De confirmarse la investigación periodística recientemente hecha pública, estaríamos ante un mayúsculo escándalo. Los dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB), que se jactan de representar a los trabajadores, gozarían de sueldos estratosféricamente superiores a los del presidente, ministros, senadores, diputados, médicos, maestros y profesionales calificados («Salarios de mineros de Huanuni y Colquiri oscilan entre Bs30.000 y Bs50.000», El Deber, 28.12.2025). Una planilla de 465 trabajadores —con nombres, apellidos, carnet de identidad y la minera que les paga— da cuenta de ingresos mensuales entre Bs 30.000 y Bs 88.000. ¿Lo puede creer? Si no lo cree, ¡bienvenido a Bolivia!
Tal desproporción con las prebendas de los dirigentes de la COB evidenciaría una impostura sindical adicional —a las muchas que hay—, imposible de ocultar, y sería una muestra más de lo que, con dolor, expresó el primer mandatario a pocos días de su posesión, con relación a la situación del país que recibió para administrar («Esto es una cloaca de dimensiones extraordinarias: el duro diagnóstico del presidente Paz», El Deber, 13.11.2025).
¿Cuál es la explicación? El haber sucumbido a las mieles del poder.
Por casi veinte años, la muchachada de la COB —con sus románticos dibujitos de la hoz, el martillo y el sanguinario Che Guevara en sus guardatojos, brillando de nuevitos al no trabajar por estar en comisión— alineada con el Movimiento al Socialismo (MAS), participó de la conducción del Estado, se enyuntó a los gobernantes, avaló políticas, justificó errores y defendió un modelo que desperdició el mayor auge de la historia boliviana para hacer un cambio estructural del país hacia un desarrollo sostenible. Cogobernó, se benefició y avaló equivocadas acciones cuyas consecuencias castigan hoy a la población.
Tal actitud me trajo a la memoria lo que Margaret Thatcher, primera ministra del Reino Unido, sentenció en su momento: «Un comunista cuando habla miente; cuando calla encubre; cuando tiene poder roba; cuando pierde el poder, destruye». Parece duro, pero la evidencia histórica la respalda totalmente.
Volviendo ahora al tema de los sueldazos, ojalá fueran el resultado de una elevada productividad, innovación y capacidad empresarial —para aprender de su éxito—, pero no: devienen de su cercanía al poder y la expoliación de las empresas estatales. Frente a un salario mínimo nacional de Bs 2750, no solo son sueldos altos, son obscenos, porque afrentan a millones de bolivianos que viven en la precariedad, insultan la pobreza y humillan al trabajador que apenas sobrevive.
La contradicción es brutal: estos «compañeros» que se autoproclaman marxistas, socialistas, comunistas; que invocan la Tesis de Pulacayo como estandarte moral; predican, pero no practican; esgrimen la «lucha de clases» pero cobran salarios que ni el sector privado puede pagar; hablan por el pueblo, pero lo engañan; se pintan de pobres, pero, al final, no lo son, sino pequeños burgueses.
Se desviven como admiradores del Che Guevara, pese a que este invadió el país provocando más de 80 muertos y heridos en los años 60, trayendo dolor y luto a familias bolivianas. No hablo de memoria: conozco a un militar entrado en años que anda en silla de ruedas y perdió el habla por tres balazos de la infame guerrilla cubana, siendo un soldadito de corta edad que defendió a Bolivia del comunismo.
Los dirigentes de la COB se llenan la boca hablando de igualdad, pero con sus hechos la niegan, confirmando la sátira de George Orwell en su célebre novela Rebelión en la granja, en la que una sociedad de animales hace una revolución liderada por una casta de cerdos que, al final del día, acaba con privilegios, sometiendo a los pobres e ilusos animales a un régimen totalitario.
Pero, como si la impostura no fuera suficiente, hoy salen a las calles para oponerse al D.S. 5503, una norma que, con todas sus imperfecciones, intenta frenar el desorden macroeconómico, contener la inflación, estabilizar el dólar, enfrentar el contrabando y crear condiciones para la inversión, la producción y el empleo digno. Sin embargo, ahí están ellos bloqueando, agrediendo a punta de dinamitazos —como es su estilo—, marchando aquí y allá, oponiéndose a corregir lo que ellos mismos provocaron.
Como dice el editorial «Movilización sin legitimidad», no toda protesta es legítima, mucho menos si quienes la encabezan carecen de autoridad moral al vivir como ricos haciéndose pasar por pobres. Una movilización así pierde su cariz social y pasa a ser una verdadera farsa (El Deber, 31.12.2025).
La protesta pacífica es un derecho inalienable; el bloqueo es violento, un inadmisible delito que impone los intereses de unos pocos sobre los derechos de millones al libre tránsito, trabajo, salud, alimentación, educación y seguridad ciudadana. Parafraseando a Juan Lechín Oquendo, que en 1952 creó la Central Obrera Boliviana para defender los derechos de los trabajadores, podríamos decir: ¡ay de esta «casta insensible y satisfecha»!
Gary Antonio Rodríguez Álvarez es Economista y Magíster en Comercio Internacional.
La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Enfoque News.
Sobre el autor
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