Cuando se habla de transformación digital, solemos pensar en plataformas, aplicaciones o inteligencia artificial. Sin embargo, la verdadera transformación no es tecnológica: es cultural. Y en el centro de esa cultura se encuentra la confianza, tanto del Estado hacia los ciudadanos como de los ciudadanos hacia el Estado.
La tecnología no transforma un sistema público si la lógica institucional sigue operando desde la sospecha. Por eso es clave plantear la pregunta de fondo: ¿nuestros procesos están diseñados para facilitar la vida del ciudadano o para desconfiar de él?
Muchos países que hoy destacan en digitalización partieron de una premisa sencilla: la gran mayoría de las personas quiere cumplir la ley. Sobre esa base construyeron procesos simples, automatizados y con mínima fricción.
Estonia es el ejemplo más citado. Casi todos los trámites son digitales y la declaración de impuestos toma apenas minutos, porque el Estado ya dispone e integra la información necesaria. No se exige entregar el mismo documento varias veces; el sistema confía, verifica con tecnología y corrige cuando corresponde.
Dinamarca sigue una lógica similar. Su identidad digital permite interactuar con el Estado de forma segura y eficiente. El éxito no radica solo en las herramientas, sino en la confianza institucional que sostiene su uso.
En ambos casos, la tecnología reduce costos porque se construye sobre un principio claro: confiar primero, auditar después.
En Bolivia, la lógica institucional suele ser distinta. Muchos trámites parten del supuesto de que el ciudadano podría mentir o intentar obtener una ventaja indebida. A mayor sospecha, más controles: certificados adicionales, sellos, validaciones cruzadas, copias legalizadas.
Cuando se digitaliza sin cambiar esta mentalidad, la burocracia simplemente se vuelve electrónica. Un trámite que antes era presencial se transforma en cargar documentos, repetir datos y esperar aprobaciones manuales. Es burocracia en formato PDF, no transformación digital.
La desconfianza tiene un costo real y elevado. Cada requisito adicional encarece la actividad económica. Cada trámite complejo desincentiva la formalización. En un país que necesita atraer inversión, reducir la informalidad y ampliar la base tributaria, la desconfianza estructural se convierte en un freno poderoso.
La confianza, en cambio, reduce costos de transacción y permite ejercer controles más eficientes y con menos fricción. La tecnología actual hace posible monitorear riesgos específicos sin tratar a todos como sospechosos. Aquí surge una distinción clave: no es lo mismo usar la tecnología para servir al ciudadano que para vigilarlo. Cuando el objetivo es el control, el sistema se vuelve rígido; cuando el objetivo es el servicio, el diseño parte de la experiencia del usuario.
Es necesario evitar que el ciudadano funcione como mensajero del Estado. Si una entidad pública ya tiene mi información, otra no debería pedírmela nuevamente. Eso no es un lujo digital: es eficiencia y respeto.
El cambio real no depende solo de invertir en infraestructura tecnológica. Exige una decisión política: pasar de una cultura de sospecha generalizada a una de confianza con verificación inteligente. Significa simplificar procesos antes de digitalizarlos, usar análisis de datos para detectar anomalías específicas y fortalecer la transparencia institucional.
Porque la confianza no es unidireccional. El ciudadano también necesita confiar en el Estado. Publicar datos abiertos, digitalizar las compras públicas con verdadera trazabilidad y permitir la auditoría social son pasos que fortalecen la legitimidad.
Bolivia tiene hoy una oportunidad concreta: mayor conectividad, crecimiento de los pagos digitales y mejores capacidades técnicas. Pero si la transformación digital se limita a crear nuevas plataformas sin revisar la lógica institucional, solo estaremos digitalizando la desconfianza.
La elección es clara: un Estado que trata a cada ciudadano como sospechoso por defecto, o uno que confía primero, supervisa con inteligencia y sanciona cuando corresponde.
La tecnología puede ser el puente hacia un Estado más ágil y eficiente. Pero el cimiento de ese puente no es tecnológico. Es la confianza.
La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Enfoque News.
