El Gobierno nacional prevé aprobar este lunes un decreto supremo que permitirá actualizar los precios de contratos de obras públicas paralizadas, con el propósito de reactivar su ejecución en distintas regiones de Bolivia y garantizar la continuidad de proyectos municipales.
La medida fue acordada en una reunión entre autoridades nacionales y representantes de los gobiernos municipales. El presidente de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM), Johnny Torres, confirmó que la norma será considerada en gabinete ministerial.
Reajuste de obras públicas
El mecanismo busca adecuar los montos contractuales de proyectos que permanecen detenidos. Las autoridades municipales consideran que esta disposición permitirá retomar miles de obras cuya ejecución está pendiente.
Otro compromiso anunciado contempla restituir el 12% de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) descontados a las alcaldías durante 2026. La devolución se realizará dentro de esta misma gestión y los fondos tendrán carácter de libre disponibilidad.
Torres señaló que los municipios podrán destinar esos recursos al pago de deudas, la compra de combustible y el cumplimiento de obligaciones financieras hasta finalizar el año.
El director de Autonomías, Alfonso Lema, informó que el Ministerio de Hidrocarburos respondió favorablemente a la restitución. Hasta el viernes, el Gobierno y las organizaciones municipales trabajarán en el instrumento normativo para viabilizar el desembolso.
Recursos municipales
Lema precisó que las alcaldías ya disponen de aproximadamente Bs 2.400 millones adicionales, incorporados mediante el presupuesto reformulado de esta gestión y la inscripción de nuevos recursos. También existe el compromiso de gestionar un tercer incremento financiado con recursos del IDH.
Paralelamente, durante las próximas dos semanas se instalarán mesas técnicas para revisar la distribución de ingresos y las competencias municipales. La agenda incluye el esquema 50-50, la coparticipación tributaria y el financiamiento de la Renta Dignidad, el bono para personas con discapacidad, la seguridad ciudadana y la alimentación complementaria.
Las autoridades también analizarán mecanismos para incrementar los ingresos municipales en 2027. Lema advirtió que los acuerdos deberán contar con sustento técnico, jurídico y fiscal para concretarse.
Los representantes de las alcaldías valoraron los avances, pero señalaron que los compromisos todavía deben traducirse en disposiciones efectivas.






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