que no conocía límites. Uno de ellos, el extranjero, ya había amasado una fortuna con actividades ilícitas, sobre todo en Paraguay. Los otros dos, los bolivianos, querían hacerlo lo más pronto posible, aprovechando el poder público. El narcotráfico y su protección desde el Estado unieron sus caminos por un largo momento. Querían más: convertir a Bolivia en un narcoestado. Estuvieron cerca de lograrlo. Sebastián Marset (35), el narcotraficante uruguayo que hizo de Bolivia su centro de operaciones a nivel global, aguarda encerrado en una cárcel de Virginia, en Estados Unidos, el inicio de un juicio que puede poner al descubierto la red de protección que tejió en el país para ostentar el alias de El Rey del Sur. El juicio por cargos de narcotráfico, lavado […]
Todo en una semana
La cuestionada escala aérea en Boca Ratón no podía echar el plan por la borda. Fue el propio Rodrigo Paz quien despejó el camino antes del mediodía. Protagonizó una conferencia de prensa en la que buscó trasladar los reflectores al caudillo del trópico. Era lunes 28 de septiembre, inicio de semana, día elegido para retomar la iniciativa política y cambiar la agenda pública. El plan tenía un cronograma y el puntapié inicial le correspondía a Estados Unidos. Al comenzar la tarde, los medios y periodistas recibieron datos y una lista negra de autoridades y exautoridades. Están prohibidas de ingresar a territorio estadounidense por decisión del gobierno de Donald Trump. Los narcovínculos del siglo XXI dejaron 12 desvisados, además de sus familias; 9 inelegibles, y el anuncio de otros 20 que ya no podrán ir a Disneylandia. El caso más llamativo […]
“Socialismo narcoterrorista”
“Derecha vendepatria”. Así caracterizaron políticamente Evo Morales y el MAS a los 20 años de gobiernos neoliberales (1985-2005) y a cerca de 200 años de abusos, exclusiones, expropiaciones y persecuciones contra sectores populares del país. Fue el soporte discursivo, la narrativa, para el “proceso de cambio”, la Asamblea Constituyente y la “nacionalización” de los recursos naturales. Fue la etiqueta más efectiva, en términos de discurso y posicionamiento político, utilizada para separar a unos y otros rumbo a la construcción del Estado Plurinacional. Esa caracterización sirvió para establecer con claridad, siempre en el plano discursivo, simbólico y, por supuesto, político, quiénes eran los enemigos de los campesinos, indígenas y obreros que habían llegado al poder democráticamente, con una votación jamás alcanzada en la historia democrática del país: 53,74 % en las elecciones generales de 2005. Luego, Morales y el MAS transaron […]
El desafío en la frontera
En una semana, ocho hombres fueron asesinados a tiros en una nueva ofensiva narco en los departamentos de Santa Cruz, Beni y Cochabamba. El registro del diario El Deber dio cuenta de 43 abatidos a nivel nacional hasta el lunes 14 de septiembre, consignando la ejecución de dos bolivianos en San Ignacio de Velasco y un brasileño en Trinidad. La cifra subió a 48 al cerrar la semana, con otros cinco acribillados: dos más en San Ignacio de Velasco y uno en Santa Cruz de la Sierra, Entre Ríos y Riberalta. Casi 50 personas asesinadas como producto de la violencia narco en lo que va del año. La mayoría de las víctimas son jóvenes de los municipios fronterizos de Pando, Beni y Santa Cruz. Muchos son extranjeros, sobre todo de nacionalidad brasileña, dada la facilidad con la que se cruza […]
Relacionado
Abusos con el idioma
El 31 de agosto de 2026 se puso fin a un abuso que nunca estuvo plenamente justificado: la vigencia del “Certificado Único de Idiomas Oficiales del Estado Plurinacional de Bolivia”, requisito ineludible para el acceso a la función pública. El fondo de la exigencia era legítimo: validar los idiomas originarios y evitar su desaparición. Se introdujo en la normativa boliviana mediante el primer parágrafo del artículo 5 de la Constitución Política del Estado (CPE), que reconoce 36 de esos idiomas como oficiales de Bolivia, además del español, al que el texto constitucional sigue llamando castellano. Más adelante, el artículo 234 establece como exigencia “para acceder al desempeño de funciones públicas” el “hablar al menos dos idiomas oficiales del país” (234.7). Hasta ahí todo estaba muy bien, pero los problemas comenzaron cuando los funcionarios encargados de aplicar esas reformas constitucionales las […]
Comprar barato de contrabando puede salir muy caro