Sobre el autor
Crisis energética por decreto
Uruguay salió de su crisis energética con una política de Estado avalada por todos los partidos políticos. Bolivia la enfrenta a puro decreto supremo. Si arriba no hay acuerdos, el cambio tendrá que empezar abajo: en las alcaldías, las gobernaciones y los techos. En 2008, Uruguay no tenía petróleo, gas ni carbón, y el barril que importaba se había triplicado en seis años. Ese año aprobó una Política Energética con metas a 2015, 2020 y 2030, y en 2010 todos los partidos políticos con representación parlamentaria la avalaron. Hoy genera el 98 % de su electricidad con fuentes renovables. Bolivia vive su propia crisis energética, y la respuesta ha sido otra: en enero, un decreto declaró la emergencia energética y abrió la importación de combustibles a privados; en julio, otro dejó en cero el ICE de los vehículos 100 % […]
La mejor banca es la que no se ve
Llamémoslo don Ramiro. Vende repuestos en La Cancha de Cochabamba y cobra casi todo con QR. El cliente escanea, paga y se va en segundos. Pero cuando don Ramiro necesita abrir una cuenta o solicitar un crédito para reponer mercadería, la historia cambia: fotocopia de carnet, extractos de los últimos tres meses, NIT, croquis del domicilio, dos visitas a la agencia y tres semanas de espera. El dinero ya se mueve a la velocidad del celular. El banco, todavía no. Nadie se despierta por la mañana diciendo: «Quiero ir al banco». Esa idea guió a Piyush Gupta, quien dirigió el DBS Bank de Singapur entre 2009 y 2025. Cuando Gupta llegó a DBS, después de 27 años en Citigroup, encontró un banco sólido, pero famoso por sus filas. Su diagnóstico fue honesto: las fintech empezaban a hacer banca mejor, más […]
Ser pobre sigue siendo muy caro
Llamémosla doña Teodora. No existe, pero se parece a miles de vecinas del Distrito 9 de Cochabamba. Su casa no tiene conexión a la red y compra el agua por turriles de 200 litros, a unos 14 bolivianos cada uno. La semana pasada escuchó que podía costar 25 o 35. Nadie le explicó el Decreto Supremo 5716. Solo supo que el diésel había subido y que el camión que trae su agua funciona con diésel. Hace quince años escribí en estas mismas páginas una columna titulada “Ser pobre es muy caro”. Decía entonces que “el agua para los pobres cuesta entre tres y cinco veces más” que en las zonas con acceso directo a los servicios básicos, y que ser pobre es muy caro “en lo individual, en lo familiar, en lo colectivo y, finalmente, como Estado”. Hace poco, conversando […]
El dinero que deja huellas
¿Quién elegiría un libro contable público, permanente e imposible de borrar para esconder dinero? Es la paradoja de la blockchain: nació rodeada por la sospecha de anonimato, pero registra cada movimiento de valor. Los criptoactivos sí son utilizados en actividades ilícitas, como el efectivo, las cuentas bancarias y las empresas de fachada. En una blockchain pública, el dinero deja huellas. La investigación del senador Leonardo Roca sobre una dirección encontrada, según el informe, en el celular de Fernando Cerimedo demuestra esa capacidad. Del 21 de febrero al 21 de agosto de 2026, la wallet recibió 21.551 USDT, envió 22.545 USDT y realizó 224 transacciones hacia 46 destinos. Su saldo es compatible con una billetera de paso o distribución. ¿Cómo fue posible reconstruirlo? Porque cada transferencia conserva origen, destino, monto, fecha y un identificador único. Fragmentar fondos, cambiar de wallet o […]
Cuando los bancos empiezan a vender gigas
Siempre he sostenido que el mayor activo de una empresa son sus clientes. Lamentablemente, en la provisión de servicios públicos monopólicos u oligopólicos, suele ser el recurso menos cuidado. Por eso parece extraño pensar que un banco venda gigas y líneas telefónicas, mientras una TelCo ofrece pagos, créditos y transferencias. Hasta hace poco, los bancos cuidaban el dinero y las TelCos transportaban llamadas, video y datos. Cada uno conocía su negocio y defendía su territorio. Pero ese mundo ordenado desapareció. Santander acaba de incorporar a su aplicación una eSIM con planes de datos para más de 160 países. N26 ofrece en España una línea móvil sobre la red 5G de Orange: datos, llamadas y mensajes ilimitados, portabilidad y activación desde la aplicación bancaria. Nubank creó NuCel en Brasil y superó el millón de clientes en apenas un año y medio. […]
El trámite eterno para una FinTech
Valeria estudió ingeniería de sistemas y creó una aplicación capaz de facilitar los pagos de miles de pequeños comercios bolivianos. Presentó el prototipo en el VCILAT, convenció a dos inversionistas ángeles y está lista para comenzar. O eso cree. Antes de conseguir su primer cliente, el Estado ya le exige una colección de matrículas, códigos, certificados, credenciales y licencias. La paradoja es brutal: Bolivia quiere una economía digital, pero obliga a construirla con una burocracia analógica. Valeria abre su computadora pensando que una empresa tecnológica podrá nacer por internet, pero pronto se tropieza con la realidad: notaría, plataformas, formularios y oficinas públicas. Cada institución le pide información que ya entregó a otra, la registra otra vez y le asigna un número nuevo. No hay ventanilla única. Hay un laberinto con logotipos oficiales. Bolivia tampoco tiene una licencia única ni un […]
Relacionado
Coparticipación tributaria: una reforma pendiente
La coparticipación tributaria es uno de los principales mecanismos de distribución de los ingresos públicos entre los distintos niveles del Estado. Su objetivo es que la recaudación de determinados impuestos nacionales no se concentre exclusivamente en el Gobierno central, sino que también financie a municipios, universidades públicas y, ahora, posiblemente a las gobernaciones. Históricamente, el esquema establece una distribución del 20% para los municipios, 5% para las universidades públicas y 75% para el nivel central. Las gobernaciones, sin embargo, no cuentan con una participación general equivalente. Esta situación ha reabierto el debate sobre la descentralización y la autonomía fiscal en Bolivia. El problema central es que los gobiernos departamentales tienen responsabilidades y competencias que requieren recursos estables y previsibles. Incorporar a las gobernaciones en la coparticipación debe formar parte de una reforma estructural de las finanzas públicas nacionales. Evolución de […]
Lucho y Mariaca
Dos fallecimientos, informados oficialmente el mismo día, cambiaron totalmente la planificación de esta columna, que esta semana debía ocuparse del primer año del gobierno de Rodrigo Paz. En Potosí, el que más impactó fue el de Luis Rico, porque era uno de los artistas más famosos de esta tierra. Su muerte fue la noticia del martes y se seguirá lamentando durante mucho tiempo. Aunque nació en Tupiza, Lucho hizo su vida universitaria en Potosí, pero no en la Facultad de Bellas Artes, sino en la de Economía. Entre finales de los años 60 y principios de los 70 formó parte del Trío Economía, junto a Fernando Yáñez e Ismael Orozco. Este último, único sobreviviente del grupo, cuenta que el trío estuvo entre los ganadores del V Festival de la Canción Folklórica Boliviana “Lauro”, en 1969. Prueba de ello es un […]
Chile: ¿puede la injusticia acabar con la admiración?
