Las empresas públicas en Bolivia cumplen un rol económico y social importante, pero su sostenibilidad financiera se ha convertido en un problema estructural. En esencia, estas entidades existen para garantizar el acceso a servicios básicos, corregir fallas de mercado y resguardar sectores estratégicos como energía, transporte o alimentos. Sin embargo, el hecho de que muchas operen con pérdidas sostenidas obliga al Estado a transferir recursos públicos para mantenerlas, lo que presiona el déficit fiscal, reduce la disponibilidad de divisas y limita la capacidad del gobierno para atender otras prioridades nacionales.
El problema no radica en la existencia de subsidios en sí, sino en la ausencia de criterios técnicos claros para definir cuáles empresas deben recibirlos, en qué magnitud y bajo qué condiciones de eficiencia.
El análisis comparativo entre las gestiones 2024 y 2025 revela un deterioro significativo en la situación financiera de estas empresas. En 2024, las más deficitarias incluían a Mi Teleférico (Bs -199,7 millones), YLB (Bs -196,6 millones) y la Empresa de Producción Agropecuaria (Bs -49,7 millones), entre otras. Para 2025, no solo se mantienen varias de ellas, sino que se incorporan otras con déficits mucho más elevados. Destacan YPFB, con una pérdida en el ejercicio de Bs 250,7 millones; YLB, con Bs -231,7 millones; Mi Teleférico, con Bs -163,2 millones, y BOA, con Bs -138,1 millones. Este cambio indica que el problema no solo persiste, sino que se ha intensificado y concentrado en empresas de mayor tamaño e importancia estratégica.
Además, han aparecido en el ranking empresas productivas como EBA (Bs -104,2 millones) y ECEBOL (Bs -56,3 millones), lo que evidencia fallas en modelos de negocio que, por su naturaleza, deberían generar ingresos.
Un caso particularmente ilustrativo es el de YPFB, que presenta una situación aparentemente contradictoria. Aunque en 2025 no registra déficit corriente en su operación diaria, sí acumula una pérdida económica de Bs 250,7 millones al considerar costos reales como depreciaciones, subsidios, tipo de cambio y costos financieros. Esto significa que la empresa se sostiene en el corto plazo, pero destruye valor en términos económicos. La causa principal es el subsidio a los carburantes: se importan combustibles a precios internacionales y se venden a precios regulados mucho más bajos, generando pérdidas por cada unidad comercializada. A esto se suman la dependencia de importaciones, la presión cambiaria y los costos estructurales del sector energético, configurando un problema de carácter estructural, no coyuntural.
Esta situación podría agravarse aún más en 2026 por el conflicto bélico en Medio Oriente. Con el barril de petróleo por encima de los 100 dólares, el impacto sería lapidario para YPFB y la economía boliviana en general: mayor gasto público en importaciones y subsidios, creciente tensión en el mercado de divisas e inflación que podría regresar a dos dígitos.
Por otro lado, casos como el de BOA llaman especialmente la atención. La empresa opera en un mercado con características monopólicas, lo que en teoría debería permitirle ser rentable. Su déficit de Bs -138,1 millones sugiere problemas de eficiencia operativa, sobrecostos o deficiencias en la gestión. De manera similar, empresas como YLB, EBA o ECEBOL registran pérdidas elevadas pese a sus objetivos productivos, lo que apunta a problemas de diseño, baja productividad o inversiones que no generan los retornos esperados. En contraste, otras entidades muestran relaciones más estables entre pérdidas y patrimonio, lo que sugiere una mejor gestión relativa o menor riesgo financiero.
Este panorama evidencia la necesidad urgente de diferenciar entre tipos de empresas públicas. Existen aquellas con un claro rol social, como Mi Teleférico, donde cierto nivel de subsidio puede justificarse por su impacto en la movilidad urbana y el bienestar ciudadano. Aun así, incluso en estos casos, el déficit no debe ser ilimitado ni creciente, sino controlado y evaluado periódicamente.
En segundo lugar, están las empresas estratégicas como YPFB o BOA, que deberían ser sostenibles y eficientes, al operar en sectores clave o con ventajas de mercado. Finalmente, hay empresas productivas que deberían generar utilidades, pero que actualmente acumulan pérdidas estructurales, representando el mayor riesgo para las finanzas públicas.
