En este año del bicentenario, que aún no llega a su mitad, Bolivia recibió dos tremendos “regalos”. Uno de ellos fue su inclusión en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
La lista gris agrupa a países con deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Estar en ella es tan grave que el gobierno ha anunciado reformas legales para evitar caer en la lista negra, lo que traería consecuencias severas. Sin embargo, dada la deteriorada relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, marcada por diferencias sectarias, hay pocas esperanzas de que se adopten medidas concretas. Lo verdaderamente terrible es que hemos llegado a esta situación como parte de un proceso que mostró su rostro más cruel en Llallagua, cuando grupos de bloqueadores asesinaron a policías y a un civil.
¿Qué tienen que ver los sucesos de Llallagua con la lista gris? Mucho. Esos hechos confirmaron la expansión del tráfico de marihuana en el norte potosino y su vínculo directo con la internación de vehículos indocumentados desde Chile, muchos de ellos robados.
El tráfico de autos “chutos” forma parte de redes internacionales que internan vehículos usados en países en desarrollo. En 2020, un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente identificó a Chile como uno de los diez principales importadores de autos usados, que luego son introducidos, generalmente de manera ilegal, en Bolivia, Paraguay y Perú. Esto explica el surgimiento de gigantescos mercados de vehículos indocumentados en el sur de Oruro y el norte de Potosí, regiones próximas a la frontera con Chile.
El mercado de autos usados, que se venden como nuevos, mueve miles de millones de dólares. El primer eslabón está en Asia, con Japón a la cabeza, donde intermediarios compran estos vehículos por docenas sin control alguno, lo que facilita el uso de dinero de dudosa procedencia que, de esta manera, se “lava” al entrar en los circuitos económicos. Un estudio del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), publicado en 2021 y titulado La ruta de los chutos: Red transnacional de distribución de autos usados a Bolivia, señala que entre los intermediarios hay turcos y paquistaníes. Aquí encontré otro detalle: el enlace para la compra de ambulancias usadas para la Gobernación de Potosí era un paquistaní.
¿En qué está el caso de las ambulancias fantasmas? El gobernador titular de Potosí, Jhonny Mamani, permanece detenido preventivamente en una cárcel de La Paz, no directamente por ese caso, sino por legitimación de ganancias ilícitas, un delito relacionado con el lavado de dinero. Durante su gestión, Mamani impulsó en la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Potosí un paquete de proyectos para construir canchas de césped sintético en casi todos los municipios del departamento. Aunque él está en prisión, la ALD sigue aprobando esas construcciones. Los asambleístas del MAS, que respaldan estos proyectos, aseguran que responden a pedidos de los habitantes de los municipios beneficiarios. Sin embargo, tras los sucesos de Llallagua, descubrí que quienes solicitan esas canchas son migrantes que viven en la capital del departamento y regresan los fines de semana a sus tierras, donde usan estos campos deportivos para entretenimiento.
Al final, todo está conectado y explica por qué, como segundo “regalo”, Bolivia aparece en la lista negra de los países con mayor corrupción, siendo campeones regionales y subcampeones mundiales. Por eso tenemos sembradíos de marihuana en el campo y nuestras ciudades inundadas de autos “chutos”.
Juan José Toro Montoya es Premio Nacional en Historia del Periodismo.
La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Enfoque News.
Sobre el autor
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