En Bolivia, el caos político no es la ausencia de poder constituido. Es algo más preocupante: es el poder funcionando sin coherencia, sin jerarquía clara, sin brújula institucional y sin reglas estables. Es el Estado tomando decisiones sin que nadie —ni dentro ni fuera del Gobierno— pueda anticipar hacia dónde se mueven.
A poco de cumplir seis meses de gestión, el país ha visto desfilar a tres presidentes de YPFB y la destitución de Mauricio Medinaceli, un ministro clave en medio de una crisis energética que no da tregua. Por si fuera poco, se sumó la renuncia del viceministro de Seguridad Ciudadana, el segundo de ese rango en alejarse del Ministerio de Gobierno en este breve tiempo.
No es solo una rotación de autoridades; es la descomposición del mando político. Es la constatación de que el oficialismo gobierna el Ejecutivo, pero tiene escasa influencia en el Legislativo y su presencia en el mapa regional se acerca a lo residual. Logró apenas dos de nueve gobernaciones —una de ellas con cuestionamientos de legitimidad democrática—, lo que le obliga a convivir, o chocar, con liderazgos autonómicos que no le responderán.
Y ahí aparece otra capa del caos que envuelve a la actual administración: el poder fragmentado. No hay hegemonía, pero tampoco equilibrio; hay dispersión. El cuadro se completa con una economía que presiona desde abajo: la mala calidad de la gasolina y la escasez de diésel han provocado que las protestas y bloqueos de transportistas reaparezcan en La Paz y El Alto como un síntoma de desconfianza social. Hay que recordar que, en este país, cuando la economía se tensiona, la política se incendia.
Sin embargo, el síntoma más revelador no parece estar en las calles, sino dentro del propio poder. Las tensiones internas —incluyendo los enfrentamientos entre el presidente y el vicepresidente desde el inicio de la gestión— muestran que el conflicto ya no es solo entre el oficialismo y la oposición, sino entre las tres facciones del PDC. Esto deja ver lo que le sucedió al MAS en su fase final: la implosión.
Con estos antecedentes, hablar de “caos político” no es una exageración retórica. Es describir un sistema en el que las decisiones son reactivas, no estratégicas; las autoridades son transitorias, no estables; y el poder es motivo de disputa incluso dentro del propio Gobierno. El problema es que el caos político, cuando se vuelve rutina, deja de ser crisis para convertirse en método. Y cuando eso ocurre, la institucionalidad deja de ordenar la política y empieza, simplemente, a sobrevivirla.
A continuación, planteo algunos elementos que podrían servir para revertir la situación antes de que sea demasiado tarde. Salir del caos no pasa únicamente por “ordenar la comunicación”, como se escucha repetidamente, ni por cambios cosméticos en el Ejecutivo. Requiere reconstruir las reglas del juego tanto hacia adentro como hacia afuera.
- Restituir la cadena de mando: No hay gobernabilidad posible si los ministros duran semanas o si las empresas estratégicas funcionan como puertas giratorias. Hemos visto versiones contradictorias sobre la mala gasolina, incluida la denuncia de sabotaje del propio mandatario, que se han diluido con el tiempo. Recomponer la autoridad presidencial y ministerial es indispensable.
- Reordenar el frente interno: Mientras el oficialismo procese sus disputas en público y no clarifique su situación en el bloque parlamentario, cualquier intento de gobernar será débil. La historia boliviana muestra que las fracturas internas suelen ser más determinantes que la presión opositora; los casos de Siles-Paz Zamora, Sánchez de Lozada-Mesa o Paz-Lara son ejemplos claros.
- Recuperar la iniciativa: Hoy el Gobierno reacciona a la crisis energética o a los escándalos mediáticos, pero no fija la agenda nacional. Sin equipos consolidados no hay política pública, solo administración del sobresalto.
- Gobernar con horizonte: Esto implica anticiparse a los conflictos, transparentar decisiones críticas (como la gestión de combustibles) y asumir los costos políticos antes de que la realidad los imponga.
Un Ejecutivo debilitado en las regiones no puede actuar como si tuviera un control hegemónico. La convivencia con gobernaciones adversas requiere negociación política real, no solo administrar tensiones. La alternativa —el choque permanente— solo profundizará la fragmentación.
Cuando la población percibe improvisación y falta de claridad, el resultado es la deslegitimación política. Recuperar la confianza no se logra con discursos, sino con coherencia sostenida. Seguir gobernando en modo reactivo y con liderazgos en disputa es una invitación a prolongar el desorden. El problema de fondo no es que el poder esté en crisis; es que, hasta ahora, parece sentirse cómodo en ella.
Edwin Cacho Herrera Salinas es periodista y analista.
La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Enfoque News.
Sobre el autor
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