En una sola semana, Bolivia ha recibido un doble impacto en la guerra hemisférica contra el narcoterrorismo: la captura y posterior expulsión del capo uruguayo Sebastián Marset hacia Estados Unidos, y la condena a 25 años de prisión —también en ese país— impuesta a Maximiliano Dávila, último jefe antidrogas del gobierno de Evo Morales (2006-2019).
Mientras Venezuela aún no termina de asimilar el golpe que significó la captura y enjuiciamiento del exdictador Nicolás Maduro en Nueva York, México ha adoptado medidas de seguridad interna nunca antes vistas tras el abatimiento de El Mencho, Nemesio Oseguera, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Parece que en Estados Unidos la DEA y la justicia federal han encontrado las dos puntas del ovillo y se disponen a desenmarañar el centro. Por un lado, una organización narco que convirtió a Bolivia en su centro de operaciones para el tráfico global de cocaína, con absoluta impunidad otorgada por el propio Estado. Por otro, una banda de policías que decidió jugar en grande y se metió de lleno en el negocio ilícito, aprovechando la protección que brindaban a cargamentos de drogas y armas con destino a territorio estadounidense, todo ello con encubrimiento político e institucional.
En ambas puntas de la madeja aparece una coincidencia clave: la entrega de valiosa información incriminatoria. Paola Barriga, conocida jurista en el foro paceño y abogada de Maximiliano Dávila (conocido en la Policía como “El Macho”), explicó el drástico cambio de postura del excoronel. Mientras estuvo detenido en la cárcel de San Pedro de La Paz, entre enero de 2022 y diciembre de 2024, Dávila se había negado rotundamente a involucrar a los jerarcas del régimen de Evo Morales. Sin embargo, en el juicio celebrado en Estados Unidos optó por otra estrategia.
Según la jurista, el exdirector nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico colaboró con la justicia estadounidense, lo que se tradujo en una sentencia de 25 años: 20 por cumplir en una cárcel federal y 5 bajo libertad condicionada. ¿Qué nombres y cargos entregó? ¿Qué sistemas reveló? ¿Qué rutas marcó? Seguramente sus “contribuciones” han sido contrastadas con las del exmayor de Policía Omar Rojas Echeverría, conocido como el “Pablo Escobar boliviano”, socio de Dávila en una red de narcotraficantes que operaba entre Perú, Colombia y Bolivia. Rojas fue extraditado de Colombia a Estados Unidos en 2022.
Sigamos con la coincidencia. Los tres abogados contratados por Marset para su defensa en Estados Unidos —Rodrigo da Silva, Michael Padula y Jean Rossy—, liderados por Santiago Moratorio (su abogado de cabecera desde hace años), han expresado públicamente que su estrategia jurídica se basa en la “negociación” que puedan entablar con los fiscales del caso. Por ahora, el principal delito que se le imputa al que fuera el tercer narco más buscado del mundo es el lavado de dinero proveniente del tráfico internacional de drogas en el sistema financiero estadounidense.
La confesión de su socio en esa parte del negocio, Federico Santoro —extraditado de Paraguay a Estados Unidos en 2024—, le valió una pena de 15 años de prisión. A diferencia de Santoro, que tiene 46 años, y de Dávila, que tiene 62, Marset cuenta con una ventaja: llegó joven a la cúspide del narcotráfico. Apenas tiene 32 años. Se ha escuchado y leído que los fiscales podrían imputarle delitos más graves, que podrían conllevar hasta 30 años de prisión o incluso cadena perpetua, pero la delación oportuna puede aminorar considerablemente cualquier castigo radical. La tercera audiencia judicial, en la que deben leérsele los cargos, ha sido postergada hasta el 1 de abril.
El presidente boliviano, Rodrigo Paz, y las autoridades encargadas de la lucha contra el crimen organizado coincidieron en señalar que el narco uruguayo —capturado la madrugada del viernes 13 de marzo en el barrio Las Palmas de Santa Cruz, la misma zona de la que huyó el 29 de julio de 2023 alertado, nada menos, por un director antidrogas— “está declarando” ante la justicia de Virginia y anticiparon “sorpresas”.
Marco Antonio Oviedo, ministro de Gobierno, detalló que algunos de los teléfonos celulares secuestrados al “pez gordo” ya se encuentran en manos del sistema judicial estadounidense y constituirán una importante fuente de indicios sobre los integrantes de su organización criminal, tanto dentro como fuera del país, así como sobre quienes le brindaron protección e impunidad desde el Gobierno, la Policía, el Ministerio Público y la justicia boliviana.
Como se ve, Maximiliano Dávila ya delató, ya “cantó”. Sebastián Marset se alista para hacer lo mismo, buscando reducir su castigo. Al final, ese es el mecanismo que utiliza la justicia estadounidense para desarticular redes delincuenciales que han operado —y aún operan— desde nuestros países. Si no, bastaría con preguntar a los hijos menores de Joaquín “El Chapo” Guzmán, a Ismael “El Mayo” Zambada y a otros capos mexicanos que hoy se encuentran en manos de Estados Unidos.
¿Podría la delación favorecer también a un personaje como Nicolás Maduro? Lo verificaremos durante su juicio en Nueva York.
Edwin Cacho Herrera Salinas es periodista y analista.
La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Enfoque News.
Sobre el autor
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