Les gusta ubicarse muy cerca del poder nacional, departamental o local, porque de esa proximidad obtienen ventajas y privilegios. Lo hicieron durante los regímenes del MAS —tanto con Evo Morales como con Luis Arce— y les fue bastante bien. Hoy están detrás de la posibilidad de aliarse al gobierno de Rodrigo Paz, aprovechando la crisis de la gasolina. Los dirigentes de los choferes saben que esta es la oportunidad para codearse con los más altos niveles gubernamentales y tener acceso a influencias y prebendas.
Hay que recordar lo que ocurrió con Ismael Fernández, secretario ejecutivo de la Confederación de Choferes de Bolivia, cuando Evo Morales conducía el país. Llegó a formar parte del Pacto de Unidad y se convirtió en vocero de las organizaciones sociales sometidas al masismo. Terminó como un próspero empresario del transporte de pasajeros, pero también fue vinculado a la apropiación de porcentajes de peajes y al desvío de aportes de los afiliados de su sector.
En el gobierno de Luis Arce, la dirigencia de los transportistas también se alió al “hermano Lucho”. Los mismos dirigentes que hasta hace poco cuestionaban la calidad de la gasolina y exigían resarcimiento, eran los que invitaban al ahora expresidente encarcelado a sus fiestas de aniversario para obtener beneficios. Recuerdo que aplaudieron con entusiasmo cuando, en uno de esos aniversarios, les prometió una fábrica de llantas para que dejaran de importar. Nunca cumplió.
A nivel regional y local también hay ejemplos inequívocos. El dirigente de los choferes Mario Silva llegó a la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz de la mano del MAS. Entre 2021 y 2026 jamás se le escuchó defender los intereses del departamento. Siempre buscó privilegios personales. Tal vez por eso terminó en el último lugar de los 17 candidatos a alcalde de La Paz, con apenas el 0,5 % de los votos. Ni sus propios colegas del volante votaron por él.
La cercanía de los dirigentes del Transporte Libre y Chuquiago Marka con el alcalde saliente Iván Arias sirvió para que fueran beneficiados con dos subidas de pasajes en una sola gestión, sin mejorar el servicio, sin eliminar el trameaje y sin cumplir con la instalación de GPS en todas las unidades, entre otros compromisos incumplidos.
El “Acuerdo estratégico entre el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia y el sector transporte nacional”, firmado el 26 de marzo para poner fin al paro indefinido y a los decenas de bloqueos de vías y carreteras, fue el primer paso para intentar convertirse en los nuevos aliados del Gobierno.
En el documento de cuatro puntos, el tercero y el cuarto resultan especialmente convenientes tanto para los transportistas como para el Gobierno: el diferimiento de créditos en el sistema financiero nacional para “aquellos choferes que se hubieran acogido al proceso de resarcimiento” y el “levantamiento de todas las medidas de presión —paro y bloqueos— de sectores del autotransporte”.
Es el primer punto del acuerdo, rubricado por cinco ministros (aunque el texto menciona solo a tres), el que convierte a los dirigentes de los choferes del departamento de La Paz en corresponsables de “garantizar” que los combustibles cumplan los estándares internacionales y dejen de provocar daños a los motores. Ser corresponsables, desde su perspectiva, significa acercarse al poder, en este caso al poder nacional.
“… se garantiza gasolina de calidad para lo cual se creará una comisión con choferes y gobierno para ir en operativo a Senkata y Estaciones de Servicio entre (la) parte técnica del Gobierno-Laboratorio y Choferes”, se lee en la primera parte del primer punto. Además, dispone un viaje conjunto a Chile y Perú para “ver la calidad de la gasolina y diésel en punto de origen” y el precintado de surtidores en los que se detecte el expendio de carburantes de calidad dudosa.
¿Quedan embargados sus cuestionamientos a la calidad de los carburantes y los problemas que ocasionaron a los motores al formar parte de una comisión bipartita? No les interesa. De hecho, no dijeron absolutamente nada sobre las largas filas que volvieron a formarse alrededor de los surtidores en La Paz y El Alto después del 26 de marzo.
Si el resultado de esta “corresponsabilidad” es positivo y la gasolina que se comercialice en Bolivia a partir del convenio resulta de óptima calidad y deja de ocasionar complicaciones mecánicas, los dirigentes de La Paz se mostrarán como los salvadores del problema, dispuestos a colaborar con el Gobierno en un tema de urgencia nacional.
El tercer punto del acuerdo, el que garantiza el resarcimiento incluso por más de una vez, también beneficia a los dirigentes del transporte paceño. Será utilizado como mecanismo para consolidarse como jerarcas sindicales insustituibles en El Alto, La Paz y las provincias, al menos en el corto plazo. Lo dicho: les gusta ubicarse cerca, muy cerca del poder.
Edwin Cacho Herrera Salinas es periodista y analista.
La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Enfoque News.
Sobre el autor
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