¿Qué pensaría si le digo que 93 de cada 100 personas opinan que el contrabando en Bolivia no solo es alto, sino que está descontrolado? ¿Opinaría igual? ¿Y si le dijera que 7 de cada 10 personas, sabiendo que el contrabando es ilegal, compran igual porque es más barato? ¿Hace usted lo mismo? ¿Cree usted, como 91 de cada 100, que los productos de contrabando han aumentado en los mercados y ferias? Y, con la mano en el pecho: ¿cree que Bolivia podrá salir adelante así? Hay momentos, como ahora, en los que es preciso hacer un alto a la luz de la inocultable evidencia y reflexionar sobre la Bolivia que estamos construyendo o destruyendo (todo depende del cristal con que se mire). Un reciente sondeo de opinión del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), realizado del 17 al 30 […]
Bolivia, puesto 114 en innovación: el diagnóstico que no admite demoras
El Índice Global de Innovación 2026 confirma una tendencia que el mundo ya conoce: la inteligencia artificial, la digitalización, la biotecnología y la automatización siguen avanzando. La inversión mundial en investigación y desarrollo creció 4,7 % en términos reales en 2024, las publicaciones científicas superaron los 2,4 millones de artículos y el capital de riesgo alcanzó 510.000 millones de dólares. Suiza, Suecia y Estados Unidos lideran el ranking, seguidos de cerca por Corea del Sur y Singapur. China, décima a nivel mundial, es la economía de ingresos medios mejor posicionada. América Latina y el Caribe, en cambio, mantiene una posición rezagada. Chile ocupa el primer lugar regional (puesto 51 mundial, 33,8 puntos), seguido por Brasil (53) y México (65). Brasil es el único país de la región que supera las expectativas de innovación según su nivel de desarrollo y destina […]
¿Cambio de administradores?
La última dictadura militar sangrienta en Bolivia, dirigida en 1980 por Luis García Meza y Luis Arce Gómez —ambos fallecidos—, consolidó en poco más de un año una relación umbilical del poder con el narcotráfico. No fue la primera narcodictadura en el país, pero el nivel de descaro que mostraba llegó a tal grado que el temido ministro del Interior de esa época era conocido como el “ministro de la cocaína” en Estados Unidos y en la región. En tiempos de la UDP (1982-1985), Roberto Suárez Gómez ofreció pagar la deuda externa del país a cambio de impunidad para sus actividades narcotraficantes. En 1986, durante el cuarto mandato de Víctor Paz Estenssoro, el asesinato del profesor Noel Kempff Mercado en Huanchaca puso al descubierto la gigantesca fábrica de cocaína instalada en la Serranía de Caparuch y dio paso a una […]
De víctimas a “vístimas”
En Bolivia, la cárcel puede convertirse en trampolín electoral. Basta con convencer a una parte del país de que uno no responde ante la justicia, sino que padece persecución. Después, solo queda presentarse como salvador de la nación. Nilton Condori y Juan José Zúñiga parecen haber descubierto el atractivo político de ese relato. Condori está en prisión preventiva y Zúñiga, que también estuvo encarcelado, cumple detención domiciliaria mientras continúa el proceso por los hechos del 26 de junio de 2024, cuando militares y blindados llegaron a la Plaza Murillo. Sus situaciones judiciales son distintas y las acusaciones pendientes no equivalen a condenas. Ambos aspiran a la Presidencia y pueden convertir sus conflictos con el poder en capital político. Ahí aparece la “vístima”: quien no solo se presenta como víctima, sino que encuentra en el agravio una oportunidad para ganar simpatías. […]
¿Qué dijeron Paz y Kast sobre la quema de nuestras maderas?
No solo hay angustia, sino indignación en el país por la dolosa confiscación de maderas bolivianas exportadas a ultramar por Arica y la indolente quema de estas, transgrediendo el derecho a la propiedad privada, así como el libre tránsito comprometido por el Tratado de Paz y Amistad de 1904, firmado con Chile luego de una guerra que le arrebató el Litoral a Bolivia. Unos 60 contenedores con 1.000 toneladas de maderas duras fueron “retenidos” durante el último año por la Fiscalía Regional de Arica, provocando daños económicos y reputacionales a 23 empresas afectadas, así como al sector forestal boliviano, a la imagen del país, a la honorabilidad de los clientes internacionales y, por último, a 20.000 familias que ya no tienen ingresos por la quiebra de empresas, la paralización de actividades y la pérdida de mercados. Pese a los clamorosos […]
Sé el primero en dejar un comentario