Imagínese por un momento que usted es un productor agropecuario que vive con su familia trabajando la tierra y criando ganado. Su sueño es vivir en paz y ganarse el pan de cada día con dignidad, produciendo no solo para su propio sustento, sino para alimentar a miles de bolivianos en todo el país. De pronto, ese sueño se convierte en una pesadilla cuando avasalladores —alcoholizados, drogados, armados con machetes y armas de fuego— irrumpen con violencia en su propiedad privada, la destruyen, lo amenazan, saquean sus bienes, secuestran a usted, a sus familiares o a sus trabajadores, y las autoridades hacen poco o nada. ¿No se sentiría usted indefenso?
Esto que parece una película de ficción es una dolorosa realidad. Según el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, está relacionado con el tráfico ilegal de tierras. “Sin respeto a la propiedad y al trabajo no hay inversión ni empleo; no se negocia con delincuentes”, afirmó, al exigir que se ejecuten las órdenes de aprehensión y desalojo ya emitidas, y que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) deje de funcionar políticamente y reasuma su rol técnico. Más de 330 predios han sido tomados por avasalladores, en muchos casos ligados a sindicatos de interculturales (“Hay un plan para desalojar predios avasallados con apoyo judicial y del Ejecutivo”, El Deber, 23.01.2026).
Por demasiado tiempo —demasiado, diría yo— Bolivia, y especialmente Santa Cruz —que genera más del 75 % del volumen de alimentos del país, casi el 90 % de las agroexportaciones y más de 1,6 millones de empleos—, ha convivido con la amarga sensación de que la ley está ausente cuando delincuentes organizados ocupan predios productivos, intimidan, destruyen, secuestran y matan, a costa de vidas, inversiones, empleos y la pérdida de esperanza.
El avasallamiento no tiene que ver con la pobreza ni con reivindicaciones sociales: es un crimen organizado. Lo demuestra su modus operandi repetido una y otra vez: ocupaciones planificadas, violencia armada, robo de maquinaria, tráfico de tierras y posterior intento de “legalizar” lo ilegal. Se trata de un avieso sabotaje al desarrollo, pues los avasalladores no vienen a producir, sino a robar, matar y destruir.
De ahí la importancia de las declaraciones del presidente Rodrigo Paz en Santa Cruz, con una claridad poco habitual en la política boliviana: “Aquí no hay espacio para maleantes, mafias y corruptos”. Sus palabras generan expectativa de cambio, como él mismo anunció: “Este es un año de ordenar la casa. Y esa casa, la patria, no puede seguir siendo de la corrupción ni de los maleantes que han causado tanto daño a la familia boliviana” (Ibíd.). Un país hastiado de ambigüedades políticas espera que esto se traduzca en un alto a la histórica tolerancia de la ilegalidad, para devolver la confianza en el Estado.
Desde el punto de vista jurídico, el reconocido abogado Joadel Bravo Bezerra aporta valiosos conceptos. Recuerda que el avasallamiento está tipificado en el artículo 351 Bis del Código Penal, con penas de 3 a 8 años de cárcel, y que la Ley 477 establece mecanismos específicos contra este delito. Por tanto, “no estamos ante un vacío legal, sino ante un vacío de aplicación”. La pasividad de jueces, fiscales y policías respondió, en gobiernos anteriores, a intereses políticos que vieron en la ocupación territorial un instrumento de control.
El jurisconsulto advierte una escalada peligrosa del fenómeno: mayor violencia, uso de armas de fuego, robo de ganado y maquinaria, y una capacidad institucional limitada que empuja los conflictos a una judicialización lenta e ineficaz. Por eso considera “un gran paso la reciente intervención del INRA, ya que otorga la esperanza de que tal ilícito pueda ser sancionado y, a su vez, prevenido”.
Bravo sugiere medidas concretas para atacar los avasallamientos: aplicación estricta de la ley; desalojos rápidos con protocolos de intervención; auditorías y evaluación de títulos vinculados con avasallamientos y tráfico de tierras; cambios en autoridades comprometidas con la impunidad; un catastro rural interoperable (INRA–DDRR–Municipios–ABT–SERNAP); y equipos jurídicos que sigan los procesos penales hasta el final.
Nada de esto es ideológico: es lógico. Sin seguridad jurídica no hay inversión; sin inversión no hay producción; sin producción no hay exportación; sin exportación no hay divisas, empleos ni ingresos para las familias; y sin todo ello, no hay desarrollo humano posible. De ahí la preocupación ciudadana generalizada.
El Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) realizó un gran sondeo en 2024 sobre el tema: un 99 % afirmó que el avasallamiento daña el desarrollo, que la justicia debe sancionar a los avasalladores y que el Gobierno debería garantizar la seguridad jurídica; el 98 % opinó que los avasallamientos frenan la inversión; un 97 % dijo que impiden producir y exportar más alimentos; el 83 % afirmó que hay gente armada avasallando; y el 89 % sentenció que la justicia no defiende al productor.
Si el Estado asume su rol de garante, si la justicia deja de mirar al costado y si la sociedad civil acompaña con firmeza a las autoridades, será posible devolver al campo la dignidad, al productor la seguridad y al país el sueño de un crecimiento sostenido y sostenible. “Ordenar la casa” debe dejar de ser un eslogan y convertirse en una acción concreta. Los maleantes, las mafias y los corruptos ya están advertidos: para ellos no habrá más consideración.
Gary Antonio Rodríguez Álvarez es Economista y Magíster en Comercio Internacional.
La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Enfoque News.
Sobre el autor
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