La reciente promulgación de los decretos supremos 5630, 5629 y 5628 refleja con claridad el momento económico y político que atraviesa Bolivia. Son medidas diseñadas para responder a problemas inmediatos: aliviar la situación de los deudores afectados por la crisis, evitar interrupciones en la producción industrial y enviar una señal de austeridad desde las más altas esferas del Estado. Sin embargo, aunque cada una de estas disposiciones puede generar efectos positivos de corto plazo, ninguna resuelve las causas estructurales que han llevado al país a una situación de creciente fragilidad económica.
El Decreto Supremo 5630, referido a la reprogramación y refinanciamiento de créditos, busca contener el deterioro de la cartera bancaria en un contexto donde miles de familias y empresas han visto afectada su capacidad de pago. La medida ofrece un alivio temporal al permitir que los prestatarios renegocien sus obligaciones sin sufrir una reclasificación automática de riesgo. Esto ayuda a preservar la estabilidad de los indicadores financieros y evita un incremento abrupto de la mora.
No obstante, sería un error interpretar este mecanismo como una solución definitiva. La medida no elimina el riesgo crediticio; simplemente lo desplaza hacia el futuro. Si la actividad económica no se recupera con suficiente dinamismo durante los próximos meses, es probable que una parte importante de los créditos reprogramados vuelva a enfrentar dificultades de pago. En otras palabras, el decreto compra tiempo, pero no garantiza una mejora sostenible de la capacidad financiera de los deudores.
Por su parte, el Decreto Supremo 5629 responde a otro de los problemas que han marcado la coyuntura reciente: las dificultades de abastecimiento que afectan a diversos sectores productivos. La autorización excepcional para importar solventes de manera directa constituye una decisión pragmática que puede evitar paralizaciones industriales y reducir costos asociados a interrupciones productivas.
La medida beneficia especialmente a sectores estratégicos como la minería, la manufactura, la agroindustria y la industria química. Sin embargo, su alcance también tiene límites evidentes. La flexibilización de importaciones puede aliviar cuellos de botella específicos, pero no resolverá los problemas estructurales vinculados al suministro de combustibles, la logística nacional o la incertidumbre generada por los conflictos sociales. Mientras persistan factores que afectan la circulación de bienes y la actividad económica, cualquier mejora será necesariamente parcial.
El tercer decreto, el 5628, tiene una naturaleza distinta. El aporte voluntario del 50% del salario líquido del Presidente y de los ministros a programas de salud posee una dimensión principalmente simbólica. Desde una perspectiva fiscal, el impacto será marginal frente a un presupuesto público que mueve miles de millones de bolivianos cada año. Ningún desequilibrio fiscal relevante será corregido mediante esta iniciativa.
Sin embargo, desestimar completamente la medida también sería un error. En períodos de dificultad económica, los símbolos importan. La ciudadanía suele demandar señales de compromiso y solidaridad de quienes ejercen el poder. El problema surge cuando los gestos simbólicos terminan sustituyendo el debate sobre las reformas realmente necesarias. Bolivia enfrenta desafíos fiscales que requieren decisiones mucho más profundas: una mejor focalización de subsidios, mayor eficiencia en las empresas públicas, racionalización del gasto corriente, fortalecimiento de la recaudación y generación de condiciones favorables para la inversión y las exportaciones.
La transparencia en el manejo de estos aportes será igualmente determinante. Si los recursos recaudados no son acompañados por mecanismos claros de rendición de cuentas, el efecto político positivo podría diluirse rápidamente.
En conjunto, los tres decretos muestran una estrategia orientada a estabilizar una coyuntura particularmente compleja. El Gobierno intenta reducir tensiones financieras, sostener la producción y transmitir una señal de responsabilidad política en medio de un escenario marcado por conflictos sociales, bloqueos prolongados y crecientes restricciones económicas.
Sin embargo, la verdadera discusión debería centrarse en lo que viene después. Ninguna economía puede construir estabilidad duradera únicamente mediante medidas de emergencia. La reprogramación de créditos, las autorizaciones excepcionales de importación y los aportes solidarios pueden aliviar síntomas, pero no curan la enfermedad. Los problemas fiscales, productivos y de confianza que enfrenta Bolivia exigen reformas de mayor alcance, capaces de generar crecimiento, recuperar la inversión y fortalecer la institucionalidad económica.
Los decretos aprobados son comprensibles y probablemente necesarios en el corto plazo. Pero el país no puede conformarse con administrar la crisis. La tarea pendiente sigue siendo construir las condiciones para superarla.
Luis Fernando Romero Torrejón es presidente del Colegio Departamental de Economistas de Tarija.
La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Enfoque News.
Sobre el autor
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