La madrugada del 3 de octubre de 2025, Montero se tiñó de miedo. Más de cien encapuchados armados irrumpieron violentamente en la propiedad “Patujú”, como una turba de hienas, sembrando pánico y destrucción. No fue un mero avasallamiento; fue un acto de terrorismo: trabajadores golpeados, ganado sacrificado, cultivos devastados y el productor, Pablo Vaca Díez, secuestrado como botín humano. Su esposa lloró ante las cámaras pidiendo auxilio, clamando por la vida de su marido. Mientras tanto, el Estado brilló por su ausencia. ¿Qué de la seguridad jurídica, la protección de la vida y la propiedad privada en el mentado Estado Plurinacional, producto del “proceso de cambio” y el Socialismo del Siglo XXI?
No fue un hecho aislado. Según la Cámara Agropecuaria del Oriente, son 160 los predios productivos avasallados en el agro cruceño; de hecho, son más, ya que muchos productores no lo denuncian al estar intimidados ante la inoperancia de quienes deben prevenir, controlar y sancionar este delito.
Todo parece indicar que se trata de un patrón macabro que se da una y otra vez en la principal región productora de alimentos. La forma en que otra propiedad —“Santa Rita”— ha sido avasallada ya por cinco veces se repite en Montero: delincuentes encapuchados, alcoholizados, drogados y armados que invaden predios productivos donde capitales nacionales y extranjeros invirtieron años de trabajo y millones de dólares para hacer de Bolivia una potencia agroalimentaria.
Estos avasalladores de tierras no vienen a sembrar ni a producir, sino a robar maquinaria, a cosechar lo que otros sembraron, a revender tierras ajenas y a extorsionar a los productores. Con cada invasión, la impunidad se fortalece y la esperanza se diluye.
Un sondeo de opinión sobre el tema, realizado por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) en 2024, arrojó resultados lapidarios: el 99 % dijo que los avasallamientos perjudican al desarrollo; un 97 % afirmó que los avasalladores impiden producir y exportar más; el 98 % sentenció que espantan a la inversión productiva, y un 99 % exigió medidas urgentes a las autoridades para detener esta lacra.
Y si bien el pueblo habló con voz unánime, los delincuentes siguen actuando indemnes porque saben que las entidades del Estado no los frenan. ¿El resultado? Un país secuestrado, donde las leyes y las instituciones no funcionan y los criminales son quienes dictan las reglas, colocando a los productores en zozobra.
El drama que vivió “Santa Rita” en 2024 fue una prueba viva del infierno que acosa al agro: un día después de ser desalojados por la policía, una horda de motos reingresó con encapuchados armados con petardos, machetes y fusiles para tomar el campamento, golpear a los trabajadores, herir a los policías, secuestrar a un efectivo, saquear vehículos y maquinaria, intimidar a los obreros y, amparados en sus armas, ordenarles que se vayan o se atengan a las consecuencias.
La violencia llegó entonces a niveles dantescos: intentaron quemar un puente para incomunicar la zona, minaron caminos con “miguelitos” y amedrentaron con rondas de motos por la noche; incluso, el predio vecino, “San Fernando”, fue atacado, obligando a huir al trabajador que lo resguardaba. La justicia, bien, gracias.
¿Debe el país tolerar esto? ¿Dónde quedaron los derechos a la vida, al trabajo, a la libre circulación y a la seguridad, consagrados en la Constitución y en tratados internacionales? ¡Bolivia parece una tierra sin ley!
Las escenas en Montero no fueron distintas. El productor secuestrado acabó herido; el gobernador de Santa Cruz, retenido; movilidades apedreadas y muchas familias llorando. Fue una jornada de suspenso y terror que dejó al descubierto una triste verdad: sin seguridad jurídica, Bolivia no tiene futuro, porque frente al temor del ciudadano de bien se contrapone la certeza del delincuente de que el crimen sí paga.
Pero esto no queda aquí: el impacto trasciende fronteras. Cada avasallamiento es un golpe a la imagen del país. Mientras los inversionistas buscan destinos confiables donde invertir, Bolivia se muestra como tierra de nadie, donde la ley es letra muerta y la justicia un mero espectador. Ningún inversionista pondrá un dólar donde más de cien encapuchados arrasan con todo en cuestión de horas y nadie hace nada.
¿Qué se creen estos criminales? ¿Qué derecho tienen de robar, secuestrar e intimidar a quienes con su esfuerzo aportan a la economía del país? Cada hectárea invadida implica menos alimentos generados, y cada productor o trabajador herido, una cicatriz en la dignidad de Bolivia.
Si un 89 % del sondeo realizado por el IBCE dijo que los productores están desprotegidos, ¿qué hacer? ¿Grupos de autodefensa? ¡Inevitables si el Estado no cumple su deber! Aunque, así como están las cosas, no sería raro que los productores acaben en la cárcel por defender lo suyo, mientras los invasores celebran su impunidad. ¿Qué podemos hacer como sociedad civil para que esto acabe de una vez por todas? Porque ¡ya está de buen tamaño!
Gary Antonio Rodríguez Álvarez es Economista y Magíster en Comercio Internacional.
La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Enfoque News.
Sobre el autor
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