Es probable que el caos en las filas de las oposiciones y los oficialismos para elegir candidatos no hubiera estallado si la institucionalidad estatal y los partidos políticos hubieran respetado las reglas de juego establecidas en normas claras, diseñadas precisamente para evitar el desorden que ha marcado las últimas semanas en esta feroz disputa político-electoral.
Desde 2018 rige la Ley de Organizaciones Políticas, que regula la actividad política y la vida interna de los partidos a nivel nacional, departamental, municipal y en los pueblos indígenas. En su Capítulo II, dedicado a la democracia interna, la ley establece las elecciones primarias para definir los binomios presidenciales. Sin embargo, sus preceptos son ignorados con frecuencia por partidos, alianzas, candidatos, dirigencias y hasta por la propia institucionalidad electoral.
En 2019, antes de las elecciones generales de octubre —anuladas tras el escandaloso fraude liderado por Evo Morales—, las primarias fueron una farsa. En el MAS, se impuso sin cuestionamientos el binomio Morales-García Linera por cuarta vez. En Comunidad Ciudadana, Bolivia Dice No y el PDC, se informó al Órgano Electoral que sus militantes habían elegido por abrumadora mayoría a los binomios luego inscritos en el TSE. Todo un montaje.
El artículo 29 de la Ley de Organizaciones Políticas, que en 2025 cumplirá siete años, estipula: “Para participar en la elección de presidenta o presidente y vicepresidenta o vicepresidente del Estado Plurinacional, los partidos políticos o alianzas elegirán a su binomio en un proceso electoral primario, obligatorio y simultáneo, convocado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) 120 días antes de la convocatoria a elecciones generales, con participación exclusiva de la militancia. Este proceso será organizado y financiado por el TSE con recursos públicos”. Sin embargo, la realidad ha estado lejos de cumplirlo.
Tras el simulacro de 2019, en 2020 se suspendieron las primarias por la pandemia y la profunda crisis política que aún golpeaba al país. Para las elecciones generales de este año, se asumió —ingenuamente— que la ley se respetaría y que habría primarias para definir los binomios, incluso con la posibilidad de abrirlas a todos los electores, no solo a los militantes.
En marzo de 2024, Carlos Mesa, líder de Comunidad Ciudadana, llegó a la Asamblea Legislativa acompañado de legisladores de su partido y presentó un proyecto ambicioso: reformar la Ley de Organizaciones Políticas para que las primarias fueran abiertas, simultáneas, obligatorias y competitivas, al estilo de una verdadera campaña electoral, superando incluso las PASO argentinas. La propuesta buscaba incluir a todos los mayores de 18 años registrados en el padrón electoral, rompiendo con el control de los aparatos partidarios. Pero el documento quedó en el limbo: no hubo cabildeo serio y, cuatro meses después, en julio de 2024, durante una cumbre multipartidaria organizada por el TSE, los propios proponentes ayudaron a sepultar la idea.
En ese encuentro, autoridades estatales y líderes de las cúpulas partidarias —incluida CC— acordaron eliminar las primarias de 2025, ya fueran cerradas o abiertas. La excusa: priorizar las elecciones judiciales para renovar el sistema de justicia y contrarrestar los abusos del Gobierno. Sin embargo, las judiciales resultaron fragmentadas, y cinco magistrados prorrogados del Tribunal Constitucional y dos del Tribunal Supremo de Justicia, intocables desde enero de 2018, siguieron en sus puestos, sirviendo a los gobiernos de turno desde las altas cortes tras siete años y cuatro meses en el cargo.
Los argumentos para descartar las primarias fueron variados: falta de recursos por la crisis económica, urgencia de cambiar magistrados para equilibrar al Ejecutivo, imposibilidad de realizar dos elecciones en un año. Lo cierto es que las judiciales se desmoronaron y las generales de este año se celebrarán sin primarias. En su lugar, los partidos y alianzas han improvisado remedos peculiares: primarias de pacotilla basadas en pactos incumplidos, encuestas pactadas pero ignoradas, bloques deshechos, iniciativas unilaterales, “robo” o alquiler de siglas y uso de fondos públicos en precampañas.
Estos simulacros, carentes de reglas y plagados de zancadillas, han recurrido a propaganda oficial con tinte electoral, billeteras abultadas para imponerse, egos inflados para suplir carencias y una guerra sucia de amenazas y descalificaciones. ¿El resultado? Confusión, decepción y una creciente apatía entre la ciudadanía, que esperaba, por el contrario, claridad y esperanza.
A este escenario tóxico se sumó la “encuestocracia”: sondeos diversos —presenciales, virtuales, “primarias digitales”— que amplificaron el desconcierto y fueron el golpe final para el bloque opositor, desencadenando rupturas como la de Tuto y Samuel. La improvisación y los intereses mezquinos se apoderaron de liderazgos, partidos, alianzas e instituciones. Nadie priorizó la democracia nacional.
¿Cuántos binomios presentarán las oposiciones? ¿Cuántos representarán al populismo autoritario? Los errores de cálculo, los apuros, las trampas tejidas entre apretones de manos y las acusaciones de traición han saturado estos remedos de primarias. Urge exigir que, de cara a las próximas elecciones generales, el TSE impulse una reforma a la Ley de Organizaciones Políticas para garantizar primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, cumplidas como requisito esencial de los comicios. Solo así se evitarán nuevos episodios que atentan contra la democracia y que, francamente, rayan en lo patético.
Edwin Cacho Herrera Salinas es periodista y analista.
La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Enfoque News.
Sobre el autor
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