Bolivia: ¿producir riqueza o administrar pobreza?

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Habiendo transcurrido el primer año de gestión del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, el inevitable requerimiento de los medios de comunicación tuvo que ver con evaluar lo bueno, lo malo y lo feo del nuevo ciclo político iniciado el 8 de noviembre de 2025. A continuación, presento lo sustancial de mis declaraciones, tratando de enfatizar en lo económico y social, y siendo lo más desapasionado posible para distanciarme de las contaminantes valoraciones subjetivas, ideológicas y políticas que arruinan los análisis.

Con relación a “lo bueno” —que pudo ser mejor—, destaqué la toma de dos decisiones valientes por parte del Gobierno: avanzar hacia un sinceramiento de la economía con la flexibilización del tipo de cambio, luego de 15 años, y la parcial disminución de la subvención a los combustibles, aunque, inexplicablemente, se retrocedió en varios cambios estructurales esperados.

Otro aspecto positivo tuvo que ver con la recuperación de la confianza a nivel internacional, sacando a Bolivia del ostracismo de los últimos 20 años, acercándose a países clave y a organismos multilaterales como el FMI, la CAF, el BID y el BM para conseguir apoyo financiero y, con ello, bajar el riesgo país.

Finalmente, la apertura al diálogo con el empresariado privado —una práctica no frecuente en las dos últimas décadas—, reconociéndolo como factor de desarrollo para el país, con ciertos avances, aunque se pudo haber hecho mucho más por la productividad y la competitividad. La consecuencia de estas acciones fue la estabilización de la economía, la baja de la inflación y el incremento de las Reservas Internacionales Netas del Banco Central de Bolivia.

En cuanto a “lo malo” del primer año —que pudo evitarse—, la economía no despegó, ya que el nuevo ciclo político no se tradujo en un nuevo ciclo económico que, a partir de las reformas estructurales necesarias, hubiera motivado más inversión, mayor producción de bienes y servicios, mayores exportaciones y un avance en la sustitución competitiva de importaciones, para generar con ello empleos dignos e ingresos para las familias bolivianas. Al contrario, retrocedimos. La caída del Producto Interno Bruto (PIB) en 3,27 % al primer semestre, por ejemplo, implica la pérdida de fuentes de trabajo, menor capacidad de gasto y más pobreza para la gente, por la pérdida de salarios y el deterioro de su poder adquisitivo a causa del impuesto ciego de la inflación, que afecta principalmente a quienes tienen ingresos bajos y fijos.

Si bien el ajuste realizado fue exitoso, ha sido insuficiente, ya que a la estabilización macroeconómica debían sumarse profundos cambios estructurales, como la reducción del déficit fiscal y medidas para impulsar la productividad, la competitividad, las exportaciones, la creación de riqueza y los empleos dignos. Sin embargo, no se tomaron las decisiones correctas porque gran parte del tiempo del Ejecutivo está ocupado en enfrentar la mala política partidista o personalista y los conflictos internos, sacrificando la agenda productiva.

En cuanto a “lo feo” —que nunca debió suceder—, está la tristemente célebre “gasolina basura”, cuya causa de importación de combustible defectuoso sigue sin esclarecerse. Se atribuye a una mala gestión de YPFB y de la ANH, pero también a la existencia de corrupción, algo que afectó severamente la imagen del Gobierno.

Recordé, también, que algo que ha preocupado a la ciudadanía a lo largo del primer año de gestión ha sido la permisividad del delito, especialmente los 53 inmisericordes días de bloqueo, que provocaron pérdidas de 3.300 millones de dólares, el deterioro de la imagen del país en el exterior y, lo más doloroso, la pérdida de 22 vidas humanas —una turista extranjera entre ellas—, lo cual golpeó la credibilidad de un Gobierno que, al gozar de total legalidad, legitimidad y un gran respaldo popular de más del 55 %, tenía todas las condiciones para imponer el pleno respeto a la CPE, a las leyes derivadas y a las instituciones públicas. A ello se sumaron los avasallamientos, la corrupción, el narcotráfico y la creciente inseguridad por el inadmisible sicariato.

Asimismo, dije que el “Estado tranca” continúa, ya que una parte sustancial del andamiaje público no ha cambiado. De ahí que la gestión del Ejecutivo esté contaminada en cuanto a visión y eficacia: no hay libre exportación, no hay autorización para el acceso pleno a la biotecnología, no hay embajadores en el exterior, el contrabando campea en el país, etc. Todo esto debe acabar.

Bolivia precisa producir riqueza, no administrar pobreza, y eso se hace con inversión, producción, exportación y sustitución competitiva de importaciones. Para ello resulta imprescindible: seguridad jurídica para invertir; seguridad de mercados para exportar libremente y recuperar el mercado interno del flagelo del contrabando; y seguridad de un trabajo público-privado para ser más productivos y poder competir. Un consejo final: es necesaria una seria reflexión, pues el tiempo apremia y un mayor deterioro de la economía puede pasar factura…


Gary Antonio Rodríguez Álvarez es Economista y Magíster en Comercio Internacional.

La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Enfoque News.

Sobre el autor

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