Cada vez que sale a la luz un nuevo caso de robo a los bolivianos cometido durante el gobierno de Luis Arce, resulta más evidente que la corrupción se enseña y se aprende. Durante trece años como ministro-cajero, le tocó hacer el trabajo sucio mientras los todopoderosos del momento se enriquecían con los ingentes recursos públicos disponibles en Bolivia gracias a la bonanza.
Era convocado al Palacio Quemado, recibía encargos concretos y volvía a su despacho cavilando cómo iba a maquillar y cuadrar las cifras para garantizarles impunidad. Nunca se atrevió a decirles que no se debía o que no se podía. Le exigían las cosas para ayer.
Cuando fue elegido como candidato a la presidencia en enero de 2020, en Buenos Aires, el exministro de Economía se vio ante la oportunidad de hacer para sí mismo todo lo que había hecho para otros durante años.
Sabía, por ejemplo, que los mil millones de dólares dilapidados en un anacrónico y equivocado método de explotación del litio en el Salar de Uyuni podrían retribuirle ganancias millonarias con solo apostar por el método EDL. En plena campaña electoral, acordó con su hijo mayor buscar socios extranjeros.
El objetivo era ganar millones con la explotación del oro blanco. No fue lo único. Ya instalado en la Casa Grande del Pueblo, desplegó aquello que había aprendido en casi década y media. La “industrialización con sustitución de importaciones” fue el caballo de Troya para los negociados con plantas industriales, silos y maquinarias. La infraestructura vial también ingresó a la carpeta de los negocios varios.
Armó un equipo que le garantizara ganancias rápidas y permanentes, al margen de las que tenía que enviar a los niveles partidarios encabezados por el caudillo decidido a seguir aprovechándose del gobierno mediante su delfín electoral.
Obras Públicas fue central en ese esquema y, por ello, no hubo más que un solo ministro durante los cinco años de una administración que empezó masista y terminó arcista.
La coima millonaria en la doble vía entre Sucre y Yamparáez, de parte de una empresa china, fue el botón de muestra de lo que ya estaba ocurriendo en la ABC y otras áreas de la administración estatal con altos presupuestos en “inversión pública”.
Después de mucha resistencia, rodó la cabeza del primer Presidente Ejecutivo de la Administradora Boliviana de Carreteras y de algunos funcionarios de tercer nivel. El ministro de Obras Públicas se mantuvo en el cargo desde el inicio hasta el final del gobierno 2020-2025. Intuirás por qué.
Édgar Montaño, ahora detenido preventivamente en la cárcel de San Pedro de La Paz —donde también se encuentran Luis Arce y Franklin Flores, entre otras exautoridades—, mostró su habilidad política desde el principio.
Fue diputado del MAS en el período 2015-2020 y se mostró como un rabioso defensor de Evo Morales. Ya en el poder a partir del 9 de noviembre de 2020, Montaño pasó al arcismo sin mayores remordimientos porque sabía que su consolidación como ministro de Obras Públicas dependía del cambio de bando.
Enfrentó varias denuncias de corrupción durante su gestión, provenientes de parlamentarios del evismo, algunos opositores y los afectados por el direccionamiento en la contratación de grandes obras de infraestructura. Era un secreto a voces el pago de diezmos en el ministerio de Montaño para adjudicarse proyectos millonarios y de envergadura.
Arce lo defendió a capa y espada, incluso cuando Morales pidió su destitución. Montaño se había convertido en una autoridad inamovible, no por su capacidad técnica ni por su probada honestidad. No. Fue porque había aprendido aceleradamente cómo enriquecer a los nuevos todopoderosos y a él mismo.
Además de entrenar a grupos de choque, conocidos como “guerreros azules”, para que troten en desfiles públicos o griten consignas en entregas de obras, Montaño pretendió darle un toque de sofisticación al robo de recursos públicos. Lo hizo para obtener una ganancia cercana a tres millones de dólares cambiando un casi inadvertido decimal en un contrato carretero de más de 426 millones de dólares.
El tipo de cambio oficial era y es todavía 6,96 bolivianos por 1 dólar estadounidense. Durante el proceso de contratación para la construcción de un tramo en la vía entre Cochabamba y Santa Cruz, en el sector de El Sillar —que incluía dos extensos túneles paralelos—, se cambió el decimal y el tipo de cambio subió a 6,98 bolivianos. El rédito ilegal superó los 1,2 millones de dólares, según el Ministerio Público (aunque otras fuentes hablan de hasta 2,4 millones por reajustes y modificaciones).
Otro monto parecido se habría obtenido vía contratos modificatorios y anulación de penalidades a la empresa china Sinohydro, la constructora que se adjudicó la obra entregada con demora y con observaciones constructivas. Los fiscales que investigan a Montaño y a otras exautoridades de Obras Públicas, además de un representante de la compañía asiática, informaron que habría corrupción incluso en la tramitación de la boleta de garantía presentada por la constructora.
Recordando los 14 años del régimen de Morales y los 5 años de gobierno de Arce, es imposible pensar que esas administraciones atestadas por la corrupción hayan sido presididas por hombres honestos y transparentes. Al contrario: se hizo de la corrupción una escuela de habilidades perniciosas. Se enseñó a cometerla de frente, aprovechando el poder hegemónico y la captura del sistema judicial. Y se enseñó a usar la viveza criolla —como el cambio del tipo de cambio— con el convencimiento de que era una lección de sofisticación. Merecen castigos duros unos y otros, sobre todo aquellos que se mostraron como alumnos aventajados.
Edwin Cacho Herrera Salinas es periodista y analista.
La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Enfoque News.
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