
Tres destinos se han entrelazado entre 2022 y el presente a raíz del tráfico de drogas a escala global y la lucha contra el narcotráfico en el enclave arraigado al sur de la región. Marcelo Pecci, fiscal paraguayo enfrentado a las mafias narco, asesinado en Colombia en 2022. Roger Mariaca, fiscal general boliviano que arrastra sospechas y cuestionamientos desde antes de asumir el cargo. Sebastián Marset, narcotraficante uruguayo acusado de haber ordenado el crimen de Pecci y de haber convertido a Bolivia en su base de operaciones ilícitas, amparado por la protección de autoridades policiales, fiscales y gubernamentales de la anterior administración.
Se sabe que Pecci fue uno de los fiscales paraguayos más reconocidos en la lucha contra el crimen organizado en América Latina. Fiscal desde 2009, se especializó en investigaciones sobre tráfico internacional de drogas, lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Fue figura central en las pesquisas contra redes criminales transnacionales que operaban en Paraguay, Brasil, Bolivia y Europa. Investigó asesinatos vinculados al narcotráfico, redes de corrupción y casos de alto impacto político y mediático. Paradójicamente, no participó en la Operación A Ultranza Py.
El 10 de mayo de 2022 fue asesinado en la isla de Barú, cerca de Cartagena (Colombia), mientras disfrutaba de su luna de miel con su esposa, la periodista Claudia Aguilera. Dos sicarios llegaron en motos acuáticas y le dispararon en la playa, en un ataque que conmocionó a la región y evidenció el alcance transnacional del crimen organizado. Marset fue señalado como autor intelectual, ya que su organización resultó afectada por las investigaciones lideradas por Pecci. Se abrió una causa judicial por ese crimen y otros delitos en su contra, pero inexplicablemente su nombre fue retirado de la lista de acusados.
En el caso de Mariaca, desarrolló su carrera en el sistema judicial como fiscal especializado en materia penal. En junio de 2020, el entonces fiscal general Juan Lanchipa —quien se había arrodillado ante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez pese a su vinculación con el MAS— lo nombró fiscal departamental de Santa Cruz. En 2024 terminó siendo sucesor de Lanchipa tras ser elegido por más de dos tercios de los votos de la Asamblea Legislativa, en una sesión marcada por denuncias de pagos en dólares para favorecer a quien ni siquiera figuraba entre los candidatos favoritos.
Desde la Fiscalía General, Mariaca planteó como prioridad institucional el fortalecimiento de unidades especializadas en delitos complejos —narcotráfico, crimen organizado, lavado de activos y corrupción—, junto con la cooperación con agencias internacionales para enfrentar organizaciones criminales que operan entre Sudamérica, Europa y Estados Unidos. El planteamiento quedó en palabras.
Su gestión ha estado rodeada de cuestionamientos que apuntan, principalmente, a que el Ministerio Público no actúa con independencia frente a las redes delictivas que operan en el país, lo que neutraliza acciones institucionales en investigaciones sensibles y favorece al crimen organizado. En julio de 2023, cuando Marset, su familia y sus guardaespaldas escaparon de un operativo de captura, el jefe de los fiscales en el departamento de Santa Cruz era precisamente Mariaca.
Aunque el propio narcotraficante reveló en un video que un director de la fuerza antidrogas le avisó del operativo para que huyera, después se supo que el Ministerio Público nunca investigó las actividades fachada de Marset, que incluían la compra de equipos de fútbol, la organización de espectáculos musicales y la incursión en el negocio inmobiliario, entre otras. La Fiscalía cruceña permitió que cómplices del líder del PCU salieran de la cárcel de Palmasola gracias a decisiones de jueces de dudosa trayectoria, quienes cambiaban la detención preventiva por domiciliaria o aplicaban arraigos con presentación periódica en oficinas fiscales, previo pago de fianzas.
Sin embargo, el episodio que más alimentó las sospechas sobre Mariaca y el Ministerio Público ocurrió el viernes 13 de marzo de 2026, cuando fuerzas policiales especializadas ejecutaron un operativo secreto que culminó con la captura de Marset y su equipo de seguridad —tres varones y una mujer, esta última la media hermana del capo—. La Fiscalía no fue informada sino hasta que comenzaron las operaciones en dos viviendas del barrio Las Palmas, en el tercer anillo de la capital cruceña.
“Recientemente, en horas de la madrugada de hoy (viernes), hemos tenido conocimiento de este operativo, en el que existen cuatro personas aprehendidas”, reconoció Mariaca en conferencia de prensa cerca del mediodía. Para matizar, añadió que los agentes policiales trabajaron “de manera silenciosa, pero responsable”.
La declaración generó debate en el ámbito político y judicial, pues en operaciones de alto impacto contra el narcotráfico suele considerarse esencial la coordinación con los fiscales para garantizar la judicialización de los casos. Pero ¿cómo coordinar con Mariaca si días antes había difundido un video solicitando que un juzgado de sentencia radique una acusación formal contra Marset por delitos de narcotráfico, obtenida en 2025? ¿Se pretendía cruzar o entorpecer la expulsión de Marset a Estados Unidos, donde será juzgado y sentenciado por lavado de dinero proveniente del narcotráfico, entre otros delitos?
Es probable que con la detención del narco uruguayo también se esclarezca el asesinato de Pecci, un fiscal paraguayo decidido a combatir al crimen organizado en la región. En cuanto a Mariaca, la renuncia al cargo podría ser una salida decorosa, pero implicaría admitir que forma parte del esquema de protección. De lo contrario, tendrá que acostumbrarse a no ser informado de investigaciones sensibles —y habrá muchas—, porque ya no es considerado una autoridad confiable para coordinar la lucha contra mafias del narcotráfico como la de Sebastián Marset.
Edwin Cacho Herrera Salinas es periodista y analista.
La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Enfoque News.









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