En este contexto, surge la pregunta central de política pública: ¿qué debería hacer el gobierno? La respuesta debe ser técnica y pragmática, diferenciando claramente el tratamiento según el tipo de empresa.
En primer lugar, se requiere una evaluación integral obligatoria para cada empresa pública, que analice su rentabilidad, flujo de caja, impacto social y sostenibilidad a largo plazo. Esta evaluación permitiría clasificarlas en tres grupos: sociales, estratégicas y productivas.
Las empresas sociales podrían recibir subsidios, pero estos deben ser explícitos, transparentes y sujetos a metas de eficiencia y reducción progresiva del déficit. Las empresas estratégicas, como YPFB y BOA, deben someterse a reformas estructurales que mejoren su eficiencia: revisión de modelos de precios, reducción de costos y fortalecimiento de la gestión. En el caso de YPFB, esto implica abordar directamente el subsidio a los carburantes y su impacto en la rentabilidad. Para BOA, se necesita una auditoría técnica independiente que identifique fallas operativas e ineficiencias en su estructura de costos.
En cuanto a las empresas productivas deficitarias, se requieren decisiones más firmes. Si no logran demostrar viabilidad económica en el mediano plazo, el gobierno debe considerar reestructuración profunda, alianzas público-privadas o, incluso, su cierre ordenado. Las alianzas público-privadas resultan especialmente relevantes en sectores como el litio, la industria cementera o la producción de alimentos, donde el sector privado puede aportar capital, tecnología y eficiencia operativa. La privatización también debe evaluarse como una herramienta técnica en aquellos casos sin justificación social ni estratégica para mantener el control estatal.
Todo este proceso debe ir acompañado de una mejora sustancial en el gobierno corporativo: directorios independientes, criterios de meritocracia y mecanismos de rendición de cuentas, con el fin de reducir la interferencia política y elevar la eficiencia en la gestión.
Bolivia enfrenta un problema estructural en la gestión de sus empresas públicas, marcado por déficits crecientes, baja eficiencia y ausencia de evaluación sistemática. El hecho de que incluso empresas monopólicas o estratégicas presenten pérdidas refleja fallas profundas en el modelo de gestión y en la política económica aplicada. No se trata de eliminar el rol del Estado en la economía, sino de ejercerlo con criterios técnicos, financieros y de eficiencia, asegurando que los recursos públicos se utilicen de manera óptima y sostenible.
Recomendaciones
Implementar una evaluación técnica integral obligatoria para todas las empresas públicas, que determine su rentabilidad, impacto social y sostenibilidad, y defina claramente cuáles deben ser subsidiadas, reestructuradas o cerradas.
Reformar el modelo de gestión y gobierno corporativo, incorporando directorios independientes, criterios de meritocracia y auditorías externas, especialmente en empresas estratégicas como YPFB y BOA.
Promover alianzas público-privadas y procesos de reestructuración en empresas productivas deficitarias como YLB, EBA o ECEBOL, para mejorar la eficiencia, atraer inversión y reducir la carga fiscal del Estado.
Mensaje final
Bolivia no tiene un problema por tener empresas públicas, sino por cómo se las gestiona. Cuando estas operan con pérdidas constantes, los recursos que las sostienen salen del bolsillo de todos los bolivianos, afectando la estabilidad económica, el acceso a dólares, la inflación y la calidad de los servicios públicos.
El Estado debe asumir con responsabilidad que no puede seguir financiando indefinidamente ineficiencias, especialmente en un contexto de restricción fiscal. Para el gobierno, el desafío es actuar con criterio técnico y no político: evaluar, corregir, reestructurar o cerrar empresas según su desempeño real. No todas deben ser rentables, pero todas deben ser eficientes, transparentes y evaluadas periódicamente.
Para la población, es importante entender que los subsidios y las empresas públicas tienen un costo, y que exigir eficiencia y resultados es clave para proteger los recursos del país. Los recursos públicos son limitados y su uso debe generar valor económico o social real, no pérdidas permanentes sin control. Las empresas estatales con sellos ideológicos o políticos deben quedar en el pasado; eso no siembra desarrollo para el país.
Luis Fernando Romero Torrejón es presidente del Colegio Departamental de Economistas de Tarija.
La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Enfoque News.
Sobre el autor
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