Pasan más de cuatro meses y medio desde que Rodrigo Paz Pereira asumió la Presidencia del Estado, y uno de los signos más notorios de su gobierno es la aplicación de una “ley del embudo” que, si se hubiera implementado en otra administración, bien podría haberse calificado de “nueva”.
Durante los gobiernos del MAS, la ley del embudo era ancha para sus militantes y para los autoproclamados indígenas, y angosta para todos los demás. Si no pertenecías a uno de esos dos grupos, no tenías opciones, aunque contaras con títulos académicos y posgrados.
Curiosamente, fue el propio MAS el que no solo aumentó la burocracia, sino que también impuso más requisitos para el ingreso al sector público. Se creó la Escuela de Gestión Pública Plurinacional (EGPP) con un propósito loable: formar servidores y servidoras públicas. Lamentablemente, los métodos que utiliza no son los más idóneos, ya que la mayoría de los cursos son virtuales y se imparten únicamente mediante grabaciones, sin maestros ni monitores directos. Las evaluaciones quedan entonces libradas al criterio del postulante, excepto en los cursos de idiomas nativos, donde sí existe una evaluación oral que se califica con un mínimo de 70 puntos.
Aquí surge otra contradicción: se evalúa a los postulantes como si hubieran cursado una maestría de un año, cuando la instrucción virtual que reciben apenas alcanza el nivel básico. Sin certificado de idioma nativo, es imposible ingresar a la función pública, a la que además se debe aprobar otros cursos obligatorios, como el de la Ley 1178, políticas públicas, prevención de la violencia doméstica y responsabilidad en la función pública.
Todo esto sonaba muy bien sobre el papel, pero los hechos demostraron que los masistas o los autoproclamados indígenas no necesitaban cumplir con tales requisitos. Simplemente “le metían nomás”, y esa era la ley del embudo.
Al tratarse de un nuevo gobierno, el de Rodrigo Paz Pereira debió desmontar la estructura jurídica heredada del masismo, pero hasta ahora no la ha tocado. Sin un procedimiento legislativo previo, no se puede modificar la columna vertebral del Estado —integrada por la Constitución Política del Estado y las leyes—, pero sí es posible cambiar normas de menor jerarquía, como decretos supremos, resoluciones ministeriales, resoluciones de directorio y otras disposiciones administrativas. El problema es que este gobierno tampoco ha modificado esas normas. Así, seguimos viviendo en el Estado que diseñó el masismo, con una sola diferencia: ahora no se hacen excepciones y se exige estrictamente lo que dice la norma (masista).
En el caso de la EGPP, se mantienen los mismos mecanismos inquisitoriales que dejaron los masistas. Es difícil entrar a la función pública, pero hay un gran detalle: los masistas ya están adentro, porque no los sacaron. Esa es la ley del embudo del gobierno de Paz Pereira.
¿Quieren un botón más de muestra? La legislación laboral se aplica con rigor: si un trabajador falta injustificadamente, sufre el descuento correspondiente por ese día. Mientras tanto, el vicepresidente Edmand Lara viaja a compromisos futboleros junto a su esposa —quien también es servidora pública— y, hasta ahora, los bolivianos no sabemos si les descuentan por esas ausencias ni si están viajando con recursos de nuestros impuestos. Ley del embudo, nomás.
Juan José Toro Montoya es Premio Nacional en Historia del Periodismo.
La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Enfoque News.
Sobre el autor
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