Conservas en lata falsificadas; champús con imitación de marcas reconocidas; lácteos con etiquetas cambiadas; detergentes y jabones de dudosa procedencia; botellas reutilizadas con etiquetas falsas de famosas bebidas, adulteradas; aceites comestibles de larga tradición mezclados con otras sustancias. Estos son solo algunos ejemplos de una larga lista de infracciones que dan “gato por liebre” a los consumidores, afectando no solo su economía y su salud, sino también al país en su conjunto.
Hace unos años, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) realizó una investigación titulada “El negocio de la muerte: comercio informal de medicamentos en Bolivia”, en la que mostró cómo cierta gente inescrupulosa lucraba con el dolor ajeno vendiendo medicinas contrabandeadas, sin registro sanitario ni cadena de frío; en algunos casos placebos y, en otros, productos adulterados, falsificados o que, de medicamento, no tenían nada. Fue una dura llamada de atención a las instituciones públicas involucradas en el tema en aquel entonces.
Ahora, el IBCE encara una nueva investigación relativa al contrabando y la falsificación, con dos estudios de caso —alimentos envasados y productos de cuidado del hogar, como detergentes, por ejemplo— con la mira puesta en garantizar la inocuidad alimentaria, la seguridad de uso de los productos, la compra de bienes originales y la competencia legal y leal para las industrias, los importadores y los comerciantes legalmente establecidos.
Con ese propósito, el IBCE realizó un primer sondeo de percepción ciudadana sobre el contrabando en septiembre pasado, con reveladores resultados. Un segundo sondeo, entre el 27 de octubre y el 4 de noviembre de 2026, arrojó cifras preocupantes: 7 de cada 10 personas dijeron haber comprado alguna vez un alimento envasado o un producto de limpieza creyendo que era original y resultó falso; para el 92 %, la oferta de productos falsificados aumentó durante el último año; y 96 de cada 100 encuestados dijeron temer que consumir alimentos falsificados perjudique su salud o la de su familia. Por tanto, esto no tiene que ver con una disputa comercial entre marcas: lo que se busca es que los alimentos que se pongan en nuestras mesas estén garantizados para su consumo, así como los productos de limpieza de nuestros hogares.
¿Quién garantiza el contenido de un aceite falso? ¿Alguien responderá si una leche adulterada enferma a un niño? ¿Qué hay de los químicos de un detergente clandestino? Nadie lo sabe con certeza y, justamente, ahí radica el peligro.
No se trata de cuestiones imaginarias. La prensa ha documentado abundante información sobre casos sonados de falsificación en Bolivia —como los referidos en el primer párrafo de esta columna—, dando cuenta de que los falsificadores se apropian del prestigio ajeno, engañan al consumidor y compiten de manera ilegal y desleal contra los industriales, importadores y comerciantes formales que, sí o sí, deben cumplir a rajatabla con registros burocráticos, normas sanitarias, pago de impuestos, responsabilidades sociales y demás, bajo el atento ojo de las autoridades.
El sondeo reveló también que, cuando el dinero no alcanza, las familias buscan precios más bajos. Esto se refleja en el hecho de que un 70 % de los participantes reconoció comprar habitualmente alimentos envasados o productos de limpieza en mercados informales o en el comercio callejero, buscando ahorrar. Sin embargo, suele cumplirse el adagio de que “lo barato cuesta caro”: cerca de la mitad de los encuestados dijo, por ejemplo, haber sufrido daños en su ropa, en su hogar o irritaciones en la piel porque el producto utilizado resultó ser falsificado. ¿Qué hacer frente a este problema?
Como anticipo de lo que el estudio del IBCE recomendará: asumir el compromiso de combatir la ilegalidad —gobernantes y gobernados— sería el punto de partida; fortalecer la institucionalidad hacia controles efectivos de las entidades competentes, con inteligencia, coordinación y sanciones a quienes lucran con lo falsificado, estaría muy bien; promover una alianza público-privada para compartir información, capacitar a los fiscalizadores y orientar al consumidor sería importante; facilitar la denuncia anónima desde el celular, dado que un 92 % dijo estar dispuesto a hacerlo a través de un mecanismo sencillo y seguro; y comprar de manera responsable, verificando el registro sanitario, el sello de seguridad y la fecha de caducidad, y adquiriendo productos donde haya garantías —por ejemplo, en los supermercados—, como señaló el 76 % de los encuestados.
El estudio sobre contrabando y falsificación que el IBCE entregará en breve apunta a ayudar a comprender que un producto falsificado engaña al consumidor, pone en riesgo su salud, menoscaba su derecho a elegir y afecta su bolsillo. No podemos resignarnos a que nos vendan una falsedad en una botella, una lata u otro envase, cuando de por medio están la vida, la economía formal y la legalidad.
Para forjar una mejor Bolivia, hay que acabar con esta situación que solo castiga a quien trabaja honestamente…
Gary Antonio Rodríguez Álvarez es Economista y Magíster en Comercio Internacional.
La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Enfoque News.





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