El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, y la vicepresidenta de Países e Integración Regional del organismo, Anabel González, visitaron Bolivia a mitad de semana. El gobierno del presidente Rodrigo Paz calificó la visita como “muy importante”, debido a que se pretende que el BID otorgue 4.500 millones de dólares para financiar proyectos productivos del sector privado.
Esta visita y la pretensión de acceder a esos recursos parecen ser la única explicación coherente para que el gobierno haya retrocedido como lo hizo con el ahora abrogado Decreto Supremo 5503. La norma que lo reemplaza, el DS 5516, no ofrece las mismas facilidades para las inversiones que ni siquiera tuvieron tiempo de aplicarse, por lo que nunca sabremos si habrían sido efectivas para atraer capital externo.
Con una crisis todavía sin resolver, el país sigue desesperadamente necesitado de dólares. Las facilidades contempladas en el extinto 5503 buscaban precisamente ofrecer la seguridad jurídica que los gobiernos del MAS habían destruido con su visión cavernaria de sepultar al empresariado, al considerarlo —en una lógica marxista que no ha funcionado bien en ningún país— “enajenador de los medios de producción”.
Lo curioso es que el retroceso se produjo nada menos que ante los principales antagonistas de la inversión: la clase dirigente que ha hecho del bloqueo de caminos su único método de lucha, sin importarle que este perjudique especialmente a los económicamente más débiles —quienes viajan por tierra—, afecte gravemente la economía nacional al impedir la circulación de bienes y servicios y, de paso, haga un daño considerable al incipiente turismo del país, que precisamente por culpa de los bloqueos no termina de despegar.
Hasta el mediodía del domingo ya se habían registrado más de 70 bloqueos, pero la medida de presión estaba tan desprestigiada como los dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB). Con un poco de principio de autoridad y el apoyo del ejército, podrían haberse despejado al menos los caminos fundamentales. Sin embargo, el gobierno prefirió no correr riesgos y retrocedió.
Como consecuencia, los bloqueos se levantaron y la misión del BID pudo realizar su tarea sin sobresaltos. El costo del retroceso será —ojalá— esos 4.500 millones de dólares.
Sin embargo, si analizamos el costo político de esta reculada, es legítimo preguntarse si realmente valió la pena.
Gracias a la abrogación del 5503, la COB más desprestigiada de la historia ha recuperado oxígeno y musculatura. Le dobló el brazo al gobierno una vez y lo más probable es que lo intente de nuevo, porque está cumpliendo una clara función política.
Los 4.500 millones de dólares parecen poca cosa si comparamos con las cifras que dejó el turismo solo en 2025: el país tuvo ingresos por 383 millones de dólares, una miseria frente a los recursos percibidos por nuestros vecinos. Perú se embolsó 23.000 millones de dólares y Argentina 39.000 millones, sin necesidad de retroceder ante intereses partidarios.
Los 4.500 millones de dólares que el gobierno le está pidiendo al BID podrían ingresar, más o menos, anualmente si impulsáramos el turismo hasta convertirlo en uno de los pilares del andamiaje económico del país. España, por ejemplo, superó los 254.000 millones de dólares de ingresos solo en 2025, porque ese país no padece la inseguridad que caracteriza a Bolivia por culpa de los malditos bloqueos.
Por tanto, para evitar retrocesos como la abrogación del 5503 —decreto que solo necesitaba ajustes constitucionales—, debemos entender de una vez por todas que tenemos que recuperar la seguridad que merecen todos los turistas que visiten Bolivia. El primer paso es penalizar los bloqueos y en eso, sí, no debemos retroceder ni un milímetro.
Juan José Toro Montoya es Premio Nacional en Historia del Periodismo.
La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Enfoque News.
Sobre el autor
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