En unos días más se cumplirán dos años desde que Evo Morales se mantiene confinado en una zona estratégica del país: el trópico de Cochabamba, región productora de hoja de coca y de cocaína, según reportes nacionales y extranjeros. En septiembre de 2024 encabezó la última de decenas de marchas que protagonizó en su larga carrera sindical y política. Marchó desde el municipio orureño de Caracollo hasta la ciudad de La Paz en contra de su delfín electoral, el entonces presidente Luis Arce, con quien disputaba la sigla y el liderazgo nacional del MAS, además de la candidatura a la presidencia por esa organización política.
Llegó a la sede de gobierno por última vez el 23 de septiembre, pronunció un discurso en el que dijo que había cumplido con su deber y partió apurado al trópico, donde permanece hasta hoy, protegido por una coraza humana compuesta por agricultores del Chapare, seguidores adoctrinados, estructuras cocaleras, operadores políticos y un equipo de seguridad bien entrenado ante cualquier intento de captura. Tiene órdenes de aprehensión vinculadas al proceso por trata agravada de menores y, desde julio de este año, por terrorismo, alzamiento armado y otros delitos relacionados con los 53 días de bloqueos carreteros.
A partir de ello, una pregunta comienza a posarse por encima de la retórica política que usa frecuentemente el caudillo para justificar su confinamiento territorial: ¿qué es lo que realmente teme de una detención? No se trata solamente de perder la libertad o de enfrentar una condena judicial. Se trata de algo más elemental: tener que comparecer ante la justicia y responder por acusaciones formales sin bloqueos, sin movilizaciones, sin refugios políticos y sin el poder territorial que le ha permitido estos años mantenerse fuera del alcance de la ley, protegido por un escudo humano.
Morales se ha declarado una y mil veces víctima de persecución política, aunque esa condición, de ser cierta, debería permitirle demostrar en la justicia que todas las acusaciones en su contra son falsas. Lo hizo antes y no le fue mal. Ahora no lo hace con el justificativo de que el sistema judicial está podrido, olvidando que su régimen de 14 años terminó de hundir a la justicia boliviana en una cloaca maloliente de corrupción, sometimiento e ineficiencia atroces.
Está claro que teme a lo que podría comenzar a conocerse a partir de una detención. Un expresidente sometido a la justicia no solamente tendría que responder a las acusaciones concretas que pesan sobre él, sino también sobre las personas que formaron parte de su entorno de poder, sobre las decisiones que se adoptaron durante su largo régimen y sobre eventuales relaciones con estructuras criminales nacionales e internacionales.
Es que no hay investigación dentro o fuera de Bolivia sobre esto último, argumentarán el caudillo y sus defensores. ¿Será así? Morales tiene una ventaja respecto al resto: maneja información privilegiada que le permite estar siempre un paso por delante.
Sin embargo, el Gobierno anunció en mayo de este año que busca información en Estados Unidos relacionada con Morales y su entorno en investigaciones por narcotráfico. “Es un tema de investigación sumamente delicado, aunque parece muy evidente, pero es sumamente delicado que lamentablemente tenemos que acudir a toda la información que nos puede llegar de Estados Unidos”, dijo Hernán Paredes, viceministro de Régimen Interior, a la red Erbol.
Hasta ahora no existe formalmente una acusación en Estados Unidos u otro país en contra del caudillo del trópico. Lo que existe es una búsqueda de información anunciada por autoridades bolivianas. Por tanto, no se puede transformar una sospecha en una condena ni una investigación en una sentencia. Morales tendrá que responder ante la justicia por lo que se le atribuya dentro o fuera del país, no por aquello que políticamente se dice de él.
En los últimos años han circulado versiones que intentan establecer posibles conexiones entre estructuras políticas y redes del crimen organizado en distintos países de la región. Se han señalado a figuras de Bolivia, Venezuela, Cuba y México, entre otros Estados. Son versiones que deben ser probadas judicialmente y que, por el momento, no permiten afirmar por sí mismas que exista una organización criminal regional con protección estatal en esos y otros países.
Por eso, una eventual captura tendría una dimensión política mucho mayor que cualquier proceso judicial. Morales no es un ciudadano cualquiera: fue presidente durante 14 años, construyó una poderosa estructura política y sindical, mantiene una envidiable capacidad de movilización y conserva el control casi absoluto de una región estratégica del país.
No se trata de pedir una operación espectacular ni una incursión extranjera en territorio boliviano. La soberanía nacional y el debido proceso deben ser respetados. Si Morales es requerido judicialmente por otro Estado, se deben cumplir los mecanismos de cooperación judicial internacional. En cuanto a las causas abiertas en Bolivia, el nuevo comandante general de la Policía ha señalado que será una prioridad la ejecución de las órdenes de aprehensión por trata de menores y por terrorismo, además de otros presuntos delitos.
Lo que no se puede aceptar indefinidamente es que una orden judicial, nacional o extranjera, dependa de la capacidad de reacción que tenga una organización política o social para impedir su cumplimiento. El gran temor del caudillo es tener que comparecer ante la justicia y responder a las acusaciones formales que podrían comenzar a desnudar al verdadero Evo Morales.
Edwin Cacho Herrera Salinas es periodista y analista.
La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Enfoque News.
Sobre el autor
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