Escribo este artículo en la madrugada del miércoles, poco después de haber cruzado la línea entre martes y miércoles, y tras haber cerrado la edición impresa del diario El Potosí (que, por cierto, cada vez resulta más difícil de mantener).
El título de apertura es oprobioso, aunque no particularmente novedoso: un tribunal de apelación amplió la detención preventiva de la alcaldesa de Potosí y de una exalcaldesa. Que sean dos al mismo tiempo podría parecer algo fuera de lo común en otros municipios, pero no en la Villa Imperial… y eso es precisamente lo triste. Van casi tres años de una crisis que no hace más que agravarse.
Cada vez que parece que tocamos fondo, surge otra situación inverosímil y seguimos hundiéndonos, descubriendo que ese fondo tenía otro fondo más abajo, y debajo de ese, otro más. Es, en definitiva, un abismo que parece no tener fin.
Lo de “casi tres años” es solo referencial, porque —por ahora— todo parece haber comenzado cuando el expresidente cívico Jhonny Llally fue elegido alcalde de Potosí. Con él se inició una gestión municipal que ya es, con diferencia, la peor en la historia de la democracia reciente.
Sin embargo, la espiral que ahora parece eterna se desató el 1 de septiembre de 2023, cuando Llally asistió a una audiencia de medidas cautelares y, sorpresivamente, el juez le impuso detención preventiva. Recuerdo que me tocó seguir al alcalde con transmisión en directo mientras los policías lo conducían hasta el garaje, donde lo metieron en un vehículo que lo llevó hasta Cantumarca. De por sí, las escenas ya eran impactantes, pero nadie imaginó que solo eran el comienzo de una pesadilla sin fin.
Desde entonces se sucedieron una serie de elecciones de alcaldes y alcaldesas interinos. No hubo estabilidad por una razón clara: las fuerzas políticas representadas en la Alcaldía de Potosí querían obtener su tajada, ya fuera en el manejo de personal o en los sobornos por contratos municipales. En ambos casos se manejan pagos ilegales —en efectivo o en “especie”— que dejan muy pequeños los ingresos por sueldos, que ya de por sí están entre los más altos de este gobierno municipal.
Para subir o bajar alcaldes y alcaldesas fueron necesarias maniobras tanto en el Concejo Municipal como en los tribunales, y no todas resultaron legales. Eso generó fisuras que fueron aprovechadas políticamente: quienes querían llegar al poder —o simplemente derribar al adversario— recurrieron a la justicia. Como resultado de tantas denuncias y contradenuncias, al momento de escribir este artículo el saldo es el siguiente: un alcalde que ya renunció a su cargo (Llally), aunque sigue afrontando procesos por supuestos delitos sexuales; una alcaldesa y una exalcaldesa con detención preventiva en Cantumarca; y cuatro concejales aprehendidos. Por si fuera poco, el presidente del Concejo Municipal estaba a las puertas de una audiencia de medidas cautelares por supuesto acoso sexual, y casi todos los concejales tienen procesos abiertos, con medidas sustitutivas a la detención preventiva.
Quedan solo días para las elecciones y el cambio de autoridades subnacionales, pero esta gente insiste en llegar o volver al poder, aunque sea por un ratito. ¿Es tanto lo que se gana ilícitamente?
Y el Concejo Municipal no es el único con esos afanes. En la Gobernación, donde el gobernador también es interino porque el titular está preso en La Paz, ya se han intentado varias maniobras para reemplazarlo. La última fue elegir una nueva directiva en la Asamblea Legislativa Departamental de una manera que muchos consideran ilegal y que podría derivar en procesos judiciales con el mismo desenlace que en la Alcaldía. Pero los políticos no aprenden y se empeñan en seguir robando, incluso hasta el último minuto.
Juan José Toro Montoya es Premio Nacional en Historia del Periodismo.
La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Enfoque News.
Sobre el autor
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