Sí, en lo económico y político. El escándalo que tiene tras las rejas a Fernando Cerimedo no debería ser considerado como otro episodio más de turbulencia política en la historia democrática del país. Las investigaciones fiscales sobre delitos a raíz del poder que le fue concedido al exasesor presidencial argentino —incluida aquella que apunta a la protección del narcotráfico— ponen al descubierto que la prometida transparencia institucional no llegó a áreas clave del Gobierno. Pero, mientras la política boliviana se consume en escándalos, acusaciones mediáticas y explicaciones a medias y tardías, hay una crisis más profunda que avanza subterráneamente: la crisis económica. Y es la que representa el verdadero peligro para Bolivia.
Hemos comenzado el segundo semestre de 2026, año en el que debería iniciarse un nuevo ciclo económico, con una combinación particularmente angustiante: escasez de dólares en el sistema, irresuelto desabastecimiento de carburantes, mantenido déficit fiscal elevado, inflación creciente y una economía capturada por la recesión. No se trata de percepciones aisladas. El Banco Central de Bolivia (BCB), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) proyectan un decrecimiento del PIB para esta gestión de -3,6 %, -3,3 % y -3,2 %, respectivamente. En el caso de la inflación, las proyecciones vuelven a situarla en dos dígitos, recordando que Bolivia cerró 2025 con una inflación acumulada oficial del 20,40 %, según el INE.
El déficit fiscal, que sigue bordeando el 10 % pese a las promesas electorales de eliminarlo, y la corrupción heredada del MAS y tolerada por el actual Gobierno —principalmente en YPFB y la ANH— han dificultado el acuerdo con el FMI, que finalmente aprobó un crédito de 1.900 millones de dólares con 54 parámetros y metas evaluables. El primer desembolso, de alrededor de 600 millones, podría producirse este mes de septiembre y servir para el pago del servicio de la deuda externa —a fin de evitar el default— y la compra de combustibles, en un escenario que podría marcar el fin de la subvención total del diésel y la preparación de un terreno similar para la gasolina en 2027, sabiendo que ello podría traer una nueva elevación de tarifas en prácticamente todas las modalidades de transporte.
El próximo año se presenta duro para el país, entre otras cosas porque el ajuste fiscal acordado con el FMI apunta a que, del 9,8 % del déficit público que registra actualmente la economía boliviana, el mayor porcentaje de reducción debería darse en 2027, con alrededor de 6,5 puntos porcentuales. La previsión es que una eventual caída de la inversión pública, como efecto de la reducción del déficit fiscal, sea contenida con inversión privada, por lo que se necesita una reforma parcial de la Constitución y la aprobación del mentado paquete de leyes estructurales.
El problema retratado en cifras y porcentajes no solo avizora que se viene un año duro en términos económicos para los bolivianos, sino el agotamiento final de un modelo económico que gastó más de lo que se tenía, utilizó las reservas internacionales como amortiguador, mantuvo subsidiados los carburantes a sabiendas de la caída en la producción de hidrocarburos y se opuso a mover el tipo de cambio, distorsionando el mercado de las divisas, entre otras barbaridades.
La sociedad también se apoltronó en la “estabilidad económica” que brindaba el modelo en franco deterioro: tipo de cambio inamovible, precios fijos de carburantes —sostenidos artificialmente—, tasas bancarias que invitaban al crédito general e indefinido… El sacudón que se viene también nos obligará a salir de esa zona de confort y tal vez promueva algo que se ha perdido de vista en las últimas décadas: en tiempos de crisis profundas salen adelante los mejores, en cualquier rubro.
Por eso, el ajuste fiscal será insuficiente si no hay decisiones claras desde la conducción política e institucional. Bolivia necesita un programa agresivo de producción y exportaciones. Hay que convertir la minería, el agro, el turismo y la industria en fuentes reales de generación de dólares, con inversión privada nacional y extranjera, pero también con reglas claras que eliminen las trabas burocráticas y corruptas, y promuevan la seguridad jurídica. No podemos seguir esperando una nueva etapa de bonanza gasífera. Eso les tiene que quedar claro a gobernantes y gobernados.
En este punto es clave reconstruir la institucionalidad del país de manera rápida, eficiente y transparente. Los casos Cerimedo —enriquecimiento ilícito, protección al narcotráfico y tentativa de feminicidio— no pueden ser más la carta de presentación de un país que aspira a atraer a los inversionistas y mostrarse como un Estado confiable, teniendo a personajes como el exasesor presidencial argentino nada menos que en los círculos más íntimos del poder. Dime con quién andas y te diré quién eres. Ojalá que la decisión política alrededor del escándalo sea que la justicia determine con absoluta claridad las responsabilidades de cada uno de los involucrados, y no esperar que el tiempo se encargue de convertirlo en otro episodio más de nuestras turbulencias políticas.
Como se dice actualmente, la ventana de oportunidad se está cerrando para el Gobierno de Rodrigo Paz. Puede seguir “a salto de mata” o asumir que Bolivia atraviesa una verdadera emergencia económica que requiere decisiones extraordinarias, explicar con sinceridad la magnitud del problema que tenemos todos entre manos y convocar a sectores políticos, sociales, económicos, cívicos, empresariales y académicos a un acuerdo nacional para superar la crisis de los mil rostros; no para las fotografías o los discursos pasajeros, sino para sentar las bases de un nuevo y largo momento.
Dirás que aún faltan cuatro meses para que se vaya el 2026 y que hay tiempo para hacer ajustes. Es cierto, pero apunto que en 2027 todos los problemas que hoy parecen estar separados —dólares, combustibles, inflación, déficit, deuda, recesión, desempleo, desconfianza— pueden terminar encontrándose en un mismo punto el próximo año. Lo peor todavía está por venir, pero no es inevitable. Dependerá de las voluntades y las decisiones políticas del corto plazo.
Edwin Cacho Herrera Salinas es periodista y analista.
La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Enfoque News.
Sobre el autor
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