El nuevo ciclo político y económico que comenzó recientemente en Bolivia ha infundido en la población la esperanza de que el accionar estatal sea diferente y no se repitan los errores de los últimos veinte años, que impidieron un mayor desarrollo agropecuario, agroindustrial y agroexportador del país. Para salir de la crisis, hay que tomar definiciones y el tiempo apremia: ¿daremos el salto a la agricultura del siglo XXI o nos distanciaremos de quienes han decidido producir más, mejor y de forma sostenible usando la ciencia y la tecnología?
A la luz de lo observado desde 1996, año en que se permitió el comercio de alimentos genéticamente mejorados a partir de la biotecnología, se ha podido confirmar que esta es una potente herramienta capaz de mejorar la vida de los agricultores, dinamizar las cadenas productivas, generar empleos y reducir el impacto ambiental en la producción de alimentos. La biotecnología, como opción innovadora, puede ser de gran utilidad para el desarrollo del país, siempre que el Estado permita que el campo produzca y exporte con libertad.
Santa Cruz, por ejemplo, pese a todas las restricciones, se ha convertido en líder productor de alimentos en Bolivia y —apoyado en la tecnología moderna— desde el año 2000 ha generado divisas por más de 20.000 millones de dólares a partir de la exportación de soya y derivados, después de consagrar la soberanía alimentaria en este rubro y aportar significativamente al desarrollo del país. Desde el punto de vista social, más de 100.000 empleos directos e indirectos y un millón de personas se benefician de dicha actividad —pese a contar con un único evento biotecnológico autorizado—, ya que las precedentes autoridades nunca entendieron lo virtuoso que resulta producir más y mejores alimentos con menor impacto ambiental.
¿Pueden beneficiarse los pequeños agricultores de la biotecnología? Por supuesto, ya que no es patrimonio exclusivo de los grandes productores, como algunos activistas malintencionados pretenden hacer ver. Al contrario, puede ser un factor clave para los pequeños productores, que son los que enfrentan mayores riesgos y asumen las mayores pérdidas al ser más vulnerables a plagas, malezas, hongos y los embates del clima.
Las semillas genéticamente mejoradas reducen el uso de insecticidas, herbicidas y fungicidas, y son tolerantes al estrés hídrico; esto implica mayor productividad, menores costos, menos exposición a agroquímicos y un incremento de ingresos, lo que para un pequeño agricultor puede marcar la diferencia entre ganar o perder, endeudarse o invertir.
Por otra parte, aunque los opositores digan lo contrario, la biotecnología entraña un beneficio ambiental que debería reconocerse con honestidad. En Santa Cruz, por ejemplo, alrededor del 80 % del área cultivada con soya utiliza prácticas conservacionistas que benefician a la naturaleza, como la siembra directa y la rotación de cultivos —asociadas a la ciencia y la tecnología—, lo que protege el suelo, reduce la erosión, conserva la humedad y disminuye la huella ambiental.
Pero el impacto del avance agropecuario no se limita al campo: cada aumento de productividad agrícola genera un gran efecto multiplicador. Si crece el volumen de producción y exportación, también lo hacen la contratación de servicios de transporte, almacenamiento, seguros, financieros, comercio, industria, profesionales, etc., generando miles de empleos dignos adicionales.
Por eso el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) insiste recurrentemente en que apostar por sectores productivos con capacidad de rápida reacción —como la agropecuaria, la agroindustria y la agroexportación— es una de las pocas vías realistas para reactivar la economía y evitar que más bolivianos caigan en la pobreza o tengan que emigrar, como ha ocurrido en los últimos veinte años por causa de romanticismos improductivos que condenaron al país al estancamiento y a los pobres a seguir siéndolo.
Es preciso reafirmar, además, que los alimentos genéticamente mejorados son seguros. No lo digo yo, sino 183 premios Nobel —las mentes científicas más respetadas del planeta—, quienes han afirmado públicamente que los alimentos derivados de semillas genéticamente modificadas no hacen daño y, muchas veces, son más saludables que los producidos convencionalmente al requerir menos plaguicidas.
Países desarrollados y en desarrollo producen cada vez más soya, maíz y algodón transgénicos con rendimientos muy superiores a los cultivos tradicionales. Hasta Cuba apostó por ello para combatir el hambre y aumentar su producción: la ciencia se impone al dogma cuando la necesidad aprieta.
Tomar una decisión a favor del pleno uso de la biotecnología atañe al futuro de nuestros hijos: ¿queremos un país que exporte gente o alimentos? No se trata de una imposición, sino de permitir la coexistencia de distintas formas de producción, respetando la libertad de elegir y el derecho a trabajar.
Sembrar ciencia y tecnología hoy nos permitirá cosechar un mejor futuro mañana.
Gary Antonio Rodríguez Álvarez es Economista y Magíster en Comercio Internacional.
La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Enfoque News.
Sobre el autor
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