El consorcio ilegal que intentó defenestrar a una magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no es un asunto menor. Lo integraban, según las investigaciones fiscales y la información disponible, el ministro de Justicia, el presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, una vocal de la Sala Cuarta de la justicia paceña, un magistrado suplente del TSJ, un juez provincial, abogados ligados al poder, funcionarios y un sicario judicial.
El consorcio habría diseñado el denominado «Plan Coaquira» de manera meticulosa, con semanas de anticipación. Su objetivo era destituir a Fanny Coaquira Rodríguez, magistrada oriunda de la provincia Inquisivi y titular del TSJ en representación del departamento de La Paz. Coaquira es una de las siete nuevas autoridades del TSJ, elegidas en las fragmentadas elecciones judiciales de 2024.
Dos de los nueve magistrados del TSJ, uno de Pando y otro de Beni, concluyeron su mandato en diciembre de 2023, pero se beneficiaron de una sentencia del Tribunal Constitucional que los mantuvo en sus cargos como prorrogados, al igual que cinco de los nueve magistrados del propio Tribunal Constitucional.
El «Plan Coaquira» buscaba separar a la magistrada mediante un recurso judicial, acusándola de haber presentado un documento falso para cumplir con los requisitos de preselección en las comisiones mixtas de la Asamblea Legislativa, encargadas de verificar y examinar a los candidatos. De haber tenido éxito, este plan habría fortalecido la posición de los magistrados prorrogados en el TSJ.
El presidente del TSJ, Romer Saucedo, denunció públicamente que este intento de destitución formaba parte de un golpe al Órgano Judicial, con acciones similares en otras regiones del país dirigidas a magistrados titulares del Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura, cuyas salas plenas están compuestas por cinco y tres miembros, respectivamente, todos elegidos en las judiciales de diciembre.
La denuncia más grave señala que el consorcio ilegal pretendía sentar precedentes nefastos para desconocer al nuevo presidente, vicepresidente o parlamentarios electos en los comicios de 2025. En esencia, se trataba de un plan de mayor alcance: atentar contra la democracia y la voluntad popular mediante recursos judiciales planificados y ejecutados por consorcios de jueces y abogados.
El principal beneficiado habría sido el prorroguismo presidencial. Es plausible suponer que las demandas y fallos debían presentarse y dictarse antes del cambio de gobierno, el 8 de noviembre de 2025, para impedir la ascensión de una nueva administración. El mecanismo consistía en presentar recursos constitucionales en juzgados provinciales, emitir fallos amañados y convalidarlos en el nivel más alto de la justicia constitucional, donde los prorrogados aún tienen influencia.
Dada la magnitud del riesgo que corrió la democracia boliviana, resulta sorprendente que no se haya exigido al presidente del TSJ judicializar su denuncia mediática para ampliar los delitos investigados en el caso del consorcio. Hasta ahora, los implicados han sido imputados por presuntos delitos de consorcio y tráfico de influencias, cuyas penas son menores en comparación con delitos como terrorismo, sedición o conspiración.
¿Por qué el propio Saucedo no ha impulsado una investigación más amplia basada en los datos que proporcionó a la opinión pública? ¿Será un tema que el futuro gobierno abordará tras haber desbaratado este intento de golpe desde las esferas judiciales? Por ahora, los desvanecimientos y las chicanas jurídicas están llevando el caso a una congeladora, especialmente porque la investigación ha sido declarada en reserva.
A pesar de ello, el trabajo periodístico ha logrado romper el hermetismo, revelando las declaraciones del juez de Coroico y del magistrado suplente del TSJ. Estas coinciden en hechos que apuntan inequívocamente a un consorcio ilegal que planificó, presionó y ejecutó, pero falló en su intento de destituir a Fanny Coaquira y otros magistrados, con el propósito de asestar un nuevo golpe a la democracia.
Edwin Cacho Herrera Salinas es periodista y analista.
La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Enfoque News.
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