Cuando el Comité Organizador del “XIX Encuentro de Historiadores, Cientistas Sociales e Intelectuales Bolivia-Chile” me invitó a exponer la “Relación comercial Bolivia-Chile vista desde el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)”, acepté no solo porque tenía que ver con mi actividad institucional, sino porque Chile, desde hace tiempo, tiene un especial significado para mí. Al inicio de mi intervención, agradecí a los coorganizadores —Universidad Católica Boliviana, Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz y Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra (UPSA)— y al Consulado General de Chile por respaldar el evento, que se realizó en el Centro de Convenciones de la UPSA el 30 de octubre de 2026, ante un auditorio colmado por delegados de ambos países, docentes y universitarios. Formé parte de un panel junto con el doctor en Antropología Pablo Mardones, de la Universidad de Tarapacá, quien […]
Crisis energética por decreto
Uruguay salió de su crisis energética con una política de Estado avalada por todos los partidos políticos. Bolivia la enfrenta a puro decreto supremo. Si arriba no hay acuerdos, el cambio tendrá que empezar abajo: en las alcaldías, las gobernaciones y los techos. En 2008, Uruguay no tenía petróleo, gas ni carbón, y el barril que importaba se había triplicado en seis años. Ese año aprobó una Política Energética con metas a 2015, 2020 y 2030, y en 2010 todos los partidos políticos con representación parlamentaria la avalaron. Hoy genera el 98 % de su electricidad con fuentes renovables. Bolivia vive su propia crisis energética, y la respuesta ha sido otra: en enero, un decreto declaró la emergencia energética y abrió la importación de combustibles a privados; en julio, otro dejó en cero el ICE de los vehículos 100 % […]
Relanzamiento para superar a pusilanimidad
Lo concreto, al despuntar noviembre de 2026, es que el domingo 8 el país no escuchará de labios del presidente Rodrigo Paz una evaluación pormenorizada del primero de sus cinco años de mandato constitucional. Este es un gobierno que decide, repite últimamente el mandatario. Pues bien, decidió anteponer su viaje a Europa en lugar de decirles a los bolivianos y bolivianas cuánto se ha avanzado para superar la crisis de los mil rostros, esa que tiene agobiados a todos y hace prever un 2027 aún más complicado por el “ajuste”. Haber subido de 1 a 14 los informes no soluciona la falta de agallas. Un informe escrito, otros doce aún sin formato definido —uno por cada ministerio— y, al final, el que debería ser presentado de cara al país, en la fecha en que el presidente inició la conducción del […]
Abusos con el idioma
El 31 de agosto de 2026 se puso fin a un abuso que nunca estuvo plenamente justificado: la vigencia del “Certificado Único de Idiomas Oficiales del Estado Plurinacional de Bolivia”, requisito ineludible para el acceso a la función pública. El fondo de la exigencia era legítimo: validar los idiomas originarios y evitar su desaparición. Se introdujo en la normativa boliviana mediante el primer parágrafo del artículo 5 de la Constitución Política del Estado (CPE), que reconoce 36 de esos idiomas como oficiales de Bolivia, además del español, al que el texto constitucional sigue llamando castellano. Más adelante, el artículo 234 establece como exigencia “para acceder al desempeño de funciones públicas” el “hablar al menos dos idiomas oficiales del país” (234.7). Hasta ahí todo estaba muy bien, pero los problemas comenzaron cuando los funcionarios encargados de aplicar esas reformas constitucionales las […]
Sé el primero en dejar un comentario