El municipio de Entre Ríos, en el trópico cochabambino, ha sido tomado por el narco. En los primeros días de mayo, Erick y Joed, dos jóvenes veinteañeros, fueron ejecutados en dos nuevos hechos de sicariato. Erick fue acribillado con 21 disparos junto a la carretera y Joed murió enmanillado, con un disparo en la cabeza. Los crímenes se cometieron días después del magnicidio perpetrado el 30 de abril en la capital cruceña contra el decano del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure, aparentemente por disputas de tierras.
Duele decirlo, pero son los últimos de una larga lista de víctimas de todas las clases sociales, jerarquías institucionales y niveles económicos. Representan uno de los momentos más delicados de nuestra historia reciente en materia de seguridad. El problema ya no es solo la expansión del narcotráfico, sino el enraizamiento de la cultura de la impunidad, que ha convertido al país en territorio fértil para el asentamiento de organizaciones criminales extranjeras, redes de sicariato y economías ilegales cada vez más sofisticadas.
En lo que va de este año, como sociedad, hemos acumulado decenas de ejecutados, víctimas no solo de la crueldad del crimen organizado en todas sus modalidades —tráfico de drogas, armas, seres humanos, minerales, carburantes, activos y conciencias—, sino también de la impunidad que ha transformado a la estatalidad en cómplice de la barbarie del siglo XXI. El crimen organizado ha dejado de ser un fenómeno periférico: es un factor estructural que está contaminando instituciones, distorsionando la economía y erosionando peligrosamente la convivencia social.
Los ajustes de cuentas, las ejecuciones selectivas y los hechos de sicariato ya no son episodios excepcionales. Forman parte del paisaje informativo cotidiano. La presencia de grupos vinculados a carteles brasileños, mexicanos y colombianos confirma que Bolivia ya no es solo un país de tránsito o producción, como se afirmaba en gobiernos anteriores. Hoy es un espacio de logística criminal, de protección territorial y de lavado de activos —como en los casos de las maletas y el Banco Fassil—, con un Estado que no muestra voluntad de investigar, procesar ni sancionar a quienes operan esas estructuras.
Estamos inmersos en una cultura de la impunidad, principal incentivo del crimen organizado. Cuando los responsables del tráfico de drogas, los asesinatos por encargo o las redes de legitimación de ganancias ilícitas rara vez terminan condenados, el mensaje que recibe el mundo criminal es claro: en Bolivia el riesgo es bajo y la rentabilidad es alta. Allí donde no existe sanción, el delito se convierte en un modelo de ascenso económico y poder territorial.
La normalización de la violencia destruye lentamente la sensibilidad colectiva. Las nuevas generaciones comienzan a convivir con la idea de que el dinero fácil, el poder armado y la actividad ilegal son mecanismos legítimos de movilidad social. El narco no solo trafica cocaína; también trafica los símbolos del éxito.
Vehículos de lujo, ostentación de dinero, manejo de armas, protección política y capacidad de intimidación con grupos violentos terminan aniquilando los valores vinculados al trabajo, la educación y la institucionalidad democrática. Cuando una sociedad pierde la capacidad de indignarse frente al crimen, comienza a perder su cohesión moral. También duele decirlo, pero esto ya está sucediendo en el país.
La impunidad está degradando la médula del Estado: policías infiltrados, fiscales condicionados, jueces vulnerables y políticos dispuestos a proteger intereses ilegales están dando paso a un fenómeno aún más grave que la corrupción: la captura parcial o total de instituciones públicas por parte de redes criminales. Hay que recordar que el narco llegó a tener ojos y oídos en el despacho del Ministerio de Gobierno a través de un ayudante de órdenes.
El crimen organizado prospera donde la institucionalidad es frágil y la polarización política consume toda la energía del sistema democrático. Mientras el debate público se reduce a disputas partidarias, los criminales avanzan ocupando territorios, penetrando economías locales y tejiendo relaciones con sectores de poder. En América Latina hay suficientes ejemplos de lo que ocurre cuando la política subestima el poder corrosivo de las organizaciones criminales.
El problema de Bolivia no es únicamente criminal; es profundamente político. Distintos gobiernos, desde fines del siglo XX, prefirieron administrar el problema antes que enfrentarlo de manera estructural. La ausencia de reformas en la justicia, la politización de las instituciones de seguridad y la debilidad de los sistemas de inteligencia convirtieron al país en un espacio propicio para la expansión de las mafias, como la organización criminal de Sebastián Marset, que decidió convertir a Santa Cruz en su centro logístico.
Como sociedad, necesitamos abandonar la negación colectiva. Además de reconocer que el crimen organizado transnacional ya opera en el país con capacidad financiera, territorial y logística, es imprescindible reconstruir las instituciones y recuperar la capacidad de indignarnos ante la violencia sicarial. Sin justicia independiente, sin depuración policial, sin sistemas modernos de inteligencia criminal y sin cooperación internacional efectiva, cualquier iniciativa antidrogas será mera retórica política.
Es urgente recuperar la idea de autoridad legítima del Estado, no mediante discursos grandilocuentes, sino a través de instituciones que investiguen, sancionen y protejan a la ciudadanía de las bandas criminales. La lucha contra la impunidad no puede reducirse a operativos televisados: debe traducirse en condenas efectivas y en la ruptura de las redes de protección política.
Cuando un país sucumbe ante la cultura de la impunidad, el crimen organizado deja de ser una amenaza externa y se transforma en parte del sistema.
Edwin Cacho Herrera Salinas es periodista y analista.
La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Enfoque News.
Sobre el autor
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