
Bolivia se ubica en el puesto 130 de 143 países en el Índice de Estado de Derecho 2026, elaborado por World Justice Project, con una puntuación de 0,37 sobre 1. El país registra su peor resultado en justicia penal, donde ocupa el penúltimo lugar del ranking mundial.
La clasificación, publicada a finales de octubre, representa un ascenso de una posición respecto a 2025, aunque sin mejoras en la calificación general. En Latinoamérica, Bolivia ocupa el puesto 29 de 32 países, por delante únicamente de Nicaragua, Haití y Venezuela.
Justicia penal y civil
El desempeño más bajo corresponde a la justicia penal, con 0,19 puntos y el puesto 142 entre 143 naciones. El indicador evalúa la eficacia de las investigaciones, los tiempos procesales, las garantías judiciales y la independencia de los tribunales.
En justicia civil, Bolivia figura en el puesto 140, con 0,30 puntos. El resultado refleja dificultades relacionadas con el acceso a los tribunales, las demoras procesales y el cumplimiento de las resoluciones.
El indicador de ausencia de corrupción también mantiene al país entre los últimos de la región. Aunque pasó del puesto 141 al 140 y elevó su puntuación de 0,23 a 0,24, Bolivia ocupa el lugar 31 de 32 países latinoamericanos.
Investigaciones judiciales
El panorama coincide con investigaciones que involucran a exautoridades y funcionarios vinculados al sistema judicial. Mariaca permanece con detención preventiva en Cantumarca, Potosí, por procesos relacionados con presunto narcotráfico, organización criminal y legitimación de ganancias ilícitas.
Zeballos fue trasladado a El Abra; el exfiscal Martín Irusta, a Patacamaya, y el mayor policial Rubén Aparicio, a Chonchocoro. Otro expediente contra Mariaca se abrió tras el hallazgo de Bs 3,5 millones y dólares en una ambulancia que salió de su vivienda el día de su aprehensión. Posteriormente, se realizaron al menos 11 allanamientos en propiedades vinculadas al exfiscal.
Las pesquisas también mencionan a Luis Carlos Torrez, Delmy Guzmán, Heber Zeballos y Mauricio Requena. Saucedo abandonó el país, negó vínculos con el narcotráfico y denunció persecución.
En el caso maletas, Aldo Quezada y Julio César Porras recibieron el 13 de noviembre condenas de tres años por organización criminal, mediante procedimientos abreviados. Sin embargo, todavía no se esclarecieron quién organizó el traslado de las valijas, su contenido ni su destino final.








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