La disputa entre Bolivia y Perú por el origen de un número cada vez mayor de danzas es, en esencia, una cuestión económica: así de sencillo.
La semana pasada me referí al video “¿Qué país es dueño de la diablada, caporales, saya, morenada?”, publicado por el ingeniero peruano Hugo Javier Pillco en su millonaria cuenta de YouTube HugoX ChugoX. Aunque considero que el audiovisual maneja argumentos interesantes, también creo que el youtuber se equivoca en sus teorías sobre los orígenes de la diablada y la morenada.
Sin embargo, en este artículo no me voy a referir a los orígenes de las danzas —tema que tengo reservado para otras entregas—, sino a la afirmación final del video mencionado: la declaración de Pillco de que “la controversia (entre Bolivia y Perú por las danzas) es únicamente política y nacionalista”.
La controversia no es política, porque el origen de las danzas no figuró en ninguna de las campañas de las organizaciones políticas que participaron en las elecciones de 2025, ni aparece en las de este año. No hay políticos bolivianos que hablen del tema, por lo que reducir la controversia a eso sería un simplismo.
Lo del nacionalismo merece un debate más profundo. Es cierto que, a uno y otro lado del Desaguadero, se reclama para sí las danzas en disputa y se reivindica su origen para el propio país, pero los sentimientos de pertenencia no son tan fuertes como el interés económico.
Veamos algunos datos:
A convocatoria del entonces Ministerio de Culturas, los días 5 y 6 de septiembre de 2022 se reunieron en La Paz las asociaciones de fraternidades y conjuntos folklóricos, que elaboraron un documento titulado “Estadísticas folklóricas”. En él se afirmó que las diversas fiestas patronales de Bolivia generan un movimiento económico interno de 5.000 millones de dólares anuales. Lo de “interno” significa que ese dinero no proviene de la captación de divisas (es decir, de turistas que introducen moneda extranjera al país), sino de la circulación económica en las ciudades donde se realizan las festividades. No son recursos frescos, pero sí dinamismo económico.
Este año, Oruro reportó la captación de hasta 90 millones de dólares por concepto de visitas a su Carnaval. La cifra es elevada y refuerza la idea de que mucha gente solo genera ingresos durante ese período y sobrevive con eso el resto del año.
Aunque los puneños que fomentan la acusación de robo cultural digan lo contrario, Oruro siempre fue un modelo a seguir precisamente por el dinero que mueve su carnaval. Por ese mismo camino transitan otras festividades grandes como el Gran Poder, Urkupiña, Ch’utillos y, ahora, Guadalupe, sin contar las fiestas patronales de ciudades intermedias.
Hasta por lo menos 1960, Puno no contaba con una festividad comparable a la de Oruro, que ya por entonces era conocida, prestigiosa y generaba importantes ingresos. Lo que hizo entonces fue copiar el modelo boliviano para movilizar su economía, lo cual es legal y legítimo.
Lo que no es ni legal ni legítimo es que, además de adoptar un modelo ajeno como el de Oruro, presente danzas bolivianas como si fueran propias, porque eso constituye un robo de propiedad intelectual.
Y aquí resurge la controversia: ¿cómo se determina el origen de las danzas? En artículos posteriores no solo mostraré datos, sino hechos que demostrarán que, al menos hasta 1960, Puno no tenía ni la fiesta ni las danzas que ahora exhibe como propias.
Juan José Toro Montoya es Premio Nacional en Historia del Periodismo.
La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Enfoque News.
Sobre el autor
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